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Sentencia 2017-011781

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Expediente: 17-011098-0007-CO
Resolución: Nº 2017011781

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas cinco minutos del veintiseis de julio de dos mil diecisiete.

 

Acción de inconstitucionalidad promovida por MANUEL ENRIQUE HIDALGO MORERA, mayor, casado, empresario, cédula de identidad No. 1-0638-0129, vecino de Santa Bárbara de Heredia, en su condición de Presidente con representación judicial y extrajudicial de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GALLOS, contra los artículos 15 bis, 21, inciso a) y 21 bis de la Ley de Bienestar de los Animales (Ley No. 7451 del 16 de noviembre de 1994 y sus reformas) y los ordinales 279 quáter, 279 quinquies y 405 ter del Código Penal.

 

RESULTANDO

 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:09 hrs. del 14 de julio de 2017, el accionante solicita que se declaren inconstitucionales los artículos 15 bis, 21, inciso a) y 21 bis de la Ley de Bienestar de los Animales (Ley No. 7451 del 16 de noviembre de 1994 y sus reformas) y los ordinales 279 quáter, 279 quinquies y 405 ter del Código Penal. Alega, al efecto, que el artículo 21, inciso a), de la Ley No. 7451 establece una sanción de multa contra quien:

 

“Con el fin de promover peleas entre animales, promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales para aumentar su peligrosidad.”

 

Afirma que la norma impugnada no contiene excepciones normativas, en relación con actividades culturales propias de nuestra nación y del ser costarricense, como es el caso de las peleas de gallos. Argumenta que dicha norma podría provocar la desaparición de tal actividad cultural, por el desuso en la que caería, ante el temor de las personas de incurrir en sanciones. Indica que el artículo 1 de la Constitución Política establece que Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural, es decir, se reconoce que nuestro país es un país con diversidad cultural y, por lo tanto, el ejercicio de tal diversidad cultural es libre y solo puede ser ejercida por medio de las tradiciones de los pueblos que conforman las distintas culturas del país. Señala que la norma impugnada no solo impide el libre ejercicio de una actividad del pueblo, sino que, además, priva a las futuras generaciones del conocimiento y celebración de esta tradición, lo que cercena su identidad cultural y el sentido de permanencia a la nación. Agrega que la Declaración de México sobre las Políticas Culturales, aprobada en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, celebrada en 1982, dispone que “en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y letras, los modos de vida, los
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”
. Añade que en esa misma Conferencia se afirmó, como principio, que la comunidad internacional considera que es su deber velar por la preservación y la defensa de la identidad cultural de cada pueblo. Manifiesta que la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), celebrada en París, en 1989, acordó que la cultura tradicional y popular forma parte del Patrimonio Universal de la Humanidad y dicha cultura tradicional se define como el “conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, los
ritos, las costumbres, la artesanía, etc.”
. Indica que la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial define la cultura tradicional popular como los “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad…“. Expone, asimismo, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra, en su artículo 22, que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad; además, la Declaración establece, en su numeral 30, que nada en la misma podrá interpretarse en el sentido que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en ese
mismo instrumento internacional. Asegura que en la gran mayoría de países latinoamericanos las peleas de gallos forman parte de sus tradiciones nacionales, por lo que tal actividad no se encuentra penada, ni administrativa ni judicialmente.
Asevera que así ocurre, por ejemplo, en Puerto Rico, Perú, Nicaragua y Panamá, en donde se exceptúa, expresamente, a las peleas de gallos de prohibición o sanción. Sostiene que, en el caso costarricense, alrededor de 1790, las peleas de gallos ya constituían la diversión predilecta de los adultos y, para 1810, ya existían las galleras en Costa Rica. Afirma que la celebración de peleas de gallos es una de las tradiciones que forman parte de la cultura de nuestro pueblo desde hace varios siglos y no fue sino recién en el año 1922 que se prohibieron las apuestas en las peleas de gallos; sin embargo, las peleas de gallos nunca han sido prohibidas en Costa Rica, por lo que tal tradición siguió desarrollándose, de forma ininterrumpida, hasta la prohibición introducida por las normas impugnadas. Indica
que el artículo 89 de la Constitución Política tutela el acervo cultural de la nación, el cual incluye, como uno de sus contenidos esenciales, a las tradiciones. Argumenta que entre las tradiciones tuteladas por el citado artículo 89 se encuentran las peleas de gallos, al ser una de las tradicionesmás arraigadas en el pueblo costarricense. Alega, además, que en el caso de losgallos de pelea, se
promueve y se realiza su cría, exclusivamente, para serutilizados en peleas de gallos, ergo, si tales peleas están prohibidas, dichosanimales se extinguirán, ya que nadie los volverá a criar. Lo que infringe, también, el citado artículo 89 constitucional. Señala que los artículos 21 bis de la Ley de Bienestar de los Animales y 279 quáter, 279 quinquies y 405 ter del Código Penal, infringen -por
omisión- el ordinal 33, en relación con el numeral 89, ambos de la Constitución Política, por cuanto, al establecer las actividades exceptuadas de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley No. 7451 y en el Código Penal, se omite incluir que los empresarios dedicados a la cría de gallos de pelea podrán realizar peleas entre esos animales, así como reproducirlos, exclusivamente, para ese fin. Afirma que esa normativa sí excluye a varias actividades de tales sanciones administrativas y penales, a diferencia de lo que ocurre con las peleas de gallos, a pesar que todas estas actividades se encuentran en la misma situación de hecho, dado que, se trata de actividades que forman parte integrante de las tradiciones costarricenses. Indica que en el caso del artículo 15 bis permite la celebración de espectáculos públicos o privados entre animales, siempre que se cumplan las disposiciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura; sin embargo, tal norma deviene inconstitucional, por sus efectos, pues, en tanto que el artículo 21 bis de la Ley No. 7451 sanciona e impide, implícitamente, las peleas de gallos, se impide toda posibilidad que tal actividad pueda ser considerada como un
espectáculo público o privado por esta norma y, por tanto, tener la posibilidad de seguir realizándose, como ha sucedido desde la Conquista hasta nuestros días. Solicita que, en consecuencia, se acoja la presente acción.

