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Sentencia 2017-011781

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Expediente: 17-011098-0007-CO
Resolución: Nº 2017011781

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas cinco minutos del veintiseis de julio de dos mil diecisiete.

 

Acción de inconstitucionalidad promovida por MANUEL ENRIQUE HIDALGO MORERA, mayor, casado, empresario, cédula de identidad No. 1-0638-0129, vecino de Santa Bárbara de Heredia, en su condición de Presidente con representación judicial y extrajudicial de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GALLOS, contra los artículos 15 bis, 21, inciso a) y 21 bis de la Ley de Bienestar de los Animales (Ley No. 7451 del 16 de noviembre de 1994 y sus reformas) y los ordinales 279 quáter, 279 quinquies y 405 ter del Código Penal.

 

RESULTANDO

 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:09 hrs. del 14 de julio de 2017, el accionante solicita que se declaren inconstitucionales los artículos 15 bis, 21, inciso a) y 21 bis de la Ley de Bienestar de los Animales (Ley No. 7451 del 16 de noviembre de 1994 y sus reformas) y los ordinales 279 quáter, 279 quinquies y 405 ter del Código Penal. Alega, al efecto, que el artículo 21, inciso a), de la Ley No. 7451 establece una sanción de multa contra quien:

 

“Con el fin de promover peleas entre animales, promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales para aumentar su peligrosidad.”

 

Afirma que la norma impugnada no contiene excepciones normativas, en relación con actividades culturales propias de nuestra nación y del ser costarricense, como es el caso de las peleas de gallos. Argumenta que dicha norma podría provocar la desaparición de tal actividad cultural, por el desuso en la que caería, ante el temor de las personas de incurrir en sanciones. Indica que el artículo 1 de la Constitución Política establece que Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural, es decir, se reconoce que nuestro país es un país con diversidad cultural y, por lo tanto, el ejercicio de tal diversidad cultural es libre y solo puede ser ejercida por medio de las tradiciones de los pueblos que conforman las distintas culturas del país. Señala que la norma impugnada no solo impide el libre ejercicio de una actividad del pueblo, sino que, además, priva a las futuras generaciones del conocimiento y celebración de esta tradición, lo que cercena su identidad cultural y el sentido de permanencia a la nación. Agrega que la Declaración de México sobre las Políticas Culturales, aprobada en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, celebrada en 1982, dispone que “en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y letras, los modos de vida, los
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”
. Añade que en esa misma Conferencia se afirmó, como principio, que la comunidad internacional considera que es su deber velar por la preservación y la defensa de la identidad cultural de cada pueblo. Manifiesta que la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), celebrada en París, en 1989, acordó que la cultura tradicional y popular forma parte del Patrimonio Universal de la Humanidad y dicha cultura tradicional se define como el “conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, los
ritos, las costumbres, la artesanía, etc.”
. Indica que la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial define la cultura tradicional popular como los “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad…“. Expone, asimismo, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra, en su artículo 22, que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad; además, la Declaración establece, en su numeral 30, que nada en la misma podrá interpretarse en el sentido que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en ese
mismo instrumento internacional. Asegura que en la gran mayoría de países latinoamericanos las peleas de gallos forman parte de sus tradiciones nacionales, por lo que tal actividad no se encuentra penada, ni administrativa ni judicialmente.
Asevera que así ocurre, por ejemplo, en Puerto Rico, Perú, Nicaragua y Panamá, en donde se exceptúa, expresamente, a las peleas de gallos de prohibición o sanción. Sostiene que, en el caso costarricense, alrededor de 1790, las peleas de gallos ya constituían la diversión predilecta de los adultos y, para 1810, ya existían las galleras en Costa Rica. Afirma que la celebración de peleas de gallos es una de las tradiciones que forman parte de la cultura de nuestro pueblo desde hace varios siglos y no fue sino recién en el año 1922 que se prohibieron las apuestas en las peleas de gallos; sin embargo, las peleas de gallos nunca han sido prohibidas en Costa Rica, por lo que tal tradición siguió desarrollándose, de forma ininterrumpida, hasta la prohibición introducida por las normas impugnadas. Indica
que el artículo 89 de la Constitución Política tutela el acervo cultural de la nación, el cual incluye, como uno de sus contenidos esenciales, a las tradiciones. Argumenta que entre las tradiciones tuteladas por el citado artículo 89 se encuentran las peleas de gallos, al ser una de las tradicionesmás arraigadas en el pueblo costarricense. Alega, además, que en el caso de losgallos de pelea, se
promueve y se realiza su cría, exclusivamente, para serutilizados en peleas de gallos, ergo, si tales peleas están prohibidas, dichosanimales se extinguirán, ya que nadie los volverá a criar. Lo que infringe, también, el citado artículo 89 constitucional. Señala que los artículos 21 bis de la Ley de Bienestar de los Animales y 279 quáter, 279 quinquies y 405 ter del Código Penal, infringen -por
omisión- el ordinal 33, en relación con el numeral 89, ambos de la Constitución Política, por cuanto, al establecer las actividades exceptuadas de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley No. 7451 y en el Código Penal, se omite incluir que los empresarios dedicados a la cría de gallos de pelea podrán realizar peleas entre esos animales, así como reproducirlos, exclusivamente, para ese fin. Afirma que esa normativa sí excluye a varias actividades de tales sanciones administrativas y penales, a diferencia de lo que ocurre con las peleas de gallos, a pesar que todas estas actividades se encuentran en la misma situación de hecho, dado que, se trata de actividades que forman parte integrante de las tradiciones costarricenses. Indica que en el caso del artículo 15 bis permite la celebración de espectáculos públicos o privados entre animales, siempre que se cumplan las disposiciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura; sin embargo, tal norma deviene inconstitucional, por sus efectos, pues, en tanto que el artículo 21 bis de la Ley No. 7451 sanciona e impide, implícitamente, las peleas de gallos, se impide toda posibilidad que tal actividad pueda ser considerada como un
espectáculo público o privado por esta norma y, por tanto, tener la posibilidad de seguir realizándose, como ha sucedido desde la Conquista hasta nuestros días. Solicita que, en consecuencia, se acoja la presente acción.

 

2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, el accionante afirma que su representada acciona en defensa de los intereses corporativos y colectivos de sus asociados, es decir, de las personas que se dedican a la actividad de criar gallos de pelea y de los propietarios de los gallineros, en tanto que las normas impugnadas convierten en delito el
ejercicio de tales actividades. Señala que, en consecuencia, su representada se encuentra legitimada conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

 

3.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción
de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y, Considerando:

 

I. DE LA INADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD.

 

El accionante impugna el artículo 21, inciso a), de la Ley de Bienestar de los Animales (Ley N.° 7451 de 16 de noviembre de 1994, reformada mediante Ley N° 9458 del 11 de junio de 2017), en tanto prevé una sanción administrativa de multa de un cuarto a medio salario base -de acuerdo con el artículo 2 de la Ley No. 7337 de 5 de mayo de 1993-, según la gravedad de la infracción, a quien: “Con el fin de promover peleas entre animales, promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales para aumentar su peligrosidad”. Alega el accionante que, con tal norma, se introdujo, implícitamente, la prohibición de realizar peleas de gallos. Cuestiona, además, los artículos 21 bis de la Ley de Bienestar de los Animales y los ordinales 279 quáter, 279 quinquies y 405 ter del Código Penal, en
tanto que en tales numerales se omite contemplar a las peleas de gallos como una actividad excluida de las sanciones administrativas y penales previstas en esos cuerpos normativos. Reclama, finalmente, que el artículo 15 bis de la Ley de Bienestar de los Animales permite los espectáculos públicos o privados con animales, que cumplan con las disposiciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para la protección de las personas y de los animales, por cuanto, alega que no será posible que las peleas de gallos sean considerados como espectáculos públicos o privados, en tanto sea una actividad prohibida por el ordinal 21, inciso a), de ese mismo cuerpo normativo. Argumenta que la normativa impugnada prohíbe realizar peleas de gallos, pese que, tal actividad -según alega- hace parte del acervo cultural del pueblo costarricense, con lo que se infringe el artículo 89 constitucional. Agrega que otras actividades, que también hacen parte de dicho acervo cultural, sí son excluidas, expresamente, de la aplicación de las sanciones administrativas y penales previstas en esos cuerpos normativos, a diferencia de lo que ocurre con las peleas de gallos, lo que considera
infringe los artículos 33 y 89 constitucional. Finalmente, alega que la prohibición de realizar peleas de gallos provocará que se dejen de criar gallos de pelea, lo que provocará su extinción, en infracción del citado artículo 89. En cuyo caso, una vez analizados los reproches y alegatos del accionante se constata que la acción en estudio no puede estimarse como un medio razonable para resguardar los
derechos e intereses que se estiman como infringidos, pues, a diferencia de lo que alega el accionante, no son las normas cuestionadas las que introducen la referida prohibición de realizar las peleas de gallos, sino que tal prohibición está contemplada, previamente, en otras disposiciones normativas. En concreto, es el artículo 3 de la Ley de Juegos (Ley No. 3 del 31 de agosto de 1922) el que establece que el “juego de gallos es prohibido”, sea, que prohíbe, per se y de forma específica, las peleas de gallos, como así lo ha interpretado este Tribunal Constitucional (voto No. 3985-96 de las 15:48 hrs. del 07 de agosto de 1996) y la Procuraduría General de la República (ver opinión jurídica No. 064-J del 04 de mayo de 2016). Lo que debe complementarse con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Bienestar de los Animales (Ley No. 7451 del 16 de noviembre de 1994), que prohíbe -en general- “la cría, la hibridación y el adiestramiento de animales con el propósito de aumentar su peligrosidad”, así como que “los responsables de animales de cualquier especie promuevan peleas entre ellos”. De lo que se deriva que la mencionada prohibición de realizar peleas de gallos tiene su expreso y principal sustento normativo en una norma distinta a la alegada por el accionante y que está vigente en Costa Rica desde hace cerca de un siglo (Ley de Juegos). Prohibición que se vino a complementar en 1994, con la promulgación de la citada Ley de Bienestar de los Animales, en razón de lo dispuesto en su artículo 15. Normas que, simplemente, no son impugnadas en la presente acción. Por su parte, la normativa impugnada por el accionante, tan solo vino a complementar tal marco normativo, en tanto regula, esencialmente, el tema de las eventuales sanciones. Esta circunstancia determina el rechazo de plano de la presente acción, dado que, la impugnación de esa normativa no constituye medio razonable de amparar o satisfacer la pretensión final del actor, en el sentido de tener por permitidas o autorizadas las peleas de gallos.