 

2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, el accionante afirma que su representada acciona en defensa de los intereses corporativos y colectivos de sus asociados, es decir, de las personas que se dedican a la actividad de criar gallos de pelea y de los propietarios de los gallineros, en tanto que las normas impugnadas convierten en delito el
ejercicio de tales actividades. Señala que, en consecuencia, su representada se encuentra legitimada conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

 

3.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción
de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y, Considerando:

 

I. DE LA INADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD.

 

El accionante impugna el artículo 21, inciso a), de la Ley de Bienestar de los Animales (Ley N.° 7451 de 16 de noviembre de 1994, reformada mediante Ley N° 9458 del 11 de junio de 2017), en tanto prevé una sanción administrativa de multa de un cuarto a medio salario base -de acuerdo con el artículo 2 de la Ley No. 7337 de 5 de mayo de 1993-, según la gravedad de la infracción, a quien: “Con el fin de promover peleas entre animales, promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales para aumentar su peligrosidad”. Alega el accionante que, con tal norma, se introdujo, implícitamente, la prohibición de realizar peleas de gallos. Cuestiona, además, los artículos 21 bis de la Ley de Bienestar de los Animales y los ordinales 279 quáter, 279 quinquies y 405 ter del Código Penal, en
tanto que en tales numerales se omite contemplar a las peleas de gallos como una actividad excluida de las sanciones administrativas y penales previstas en esos cuerpos normativos. Reclama, finalmente, que el artículo 15 bis de la Ley de Bienestar de los Animales permite los espectáculos públicos o privados con animales, que cumplan con las disposiciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para la protección de las personas y de los animales, por cuanto, alega que no será posible que las peleas de gallos sean considerados como espectáculos públicos o privados, en tanto sea una actividad prohibida por el ordinal 21, inciso a), de ese mismo cuerpo normativo. Argumenta que la normativa impugnada prohíbe realizar peleas de gallos, pese que, tal actividad -según alega- hace parte del acervo cultural del pueblo costarricense, con lo que se infringe el artículo 89 constitucional. Agrega que otras actividades, que también hacen parte de dicho acervo cultural, sí son excluidas, expresamente, de la aplicación de las sanciones administrativas y penales previstas en esos cuerpos normativos, a diferencia de lo que ocurre con las peleas de gallos, lo que considera
infringe los artículos 33 y 89 constitucional. Finalmente, alega que la prohibición de realizar peleas de gallos provocará que se dejen de criar gallos de pelea, lo que provocará su extinción, en infracción del citado artículo 89. En cuyo caso, una vez analizados los reproches y alegatos del accionante se constata que la acción en estudio no puede estimarse como un medio razonable para resguardar los
derechos e intereses que se estiman como infringidos, pues, a diferencia de lo que alega el accionante, no son las normas cuestionadas las que introducen la referida prohibición de realizar las peleas de gallos, sino que tal prohibición está contemplada, previamente, en otras disposiciones normativas. En concreto, es el artículo 3 de la Ley de Juegos (Ley No. 3 del 31 de agosto de 1922) el que establece que el “juego de gallos es prohibido”, sea, que prohíbe, per se y de forma específica, las peleas de gallos, como así lo ha interpretado este Tribunal Constitucional (voto No. 3985-96 de las 15:48 hrs. del 07 de agosto de 1996) y la Procuraduría General de la República (ver opinión jurídica No. 064-J del 04 de mayo de 2016). Lo que debe complementarse con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Bienestar de los Animales (Ley No. 7451 del 16 de noviembre de 1994), que prohíbe -en general- “la cría, la hibridación y el adiestramiento de animales con el propósito de aumentar su peligrosidad”, así como que “los responsables de animales de cualquier especie promuevan peleas entre ellos”. De lo que se deriva que la mencionada prohibición de realizar peleas de gallos tiene su expreso y principal sustento normativo en una norma distinta a la alegada por el accionante y que está vigente en Costa Rica desde hace cerca de un siglo (Ley de Juegos). Prohibición que se vino a complementar en 1994, con la promulgación de la citada Ley de Bienestar de los Animales, en razón de lo dispuesto en su artículo 15. Normas que, simplemente, no son impugnadas en la presente acción. Por su parte, la normativa impugnada por el accionante, tan solo vino a complementar tal marco normativo, en tanto regula, esencialmente, el tema de las eventuales sanciones. Esta circunstancia determina el rechazo de plano de la presente acción, dado que, la impugnación de esa normativa no constituye medio razonable de amparar o satisfacer la pretensión final del actor, en el sentido de tener por permitidas o autorizadas las peleas de gallos.

 

Por lo que procede el rechazo de plano de este asunto, como así se dispone.

 

II. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE.

 

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario,
será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

 

POR TANTO

 

Se rechaza de plano la acción.

Ernesto Jinesta L.PRESIDENTE
Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.
Ronald Salazar Murillo

 

Proyecto 18625: Reforma Ley de Bienestar Animal

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Una Breve Sinopsis

 

El 11 de mayo del 2017, al ser las 5:47 p.m., el Plenario Legislativo de Costa Rica aprobó en primer debate [ (1)] el Proyecto N° 18.625, “Reformas al Código Penal, Ley Nº 4573, del 4 de mayo de 1970 y Reformas de la Ley de Bienestar de los Animales, Ley Nº 7451, de 17 de noviembre de 1994“.

 

El Proyecto o Expediente en realidad corresponde a un texto sustitutivo al Proyecto de Iniciativa Popular. Durante varios días e intensas negociaciones de naturaleza política, las distintas fracciones finalmente consensuaron un texto que fue votado de manera unánime, por los 46 diputados presentes. [ (2)No se esperan mayores contratiempos para que también se vote en Segundo
Debate.

 

ANTECEDENTES. La Ley de Bienestar Animal, N° 7451, del 17 de noviembre de 1994 [ (3)] contemplaba sanciones en su artículo 21 [ (4)]. Pero con la Sentencia N° 2002-08861 de la Sala Constitucional del 11 de setiembre del 2002 se elimina (abroga) el artículo 21 [ (5)] y la Ley de Bienestar Animal queda sin sanciones.

 

Este ENORME vacío en la legislación que protege a los animales no humanos, lleva a tres personas a tratar de resolver el problema:

 

Yadira Pintor Moreno,

Fabián Moya Solano,

Patricia Abadía Rodríguez,

 

y se inclinan por presentar un Proyecto de Ley por la vía de la Iniciativa Popular. Una empresa de gran envergadura. El 21 de mayo del 2012 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) otorga el aval para iniciar la recolecta de firmas. Finalmente con firmas de más del 5% del Padrón Electoral, el 11 de octubre del 2012, cuando concluye por parte del TSE la revisión de firmas, el Proyecto de Iniciativa Popular es enviado a la Asamblea Legislativa.

 

El Proyecto Original es sustituido por una “mega-moción” que contó con el respaldo de todas las fracciones legislativas y se ajusta a las observaciones de la Sala Constitucional. [ (6) ]

 

El texto consensuado entre liberacionistas, libertarios, frenteamplistas y oficialistas. Establece un concepto de animal entendido como los seres vivos domésticos y domesticados, o sea, todos aquellos que conviven con el ser humano.

 

Específicamente, la iniciativa establece que los animales domésticos que serían protegidos por esta legislación son aquellos que “por sus características evolutivas y de comportamiento convivan con el ser humano“.

 

En este grupo de seres vivos se incluyen, por ejemplo, perros y gatos, así como animales de granja, como vacas, caballos, ovejas, cerdos, entre otros.

 

La definición de animales domesticados establece que son aquellos “que mediante el esfuerzo del ser humano han cambiado su condición salvaje“.

 

Además, el nuevo texto fija el castigo a las peleas de animales en un artículo separado, para dejarlo totalmente en claro: “Será sancionado con prisión de tres meses a un año a quien directamente o por interpósita persona organizare, propiciare o ejecutare peleas entre animales de cualquier especie, sin excepción alguna en el territorio nacional“.

 

El contexto legislativo actual, que migró del bi-partidismo a un multi-partidismo, requiere de más diálogo y acuerdos. Esa realidad es todavía más clara en temas como el que nos ocupa, pues los partidos tampoco tiene posición en este ámbito, lo que significa que en la práctica, cada uno de los diputados mantiene y defiende su opinión personal.