 

Por lo que procede el rechazo de plano de este asunto, como así se dispone.

 

II. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE.

 

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario,
será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

 

POR TANTO

 

Se rechaza de plano la acción.

Ernesto Jinesta L.PRESIDENTE
Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.
Ronald Salazar Murillo

 

Cumplimiento del artículo 62 del código electoral

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CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO ELECTORAL

 

De acuerdo con el artículo 62 del Código Electoral es necesario que se publique cinco veces la solicitud de inscripción del Partido (Animalista) en el el Diario Oficial La Gaceta para dar un período de objecciones de 15 días naturales. Este plazo vence el próximo 5 de junio del 2017.

 

PRIMER AVISO

  La Gaceta N° 90, del 15 de mayo del 2017
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo sesenta y dos del Código Electoral [1], se hace saber: Que el señor Alejandro Fonseca Rojas, cédula de identidad número dos cero siete dos ocho-cero uno cero tres, en su condición de Presidente del Comité Ejecutivo Superior del Partido Animalista San José, solicitó el tres de febrero de dos mil diecisiete, la inscripción de dicho partido a escala provincial por la provincia de San José; agregando para esos efectos la protocolización de las actas de la asamblea constitutiva y asamblea superior, ésta última celebrada el tres de febrero de dos mil diecisiete, conteniendo el Estatuto que incluye en el artículo número dos la divisa del partido Animalista San José que está conformada por:


una bandera de color azul (pantone cero cero ocho CFF) con el logo del Partido Animalista que consta de una media luna blanca, con una silueta de un perro y un gato en color blanco y debajo de la misma el nombre Partido Animalista en mayúscula“.

Se previene a quienes sean interesados para que, dentro del término de quince días naturales contados a partir de la última publicación de este aviso, que se hará durante cinco días, hagan las objeciones que estimen pertinentes. Expediente 219-2016 Partido Animalista San José.–San José, veintiséis de abril de dos mil diecisiete.–Héctor Fernández Masís, Director General.–Exonerado.–( IN2017130774 ). 5 v. 1.

 

SEGUNDO AVISO

  La Gaceta N° 91, del 16 de mayo del 2017
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo sesenta y dos del Código Electoral [1], se hace saber: Que el señor Alejandro Fonseca Rojas, cédula de identidad número dos cero siete dos ocho-cero uno cero tres, en su condición de Presidente del Comité Ejecutivo Superior del Partido Animalista San José, solicitó el tres de febrero de dos mil diecisiete, la inscripción de dicho partido a escala provincial por la provincia de San José; agregando para esos efectos la protocolización de las actas de la asamblea constitutiva y asamblea superior, ésta última celebrada el tres de febrero de dos mil diecisiete, conteniendo el Estatuto que incluye en el artículo número dos la divisa del partido Animalista San José que está conformada por:


una bandera de color azul (pantone cero cero ocho CFF) con el logo del Partido Animalista que consta de una media luna blanca, con una silueta de un perro y un gato en color blanco y debajo de la misma el nombre Partido Animalista en mayúscula“.

Se previene a quienes sean interesados para que, dentro del término de quince días naturales contados a partir de la última publicación de este aviso, que se hará durante cinco días, hagan las objeciones que estimen pertinentes. Expediente 219-2016 Partido Animalista San José.–San José, veintiséis de abril de dos mil diecisiete.–Héctor Fernández Masís, Director General.–Exonerado.–( IN2017130774 ). 5 v. 2.

 

TERCER AVISO

  La Gaceta N° 92, del 17 de mayo del 2017
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo sesenta y dos del Código Electoral [1], se hace saber: Que el señor Alejandro Fonseca Rojas, cédula de identidad número dos cero siete dos ocho-cero uno cero tres, en su condición de Presidente del Comité Ejecutivo Superior del Partido Animalista San José, solicitó el tres de febrero de dos mil diecisiete, la inscripción de dicho partido a escala provincial por la provincia de San José; agregando para esos efectos la protocolización de las actas de la asamblea constitutiva y asamblea superior, ésta última celebrada el tres de febrero de dos mil diecisiete, conteniendo el Estatuto que incluye en el artículo número dos la divisa del partido Animalista San José que está conformada por:


una bandera de color azul (pantone cero cero ocho CFF) con el logo del Partido Animalista que consta de una media luna blanca, con una silueta de un perro y un gato en color blanco y debajo de la misma el nombre Partido Animalista en mayúscula“.

Se previene a quienes sean interesados para que, dentro del término de quince días naturales contados a partir de la última publicación de este aviso, que se hará durante cinco días, hagan las objeciones que estimen pertinentes. Expediente 219-2016 Partido Animalista San José.–San José, veintiséis de abril de dos mil diecisiete.–Héctor Fernández Masís, Director General.–Exonerado.–( IN2017130774 ). 5 v. 3.

 

CUARTO AVISO

  La Gaceta N° 93, del 18 de mayo del 2017
 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo sesenta y dos del Código Electoral [1], se hace saber: Que el señor Alejandro Fonseca Rojas, cédula de identidad número dos cero siete dos ocho-cero uno cero tres, en su condición de Presidente del Comité Ejecutivo Superior del Partido Animalista San José, solicitó el tres de febrero de dos mil diecisiete, la inscripción de dicho partido a escala provincial por la provincia de San José; agregando para esos efectos la protocolización de las actas de la asamblea constitutiva y asamblea superior, ésta última celebrada el tres de febrero de dos mil diecisiete, conteniendo el Estatuto que incluye en el artículo número dos la divisa del partido Animalista San José que está conformada por:


una bandera de color azul (pantone cero cero ocho CFF) con el logo del Partido Animalista que consta de una media luna blanca, con una silueta de un perro y un gato en color blanco y debajo de la misma el nombre Partido Animalista en mayúscula“.

Se previene a quienes sean interesados para que, dentro del término de quince días naturales contados a partir de la última publicación de este aviso, que se hará durante cinco días, hagan las objeciones que estimen pertinentes. Expediente 219-2016 Partido Animalista San José.–San José, veintiséis de abril de dos mil diecisiete.–Héctor Fernández Masís, Director General.–Exonerado.–( IN2017130774 ). 5 v. 4.

 

QUINTO AVISO

  La Gaceta N° 94, del 19 de mayo del 2017
 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo sesenta y dos del Código Electoral [1], se hace saber: Que el señor Alejandro Fonseca Rojas, cédula de identidad número dos cero siete dos ocho-cero uno cero tres, en su condición de Presidente del Comité Ejecutivo Superior del Partido Animalista San José, solicitó el tres de febrero de dos mil diecisiete, la inscripción de dicho partido a escala provincial por la provincia de San José; agregando para esos efectos la protocolización de las actas de la asamblea constitutiva y asamblea superior, ésta última celebrada el tres de febrero de dos mil diecisiete, conteniendo el Estatuto que incluye en el artículo número dos la divisa del partido Animalista San José que está conformada por:


una bandera de color azul (pantone cero cero ocho CFF) con el logo del Partido Animalista que consta de una media luna blanca, con una silueta de un perro y un gato en color blanco y debajo de la misma el nombre Partido Animalista en mayúscula“.

Se previene a quienes sean interesados para que, dentro del término de quince días naturales contados a partir de la última publicación de este aviso, que se hará durante cinco días, hagan las objeciones que estimen pertinentes. Expediente 219-2016 Partido Animalista San José.–San José, veintiséis de abril de dos mil diecisiete.–Héctor Fernández Masís, Director General.–Exonerado.–( IN2017130774 ). 5 v. 5.

NOTAS:

1. Artículo 62.- OBJECIONES. Recibida la solicitud de inscripción, el Registro Electoral publicará un aviso durante cinco días en el diario oficial La Gaceta, en el que exprese en resumen el contenido de la inscripción que se pretende, con prevención para las personas interesadas de hacer objeciones dentro del término de quince días naturales a partir de la última publicación.

CÓDIGO ELECTORAL

Ley N° 8765

 

Decreto #30580-MINAE-MAG-S prohibición de circos

Texto del enlace

 

Sanción: 9 de julio del 2002
Publicación: La Gaceta Nº 146 de 31 de julio del 2002
Vigencia: A partir del 31 de julio del 2002
Afectada por:  
Última Actualización: 13 de agosto del 2002

 

Decreto Ejecutivo

N° 30580-MINAE-MAG-S

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL MINISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA; EL MINISTRO

DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y LA MINISTRA DE SALUD

 

Con fundamento en el artículo 140 incisos 3, 18, y 146, 50 de la Constitución Política; los artículos 12 y 18 de la Ley Nº 7317 Ley de Conservación de la Vida Silvestre y el Decreto Ejecutivo Nº 26435-MINAE del primero de octubre de 1997, “Reglamento a la Ley de
Conservación de la Vida Silvestre”; el artículo 11 de la Ley Nº 7788 de la Ley de Biodiversidad y la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, Ley Nº 3763 del 19 de octubre de 1976.

 

CONSIDERANDO:

 