 

Por eso, la estrategia del “todo o nada”, no resulta pragmática. Las posiciones rígidas, intolerantes e innegociables, nos conducirían a obtener “NADA”. Los procesos sociales que ocurren en una circunstancialidad reformista, son más exitosos cuando son graduales.

 

El PARTIDO ANIMALISTA celebra este paso adelante. ¡Una batalla ganada!, no es la última, pero nos permite llenarnos de optimismo para continuar avanzando.

 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA

REPÚBLICA DE COSTA RICA

 

PROYECTO DE LEY DE INICIATIVA POPULAR

 

“REFORMAS AL CÓDIGO PENAL, LEY Nº 4573, DE 4 DE MAYO DE
1970 Y REFORMAS DE LA LEY DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES,
LEY Nº 7451, DE 17 NOVIEMBRE DE 1994”

 

VARIOS SEÑORES DIPUTADOS Y DIPUTADAS

EXPEDIENTE Nº 18.625

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

PARLAMENTARIOS

PROYECTO DE LEY

 

“REFORMAS AL CÓDIGO PENAL, LEY Nº 4573, DE 4 DE MAYO DE
1970 Y REFORMAS DE LA LEY DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES,
LEY Nº 7451, DE 17 NOVIEMBRE DE 1994”

 

Expediente N° 18.625

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

 

DECRETA

 

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL, LEY Nº 4573, DE 4 DE MAYO DE
1970 Y REFORMAS DE LA LEY DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES,
LEY Nº 7451, DE 17 NOVIEMBRE DE 1994

 

ARTÍCULO 1.- Se reforman los artículos 7, 12, y 21, y se adicionan nuevos
artículos 15 bis, 21 bis, 24 bis, 24 ter y 24 quater, todos de la Ley N.° 7451,
Ley de Bienestar de los Animales, de 16 de noviembre de 1994. Los textos
son los siguientes:

 

Artículo 7.- El trato a los animales de compañía.

 

Los dueños o los responsables de los animales de compañía deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

 

a) Garantizarles condiciones vitales básicas y manejo apropiado según las buenas prácticas de seguridad, para evitar riesgos y daños a la integridad, la salud pública y la salud pública veterinaria.

 

b) Mantener los espacios destinados a su hábitat en condiciones apropiadas de higiene, con el fin de prevenir la propagación de enfermedades.

 

c) Recoger y depositar en lugares apropiados los desechos fecales de los animales de compañía que sean arrojados en las aceras, los parques, las calles, los jardines públicos, las playas y demás lugares públicos.

 

d) Los dueños o responsables de los animales de compañía deberán cumplir con los requerimientos establecidos en esta ley, y con las normas de salud pública y veterinaria, además de contar con lugares apropiados de espacios e higiene con el propósito de no propagar enfermedades. De igual forma, cuando las mascotas circulan por las vías públicas los respectivos dueños o responsables deberán tomar las medidas de seguridad con los mecanismos correspondientes.”

 

Artículo 12.- Condiciones para los experimentos

 

Los experimentos con animales deberán registrarse en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, salvo los casos estipulados en la Ley N.° 7317, Ley de Conservación de la Vida Silvestre, de 30 de octubre de 1992. También, deberán ajustarse a lo establecido por el Servicio Nacional de Salud Animal, en sus protocolos de buenas prácticas de salud animal en experimentos.

 

Ese Ministerio vigilará por que tales investigaciones se realicen de acuerdo con los criterios establecidos en esta ley.

 

Una vez realizado el registro del experimento respectivo ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se deberá notificar al Servicio Nacional de Salud Animal para lo que corresponda, de acuerdo con sus competencias contenidas en la Ley N° 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, de 6 de abril de 2006.

 

Artículo 15 bis.- Espectáculos con animales.

 

Se permiten los espectáculos públicos o privados con animales, que cumplan con las disposiciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para la protección de las personas y de los animales.”

 

Artículo 21.- Sujetos de sanción y multas

 

Se impondrá sanción administrativa de multa de un cuarto a medio salario base, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, según la gravedad de la infracción, a quien:

 

a) Con el fin de promover peleas entre animales, promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales para aumentar su peligrosidad.

 

b) Viole las disposiciones sobre experimentación estipuladas en el capítulo Ill de esta ley.

 

c) No cumpla las condiciones básicas para el bienestar de los animales, estipuladas en el artículo 3 de esta ley.

 

d) No cumpla con las obligaciones y las disposiciones normativas establecidas en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 y 17 de esta ley.

 

Esta sanción administrativa se impondrá sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que se deriven de estas conductas.

 

Artículo 21 bis.- Actividades exceptuadas.

 

Se exceptúan de la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 21 de la presente ley, las siguientes actividades:

 

a) Las pesqueras y acuícolas reguladas por la Ley N.° 7384, Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), de 16 de marzo de 1994 y la Ley N.° 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, de 1 de marzo de 2005.

 

b) Las agropecuarias o zootécnicas o ganaderas o veterinarias, reguladas de acuerdo con la Ley N.° 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, de 6 de abril de 2006.

 

c) Las de fines de mejoramiento de control sanitario o fitosanitario, marcación, control reproductivo o higiene de la respectiva especie animal.

 

d) Las que se realicen por motivos de piedad.

 

e) Las que se efectúen por motivos de resguardo de cultivos o terrenos productivos.

 

f) Las que tengan fines de investigación, de conformidad con lo regulado en el capítulo III de esta ley.

 

g) Las que se realicen con el propósito de resguardar la salud pública y la salud pública veterinaria.

 

h) Los espectáculos públicos o privados con animales, de conformidad con la legislación vigente.

 

Artículo 24 bis.- Recaudación y destino de multas.

 

Las multas que se recauden por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7 de la presente ley serán trasladadas al Servicio Nacional de Salud Animal, y serán destinadas a las labores de educación, control y fiscalización de las obligaciones allí establecidas. El Servicio podrá establecer convenios con las municipalidades para asegurar las labores de vigilancia, educación y fiscalización.

 

Artículo 24 ter.- Plazo para el pago de multas.

 

Las sanciones pecuniarias establecidas en la presente ley deben pagarse en un máximo de treinta días hábiles a partir de su firmeza.

 

Artículo 24 quater.- Procedimiento administrativo.

 

Todos los procedimientos sancionatorios de esta ley se tramitarán ante el Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador, creado en la Ley N.° 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, de 6 de abril de 2006.

 

ARTÍCULO 2.- Se adiciona una sección V al título IX “Delitos contra la seguridad común” a la Ley N.° 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970. El texto es el siguiente:

 

Sección V

Crueldad contra los animales

 

Artículo 279 bis.- Crueldad contra los animales.

 

Será sancionado con prisión de tres meses a un año a quien directamente o por interpósita persona realice alguna de las siguientes conductas:

 

a) Causare un daño a un animal doméstico o domesticado, que le ocasione un debilitamiento persistente en su salud o implique la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, o lo imposibilite para usar un órgano o un miembro, o le causare sufrimiento o dolor intenso o agonía prolongada.

 

b) Realice actos sexuales con animales. Por acto sexual se entenderá la relación sexual de una persona con un animal, es decir, actos de penetración por vía oral, anal o vaginal.

 

c) Practicare la vivisección de animales con fines distintos a la investigación.

 

Por animal doméstico se entenderá todo aquel que por sus características evolutivas y de comportamiento conviva con el ser humano. Por animal domesticado se entenderá todo aquel que mediante el esfuerzo del ser humano ha cambiado su condición salvaje.

 

La pena máxima podrá ser aumentada en un tercio cuando el autor de estos actos los realizare valiéndose de una relación de poder para intimidar, amenazar, coaccionar o someter a una o más personas, así como cuando la conducta se cometa entre dos o más personas.

 

Las organizaciones debidamente inscritas en el Registro Judicial podrán representar los intereses difusos de los animales afectados por las conductas descritas en esta norma.

 

Artículo 279 ter.- Muerte del animal.

 

Se sancionará con pena de prisión de tres meses a dos años a quien dolosamente de forma directa o por interpósita persona, causare la muerte de un animal doméstico o domesticado, la misma pena se aplicará cuando la muerte del mismo sea consecuencia de las conductas descritas en los artículos 279 bis y 279 quinquies de esta Ley.

 

Por animal doméstico se entenderá todo aquel que por sus características evolutivas y de comportamiento conviva con el ser humano. Por animal domesticado se entenderá todo aquel que mediante el esfuerzo del ser humano ha cambiado su condición salvaje.

 

Las organizaciones debidamente inscritas en el Registro Judicial, podrán representar los intereses difusos de los animales afectados por las conductas descritas en esta norma.

 

Se tendrá por exceptuado de la aplicación de la pena prevista en este artículo cuando se le causare la muerte al animal exclusivamente para el autoconsumo personal o familiar.

 

Artículo 279 quater.- Actividades exceptuadas.

 

Se exceptúan de la aplicación de las penas previstas en los artículos 279 bis y 279 ter de la presente ley, las siguientes actividades:

 

a) Las pesqueras y acuícolas reguladas por la Ley N.° 7384, Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), de 16 de marzo de 1994, y la Ley N.° 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, de 1 de marzo de 2005.

 

b) Las agropecuarias o zootécnicas o ganaderas o veterinarias, reguladas de acuerdo con la Ley N.° 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, de 6 de abril de 2006.

 

c) Las de fines de mejoramiento de control sanitario o fitosanitario, marcación, control reproductivo o higiene de la respectiva especie animal.

 

d) Las que se realicen por motivos de piedad.

 

e) Las que se efectúen por motivos de resguardo de cultivos o terrenos productivos.