1º— Que la Ley de Conservación de la Vida Silvestre dispone que será el Ministerio
de Ambiente y Energía el rector de la vida silvestre, correspondiéndole su
administración al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con facultades
para otorgar contratos, derechos de uso, licencias, concesiones o cualquier otra
figura jurídica legalmente establecida para la conservación y el uso sustentable
de la vida silvestre, así como las autorizaciones de ingresos y egresos, entre
ellas, los permisos relativos a las actividades circenses y de espectáculos
públicos ambulantes.
2º— Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 34 inciso 5 del Reglamento a la Ley
de Conservación de la Vida Silvestre, se establecen los requisitos técnicos que
deben cumplir los circos, espectáculos públicos ambulantes y organizaciones
similares, que incluyen animales de origen silvestre, siendo potestad de este
Ministerio dictar las directrices administrativas para regular este tipo de
actividades.
3º— Que en materia sanitaria, tanto el Ministerio de Salud como el de Agricultura y
Ganadería cuentan con instrumentos y requisitos técnicos para regular el ingreso
de los animales que forman parte de los circos, espectáculos públicos
ambulantes y organizaciones similares, los cuales han sido avalados por el
Ministerio del Ambiente y Energía, sin embargo, los animales silvestres
introducidos por los circos, los espectáculos públicos ambulantes y
organizaciones similares, que a su vez se interrelacionan con otros animales
domésticos y personas, pudiendo aumentar el riesgo de introducir enfermedades
zoonóticas que puedan de una u otra forma afectar a las poblaciones de
animales silvestres de Costa Rica.
4º— Que existen denuncias sobre el maltrato de animales silvestres en los circos,
estas situaciones pueden dar un mal ejemplo dentro de los parámetros de
educación ambiental que ha venido estableciendo el Estado costarricense, en
sus políticas de manejo y conservación de la vida silvestre.
5º— Que se hace necesario adoptar medidas técnicas y administrativas eficaces que
coadyuven en la erradicación de cualquier forma de violencia, maltrato contra los
animales, comercialización de vida silvestre y pérdida de hábitats que ponen en
peligro de extinción, especies de origen silvestre, debiendo en consecuencia
adoptarse una nueva cultura ambiental en aras de eliminar estas prácticas
degradantes, contrarias a las buenas costumbres, siendo potestad discrecional
del Estado costarricense tomar las decisiones que mejor convengan a su interés
y que conlleven bienestar tanto a sus habitantes, como a las especies de vida
silvestre.

 

Por tanto,

DECRETAN:

 

Prohibición Animales Silvestres En Circos

 

Artículo 1 .— Se prohíbe el ingreso de animales silvestres de cualquier especie que formen parte de circos, de espectáculos públicos ambulantes y de organizaciones similares al territorio nacional, cuando su finalidad sea la exhibición pública de estos animales, tanto a nivel del espectáculo artístico, como participar en él, inclusive por la simple tenencia. Los animales domésticos que ingresen con los circos deberán cumplir con todas las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y por el Ministerio de Salud.

 

Artículo 2 .— Se permitirá el ingreso a territorio nacional de los animales silvestres que formen parte de circos, de espectáculos públicos ambulantes y de organizaciones similares, únicamente, cuando sea en tránsito como ruta de paso entre un puesto fronterizo y otro, en cuyo caso deberán contar con los permisos necesarios emitidos por las autoridades respectivas.

 

Artículo 3 .— Esta prohibición no se aplicará a los animales silvestres de cualquier especie que sean destinados a zoológicos nacionales, criaderos y zoocriaderos, debidamente autorizados por el Ministerio de Ambiente y Energía.

 

Artículo 4 .— Los funcionarios de las aduanas, los de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, los del Ministerio de Seguridad Pública y los del Ministerio de Salud, serán responsables de hacer cumplir la prohibición de ingreso de animales
silvestres dispuesto en este Decreto.

 

Artículo 5 .— Rige a partir de su publicación.

 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los nueve días del mes de julio del
dos mil dos.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—El Ministro del Ambiente y Energía, Carlos Manuel
Rodríguez Echandi; El Ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Coto Pacheco y la
Ministra de Salud, María del Rocío Sáenz.—1 vez.—(Solicitud Nº 2144).—C-20540.—(D30580-54631).

Decreto #26668-MICIT bienestar de los animales

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La Gaceta Nº 44, 4 de marzo de 1998

Nº 26.668-MICIT

 

Reglamento a los Artículos 3, 10, 11, 12 y 13 de la
Ley para el Bienestar de los Animales, Nº 7451

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

 

En uso de las atribuciones que les confiere el articulo 140 de la Constitución Política en
sus incisos 3) y 18); y con fundamento en la “Ley de Promocion del Desarrollo Cientifico
y Tecnologico” número 7169, del 26 de junio de 1990, y la “Ley de Bienestar de los
Animales” número 7451 del 13 de diciembre de 1994,

 

Considerando:

 

1.— Que el desarrollo científico y tecnológico tiene el propósito de conservar para las
futuras generaciones los recursos naturales del país y garantizarle al
costarricense una mejor calidad de vida y bienestar así como un mejor
conocimiento de sí mismo y de la sociedad.
2.— Que en este sentido la habilidad de científicos biomédicos para aumentar el
bienestar del hombre y de los animales depende directamente de los avances
realizados gracias a la investigación mucha de la cual requiere el uso de
animales de experimentación.
3.— Que en general los experimentos con animales han jugado un papel crucial en
el desarrollo de los modernos tratamientos médicos.
4.— Que por otra parte aunque la investigación siempre ha demandado condiciones
de libertad por lo que requiere un alto grado de autonomía para que el científico
siga líneas de investigación específicas e independientes esta libertad no da
licencia para pasar por alto patrones éticos elementales además de las razones
técnicas dirigidas a asegurar una experimentación confiable y reproducible.
5.—

Que de acuerdo a la “Ley de Bienestar de los Animales” numero 7451 del trece
de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro corresponde al Ministerio de
Ciencia y Tecnología el velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas
en esta ley específicamente a lo referido a animales de experimentación.