 

f) Las que tengan fines de investigación, de conformidad con lo regulado en el capítulo III de la Ley N.° 7451, Ley de Bienestar de los Animales, de 16 de noviembre de 1994.

 

g) Las que se realicen con el propósito de resguardar la salud pública y la salud pública veterinaria.

 

h) Los espectáculos públicos o privados con animales, de conformidad con la legislación vigente.

 

i) Las de crianza o las de transporte, de conformidad con la legislación vigente.

 

Artículo 279 quinquies.- Peleas entre animales.

 

Será sancionado con prisión de tres meses a un año a quien directamente o por interpósita persona organizare, propiciare o ejecutare peleas entre animales de cualquier especie, sin excepción alguna en el territorio nacional.

 

Artículo 279 sexies.- Pena alternativa.

 

Cuando se imponga una pena de prisión por la comisión de algún delito de crueldad animal el tribunal podrá sustituir la pena privativa de libertad, de conformidad con lo señalado en el libro I, título IV de la presente ley, según corresponda.

 

ARTÍCULO 3.- Se adicionan los artículos 405 bis y 405 ter a la Ley N.° 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970. Los textos son los siguientes:

 

Artículo 405 bis.- Maltrato de animales.

 

Será sancionado con veinte a cincuenta días multa quien:

 

a) Realizare actos de maltrato animal. Por maltrato animal se entenderá toda conducta que cause lesiones injustificadas a un animal doméstico o domesticado.

 

b) Abandonare animales domésticos a sus propios medios.

 

Por animal doméstico se entenderá todo aquel que por sus características evolutivas y de comportamiento conviva con el ser humano. Por animal domesticado se entenderá todo aquel que mediante el esfuerzo del ser humano ha cambiado su condición salvaje.

 

Las organizaciones debidamente inscritas en el Registro Judicial podrán representar los intereses difusos de los animales afectados por las conductas descritas en esta norma.

 

Artículo 405 ter.- Actividades exceptuadas.

 

Se exceptúan de la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 405 bis de la presente ley, las siguientes actividades:

 

a) Las pesqueras y acuícolas, reguladas por la Ley N.° 7384, Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) de 16 de marzo de 1994, la Ley N.° 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, de 1 de marzo de 2005.

 

b) Las agropecuarias o zootécnicas o ganaderas o veterinarias, reguladas de acuerdo con la Ley N.° 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, de 6 de abril de 2006.

 

c) Las de fines de mejoramiento de control sanitario o fitosanitario, marcación, control reproductivo o higiene de la respectiva especie animal.

 

d) Las que se realicen por motivos de piedad.

 

e) Las que se efectúen por motivos de resguardo de cultivos o terrenos productivos.

 

f) Las que tengan fines de investigación, de conformidad con lo regulado en el capítulo III de la Ley N.° 7451, Ley de Bienestar de los Animales, de 16 de noviembre de 1994.

 

g) Las que se realicen con el propósito de resguardar la salud pública y la salud pública veterinaria.

 

j) Los espectáculos públicos o privados con animales, de conformidad con la legislación vigente.

 

h) El entrenamiento profesional, debidamente acreditado, de animales de asistencia para personas con discapacidad, y el de animales utilizables para seguridad humana o para el combate a la delincuencia.

 

k) Las de crianza o las de transporte, de conformidad con la legislación vigente.

 

ARTÍCULO 4.- Se deroga el inciso 2) del artículo 392 de la Ley N.° 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970.

 

Rige a partir de su publicación.

 

NOTAS:

1. Se requieren dos debates y la sanción del Poder Ejecutivo para aprobar una ley.

2. La Asamblea Legislativa de Costa Rica la integran 57 diputados y constituyen quórum 38.

3. Ver La Gaceta N°263 del 13 de diciembre de 1994.

4. “Artículo 21.- SUJETOS DE SANCIÓN Y MULTAS. Se sancionará con una multa
equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales, a quien:

a) Propicie peleas entre animales de cualquier especie.

b) Promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales para
aumentar su peligrosidad.

También se sancionará, con una multa equivalente a un salario mínimo mensual, a quien:

c) Viole las disposiciones sobre experimentación estipuladas en el artículo 10 de
esta Ley.

d) Realice experimentos con animales, pero no los registre ante el Ministerio de
Ciencia y Tecnología.

e) Mantenga un animal peligroso en condiciones inadecuadas, de modo que se
arriesgue la seguridad colectiva.

Para los efectos de esta Ley, la denominación “salario mínimo” corresponde al monto
equivalente al menor salario que contiene el decreto vigente de salarios mínimos.”