 

Por tanto

DECRETAN:

 

Reglamento a los Artículos 3, 10, 11, 12 y 13 de la
Ley para el Bienestar de los Animales, Nº 7451



Artículo 1.— Toda actividad científica o tecnológica que se realice en el territorio nacional en la que se utilicen de una u otra
forma animales vivos, deberán registrarse en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, llenando el formulario que al efecto se
entregara en las oficinas de dicha institución denominado “FORMULARIO DE REGISTRO PARA UTILIZACIÓN DE
ANIMALES DE LABORATORIO”. Se exceptúan los casos estipulados en la ley de conservación de vida silvestre numero
7317 del 30 de octubre de mil novecientos noventa y dos.

 

Artículo 2.— Respecto de las condiciones básicas, así como las demás que han de tenerse en cuenta para la experimentación con animales, los investigadores deberán acatar lo establecido en la “GUIA PARA EL CUIDO Y USO DE ANIMALES DE LABORATORIO”, la cual desarrolla las disposiciones establecidas en la ley 7451, y junto con estas, serán de acatamiento obligatorio para los investigadores que hagan uso de animales en sus experimentos. Dicha guía será entregada junto con el formulario de registro.

Artículo 3.— Se crea el Comité Técnico Nacional Sobre la Utilización de Animales de Laboratorio, el cual funcionara (sic) como órgano consultivo técnico del Ministerio de Ciencia y Tecnología en materia de fiscalización e investigación de denuncias presentadas ante este Ministerio. 

Artículo 4.— El Comité estará integrado de la siguiente manera:

 

a) Un representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología, quien preside.
b) Un representante de la Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA).
c) Un representante de la Asociación Centroamericana, del Caribe y Mexicana
de Animales de Laboratorio de Costa Rica (ACCMAL)

 

Los miembros serán designados por los respectivos organismos y sus funciones serán, entre otras, la de asesorar al Ministerio de Ciencia y Tecnología en la materia, emitir dictámenes técnicos, colaborar en la fiscalización de todas las actividades registradas,
mantener informado al Ministerio de los cambios que a nivel internacional se susciten respecto del uso y cuido de los animales de laboratorio, principalmente aquellos tendientes a los usos alternativos.

Artículo 5.— El Ministerio llevará a cabo inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de las disposiciones incluidas en la Guía. En caso de detectarse alguna anomalía o de comprobarse el incumplimiento de una disposición, se procederá a la suspensión temporal del experimento, todo de conformidad con las leyes aplicables.

 

Artículo 6.— El Ministerio llevará un registro de todos los experimentos que sean presentados, así como una base de datos en la que consten las fechas de inicio y vencimiento, las posibles denuncias que se presenten en contra de un proyecto, además
de todos los demás datos que sean necesarios para verificar las condiciones requeridas por la ley 7451, este reglamento y la guía. El Ministro deberá designar al funcionario que estará a cargo de dicho registro.

 

Artículo 7.— Respecto al establecimiento de sanciones, éstas deberán imponerse respetando los procedimientos establecidos en la Ley General de la Administración Pública.

 

Artículo 8.— Rige a partir de su publicación.

 

 

 

Decreto #33756-RE especies migratorias y silvestres

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La Gaceta Nº 92 del 15 mayo 2007

 

Nº 33756-RE

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

 

Considerando:

 

1º— Que la Asamblea Legislativa mediante Ley N° 8586 del día 21 de marzo del
2007 publicada en La Gaceta N° 76 del 20 de abril del 2007  aprobó la
Adhesión de Costa Rica a la Convención sobre la Conservación de las
Especies Migratorias de Animales Silvestres hecha en Bonn Alemania el 23
de junio del 1979.
2º— Que de conformidad con el artículo XVI en relación con el artículo XVII los
instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Gobierno de la
República Federal de Alemania.

 

 

Por tanto,

 

 

En uso de las facultades que les confieren los incisos 10 y 12 del artículo 140 y el artículo
146 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.

 

 

Decretan:

 

 

 

Artículo 1.- La adhesión de la República de Costa Rica a la
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres, hecha en Bonn, Alemania el 23 de junio del
1979.

 

Artículo 2.- Rige a partir de esta fecha.

 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintitrés

días del mes de abril del dos mil siete.

 

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Relaciones Exteriores

y Culto, Bruno Stagno Ugarte.—1 vez.—(Solicitud Nº

28654).—C-13935.—(D33756-38793).

 

 

Decreto #19183-G-S actividades taurinas

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La Gaceta Nº178, de 20 de setiembre de 1989

 

N° 19183-G-S

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LOS MINISTROS DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA Y DE SALUD,

 

En uso de las facultades que les confieren los incisos 3) y 18) del artículo 140 de la
Constitución Política y el Decreto Ejecutivo N° 25 del 15 de julio de 1968.

 

CONSIDERANDO:

1.- Que los espectáculos taurinos en Costa Rica, han crecido día con día y han
venido sufriendo un deterioro por la falta de innovación y ausencia de normas
legales que lo regulen adecuadamente.
2.- Que la falta de información al público aficionado sobre los espectáculos taurinos,
especialmente las denominadas corridas de toros, ha ido degenerando en
acciones violentas y faltas de creatividad en relación con las faenas taurinas y
la relación del público con el espectáculo.
3.- Que es deber del Estado velar por la seguridad y salud de las personas y
animales, asimismo porque el espectáculo taurino no constituya un peligro a la
integridad de las personas.
4.- Que se hace necesario complementar el Decreto Ejecutivo sobre Corridas de
Toros N° 25, publicado en “La Gaceta” N° 176 del 6 de agosto de 1968.

 

Por tanto,

DECRETAN:

El siguiente,

Reglamento a las Actividades Taurinas y sus Reformas

 

Artículo 1 .- La Municipalidad del Cantón respectivo, de conformidad con el presente
Decreto Ejecutivo, será la instancia encargada de extender la autorización o permiso
correspondiente para la realización de corridas de toros en su comprensión territorial. 

 

 

Artículo 2 .- Para obtener la autorización correspondiente, el
presidente de la Comisión de Festejos Populares , el Organismo
o persona encargado de la realización de corridas de toros, deberá
aportar a la Municipalidad del cantón correspondiente, los siguientes
requisitos:

 

a. Solicitud por escrito, en la cual se debe indicar las calidades completas del
solicitante y de los integrantes de la Comisión, las fechas y el lugar donde se
llevarán a cabo las corridas y el destino de las ganancias obtenidas.
b. Permiso Sanitario de Funcionamiento del redondel extendido por la Dirección del
Área Rectora de Salud correspondiente.
c. Póliza que garantice la estructura y daños a terceros.
d. Certificación extendida por la Cruz Roja Costarricense del lugar, que indique su
participación en el evento con personal médico o paramédico y que el Plan
Operativo de Emergencia es suficiente para la magnitud del mismo.
e. Constancia extendida por la autoridad policial del Cantón que atenderá la
actividad.
f. Póliza contra riesgos de la actividad de montadores y toreros, sean éstos
improvisados o profesionales, extendida por el Instituto Nacional de Seguros, que
garantice la cobertura total de los gastos de atención médica sanitaria y
rehabilitación que reciban estos en los establecimientos de salud y afines de la
Caja Costarricense de Seguro Social, o de otra prestación de servicios médicos.
g. Contrato taurino y programación del evento.
h. Autorización del propietario del terreno donde se va a realizar la actividad,
cuando éste sea privado.
i. Haber dado cumplimiento a los establecido en los artículos 8, 11, 12 inciso 2 de
la Ley Nº 4286 del 17 de diciembre de 1968 “Nombramiento Comisiones de
Festejos Populares”.
 

 

 

Artículo 3 .- La estructura del redondel deberá tener la siguientes

características:

 

a. Construcción que garantice la seguridad del público.
b. Salidas proporcionales a la capacidad de los asistentes, las que deben estar
rotuladas con letras que puedan ser leídas en condiciones normales a veinte
metro de distancia por lo menos. Las puertas deben abrir hacia fuera, no
debiendo permanecer con candados durante el espectáculo.
c. Póliza extendida por el Instituto Nacional de Seguros que garantice la estructura
y cobertura por daños a terceros.
d. Certificación extendida por la Cruz Roja Costarricense del lugar, que indique su
participación en el evento con personal médico o paramédico y que el Plan
Operativo de Emergencia es suficiente para la magnitud del mismo.
e. Contar con un espacio igual al anterior, para albergar la autoridad encargada de
la vigilancia.
f. La plaza debe tener un diámetro no inferior a los treinta metros.
g. Poseer tres burladeros en forma vertical y horizontal.
h. Contar con el número de servicios sanitarios que ordene el Ministerio de Salud.
i. Contar con un espacio libre sin ningún tipo de obstáculo para que vehículos de
la Cruz Roja, puedan ingresar y salir del local asignado a dicha Institución.
j. Contar con espacio libre y sin ningún obstáculo para que vehículos de la
autoridad que vigila la actividad, puedan salir e ingresar del local asignado.
k. Si tiene techo el mismo, debe estar debidamente clavado a su base.
l. Las instalaciones eléctricas deben ser conducidas por intermedio de cable de
alta calidad, por lugares fuera del alcance del público asistente.
h. Contar con los servicios sanitarios en la forma que lo dispone el artículo XI.22.1
del Reglamento de Construcciones. 

 

Artículo 4 .- En toda corrida de toros, la autoridad policial no permitirá el ingreso a la plaza
de toros, a personas menores de 18 años de edad, ni a personas mayores de edad que
se encuentren perturbados por el consumo de bebidas alcohólicas o de drogas u otra
sustancia enervante. 

 

Artículo 5 .- Las personas que ingresen a la plaza, deberán estar debidamente vestidas
con ropa y zapatos apropiados y no portar objetos punzocortantes.

 

Artículo 6 .- No se permitirá la permanencia en la plaza de personas ajenas a los actos
del espectáculo taurino. Se permitirá la permanencia de tres personas para asistir al torero
en el caso de los toreros profesionales.

 

Artículo 7 .- En la plaza de toros solo se permitirá la permanencia de las personas que
ahí laboran, miembros de la Comisión, la autoridad policial encargada de la vigilancia o
autoridades sanitarias. 