5. El “POR TANTO” de la sentencia dice:

Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el artículo 21 de la Ley de
Bienestar de los Animales, número 7451 del dieciséis de noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro, es contrario a los principios de debido proceso,
tipicidad, igualdad, razonabilidad y proporcionalidad
. […]”

6. El Proyecto 18.298, con muchas semejanzas, en cuanto que también venía a subsanar el
problema de la falta de régimen sancionatorio de la Ley de Bienestar Animal, N° 7451, fue
enviado en dos ocasiones a la Sala Constitucional en consulta facultativa y ésta brindó sus
observaciones.

 

Ley de bienestar animal: 7451

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No 7451

Actualizado al 26 de junio del 2017

 

Exposición de Motivos
 

Debido a la creciente sensibilidad a nivel nacional e internacional con respecto a la utilización de los animales, la Profesión Médico Veterinaria propone un marco jurídico moderno donde se abarquen las materias de ETOLOGÍA y BIENESTAR. La Filosofía Veterinaria relacionada con estos dos conceptos puede definirse de la siguiente manera:

La ETOLOGÍA pone énfasis en los conocimientos fundados en la ciencia. Su propósito es clarificar las necesidades animales que pueden ser satisfechas para evitarles sufrimiento. Con este conocimiento se pueden tratar los animales de una mejor forma. Solamente con un manejo y cuidado que procure el mejor BIENESTAR, el animal puede expresar su potencial adecuadamente. ¡¡ Este es también un enfoque ético !!

El ser humano es la especie responsable del medio ambiente, incluyendo a las otras especies. Modernamente no se acepta el enfoque en el que los animales tienen derechos específicos como entidad propia, pues carecen de la capacidad para reclamarlos. Más bien el punto de vista, es que el hombre es responsable del BIENESTAR animal. Este enfoque beneficia más a los animales, que el principio de promover derechos de estos últimos.

En la investigación moderna los experimentos con animales, en ciertos casos son inevitables. Se deben promover opciones a los experimentos con animales y controlar los experimentos con los mismos cuando se vea afectado su BIENESTAR, procurándose el mantenimiento de condiciones óptimas. En consecuencia el experimento deberá ser planeado científicamente y no duplicado innecesariamente.

 

Dr. Yayo Vicente

PRESIDENTE

Colegio de Médicos Veterinarios

 

La Gaceta Nº 236, del 13 de diciembre de 1994

 

Nº 7.451

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

 

DECRETA :

 

LEY DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES

y sus reformas

 

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

 

Artículo 1.– VALORES. La familia y las instituciones educativas fomentarán, en niños y jóvenes, los valores que sustentan esta Ley. De manera particular se enfatizará en los siguientes:

 

a. La conciencia de que los actos crueles y de maltrato contra los animales lesionan la dignidad humana.
b. El fomento del respeto por todos los seres vivos.
c. La conciencia de que la compasión por los animales que sufren dignifica al ser humano.
d. El conocimiento y la práctica de las normas que rigen la protección de los animales.

 

Artículo 2.– ÁMBITO DE COMPETENCIA. Los animales gozarán de los
beneficios estipulados en esta Ley y su Reglamento.

 

CAPÍTULO II
Bienestar de los Animales

 

Artículo 3.– CONDICIONES BÁSICAS. Las condiciones básicas para el
bienestar de los animales son las siguientes:

 

a. Satisfacción del hambre y la sed.
b. Posibilidad de desenvolverse según sus patrones normales de comportamiento.
c. Muerte provocada sin dolor y, de ser posible, bajo supervisión profesional.
d. Ausencia de malestar físico y dolor.
e. Preservación y tratamiento de las enfermedades.

 

Artículo 4.– TRATO A LOS ANIMALES SILVESTRES. Los animales silvestres deberán gozar, en su medio, de una vida libre y tener la posibilidad de reproducirse. La privación de su libertad, con fines educativos,
experimentales o comerciales, deberá producirles el mínimo daño posible y estar acorde con la legislación vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de conservación de la vida silvestre Nº 7317 del 30 de octubre de 1992.

Artículo 5.– TRATO A LOS ANIMALES PRODUCTIVOS. El propietario o el poseedor de animales productivos deberá velar porque vivan, crezcan y se desarrollen en un ambiente apropiado.

Cuando el hombre modifique el ambiente, además de procurar la productividad, deberá tomar en cuenta el bienestar y las condiciones apropiadas de vida de estos animales.

Asimismo, deberá cuidar que los animales productivos que se destinen al consumo humano sean transportados en condiciones convenientes. Deberán sacrificarse con la tecnología adecuada, según la especie, para reducirles el dolor al mínimo.

Artículo 6.– TRATO A LOS ANIMALES DE TRABAJO. Los animales de trabajo deberán recibir buen trato, contar con el reposo necesario y una alimentación reparadora, conforme a la labor que realicen.