 

Artículo 8 .- Todo el personal que permanezca en la plaza de toros deberá previamente
acreditada por la Comisión, a excepción del personal de Cruz Roja, autoridades de policía
y sanitarias. 

 

Artículo 9 .- La comisión deberá designar un encargado del toril, con conocimientos,
cuyas funciones serán de vigilar y colaborar con la autoridad, afin de que se respeten las
disposiciones que se expresan en este Reglamento. Especial atención debe dar al cuido
de los animales.

 

Artículo 10 .- En toda plaza donde se juegan “toros a la tica”, se deberá contar
necesariamente con la presencia de dos toreros de reconocida capacidad como mínimo,
para que acudan a socorrer, en caso de peligro, a las personas actoras del espectáculo.

 

Artículo 11 .- Todo toro que se juegue, tiene que ser desmochado y arreglado, no
debiendo existir ninguna astilla en los cuernos, que ofrezca peligro y deberá encontrarse
en el toril como mínimo una hora antes del inicio de las corridas.

 

Artículo 12 .- Los lazadores formarán un equipo de trabajo y deberán de tomar las
medidas necesarias a fin de evitar accidentes. Los toreros improvisados no podrán
interferir en el trabajo del lazador. La autoridad debe velar por el cumplimiento estricto de
esta norma.

 

Artículo 13 .- Ningún toro deberá ser repetido en el transcurso de quince días, si ha sido
montado, y de treinta días si ha sido jugado en corridas.

 

Artículo 14 .- La participación del torero cómico debe ser sujeto a un guión autorizado por
la comisión, a fin de que las actuaciones se ajusten a las buenas costumbres y valores
morales de la sociedad costarricense.

 

Artículo 15 .- Las corridas a la usanza profesional, se permitirán respetando las
siguientes reglas :

 

a. No se podrá picar ni dar muerte al toro.
b. El torero debe portar traje adecuado a las circunstancias, asimismo contar con
su capote de paseo, capote de brega y muleta.
c. El toro debe ser bisoño, pudiendo ser de lidia o criollo.

 

Artículo 16 .- No podrán utilizarse para la monta aquellos toros que han sido
comprobados como “cabeceadores”, o tener manías que pongan en mayor riesgo al
montador. Todo animal que se disponga para la monta, debe ser objeto de cumplimiento
por el artículo 13 del presente Reglamento.

 

Artículo 17 .- Los montadores que evidencien haber ingerido licor o sustancias que
afecten los sentidos, no podrán montar, y deberán abandonar el toril.

 

Artículo 18 .- DEROGADO. 

 

Artículo 19 .- Los montadores deben permanecer en el lugar que el encargado del toril
le designe, antes y después de monta, a juicio del encargado del toril.

 

Artículo 20 .- Las espuelas a utilizarse son:

 

a. ESTILO RÚSTICO: con espuelas de dos centímetros de radio en
sus rosetas. Espuelas de cinco hasta ocho
picos.
b. ESTILO LIBRE: espuelas con un peón de una y media pulgada
con dos picos rectos de un centímetro cada
uno.
c. ESTILO NORTEAMERICANO:

 

espuelas de roseta con ocho picos sin fija.
Quedan prohíbidas las espuelas chontaleñas, la cresta de gallo y cualquier espuela en
la que peligre el montador, se pegue u ocasione daño al animal. La comisión
organizadora deberá contar con dos pares de espuelas disponibles.

 

Artículo 21 .- Todo montador que sea llamado al toril, dispondrá de un máximo de cinco
minutos para presentarse listo en la manga de salida. Una vez que esté sobre el lomo del
toro, el montador tiene un máximo de treinta segundos para pedir puerta, siempre y
cuando el toro lo permita. En caso contrario, no podrá hacer la monta. Es prohíbido al
montar espuelar antes de pedir puerta, palmetear al toro ni sujetarse de la verijera.

 

Artículo 22 .- Cumplido el tiempo reglamentario, entre ocho y doce segundos, el cual
dependerá de las condiciones de la plaza, el montador debe desalojar al animal en el
primer instante que este lo posibilite.

 

Artículo 23 .- Toda persona que incumpla las normas anteriores, será desalojado del toril,
no permitiéndole ingresar por el resto del evento.

 

Artículo 24 .- Para poder clasifiar los montadores, deberán permanecer sobre el lomo del
animal, el tiempo que la comisión haya estipulado, pero que no sea mayor del máximo
señalado en el artículo 22 del presente Reglamento.

 

Artículo 25 .- El montador tiene facultad para escoger el tipo de pretal u oposición del
mismo, pero el que lo coloque serán únicamente el alistador.

 

Artículo 26 .- Los jueces deben velar especialmente por los siguientes aspectos:

 

a. Que el montador preste lucidez.
b. Que no espuele el toro en posiciones o lugares no debidos.
c. Que no se quede pegado de las espuelas.

 

Artículo 27 .- DEROGADO. /

 

Artículo 28 .- DEROGADO. /

 

Artículo 29 .- DEROGADO. /

 

Dado en la Presidencia de la República. – San José, a los siete días del mes de julio del
mil novecientos ochenta y nueve.