Artículo 7.– TRATO A LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA. Los dueños o responsables de los animales de compañía deberán de cumplir con las siguientes obligaciones:

 

a. Garantizarles condiciones vitales básicas y manejo apropiado según las buenas prácticas de seguridad, para evitar riesgos y daños a la integridad, la salud pública y la salud pública veterinaria.
b. Mantener los espacios destinados a su hábitat en condiciones apropiadas de higiene, con el fin de prevenir la propagación de enfermedades.
c. Recoger y depositar, en lugares apropiados, los desechos fecales de los animales de compañía que sean arrojados en las aceras, los parques, las calles, los jardines públicos, las playas y demás lugares públicos.
d. Los dueños o responsables de los animales de compañía deberán cumplir con los requerimientos establecidos en esta ley y con las normas de salud públicas y veterinaria, además de contar con lugares con lugares apropiados de espacio e higiene, con el propósito de no propagar enfermedades. De igual forma, cuando las mascotas circulan por las vías públicas, los respectivos dueños o responsables deberán tomar medidas de seguridad con los mecanismos correspondientes.

Ver Nota N° [ (1)]

Artículo 8.– TRATO A LOS ANIMALES DE EXHIBICIÓN. Los animales de los zoológicos deberán exhibirse, alimentarse y mantenerse en las condiciones adecuadas a cada especie.

Artículo 9.– TRATO PARA LOS ANIMALES UTILIZADOS EN DEPORTES O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Los animales utilizados en deportes o espectáculos públicos no deberán someterse, a la disciplina respectiva, bajo el efecto de ninguna droga o medicamento perjudicial para su salud e integridad; tampoco deberán ser forzados más allá de su capacidad ni deberán utilizarse objetos que puedan dañar su integridad física.

Ver Nota N° [ (2)]

 

CAPÍTULO III
Experimento con Animales

Artículo 10.– EXPERIMENTOS. En los experimentos con animales, el investigador deberá velar porque se cumpla con lo siguiente:

 

a. Antes de la experimentación, deberá ponderarse si el experimento beneficia la salud humana, la animal o el progreso de los conocimientos biológicos.
b. Los animales seleccionados deberán ser de la especie adecuada y su número no deberá exceder el mínimo necesario para obtener resultados científicamente válidos.
c. Los investigadores y el resto del personal deberán tratar a los animales con atención y cuidado, evitándoles o reduciéndoles el dolor al mínimo.
d. Antes de la manipulación de un animal que pueda resultar dolorosa, deberá brindársele sedación, analgesia o anestesia, según las prácticas veterinarias aceptadas.
e. Al final del experimento o durante él, si es necesario, se le dará muerte sin dolor al animal que, de quedar con vida, padecería dolores agudos o crónicos, trastornos, molestias o discapacidades irreversibles.
f. Los animales sometidos a experimentos deberán mantenerse en condiciones vitales óptimas. Los bioterios serán regentados por personal capacitado en la materia. Siempre que se necesite, se procurará brindarles atención medico veterinaria.
g. El responsable de toda institución, pública o privada, que utilice animales parra experimentos, deberá cerciorarse de que los investigadores posean la experiencia necesaria para realizarlos. En la medida de lo posible, deberán ofrecer oportunidades de formación a los investigadores, para conducir adecuadamente esos experimentos.

Artículo 11.– EXPERIMENTACIÓN ALTERNATIVA. Antes de utilizar un animal para la experimentación deberán intentarse, siempre que sean apropiados, otros métodos, como los basados en modelos matemáticos, la simulación por computador y el empleo de sistemas biológicos in vitro.

Siempre que el experimento y las condiciones lo permitan, se utilizarán animales del nivel más bajo posible en la escala zoológica.

Artículo 12.– CONDICIONES PARA LOS EXPERIMENTOS. Los experimentos con animales deberán registrarse en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, salvo los casos estipulados en la Ley de conservación de vida silvestre Nº 7317, del 30 de octubre de 1992.

Ese Ministerio vigilará porque tales investigaciones se realicen de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley.

Una vez realizado el registro del experimento respectivo, ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, se deberá notificar al Servicio de Salud Animal para lo que corresponda, de acuerdo con sus competencias contenidas en la Ley N° 8.495, Ley General del Servicio Nacional de Salud
Animal, de 6 de abril de 2006.

Ver Nota N° [ (3)]

Artículo 13.– EXPERIMENTOS ILEGALES. Los experimentos que no se ajusten a la presente Ley y su Reglamento, podrán ser denunciadas por cualquier persona, física o jurídica, ante el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, a fin de que se suspendan. No podrán reiniciarse hasta que el responsable ofrezca las garantías del caso a ese Ministerio.

 

CAPÍTULO IV
OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES DE
ANIMALES

Artículo 14.– RESPONSABLES. Los propietarios o poseedores de animales serán los responsables de velar porque se beneficien con la aplicación de las condiciones básicas dictadas en esta Ley.

Artículo 15.– PROHIBICIONES. Se prohíbe la cría, la hibridación y el adiestramiento de animales con el propósito de aumentar su peligrosidad.

Asimismo, se prohíbe que los responsables de animales de cualquier especie promuevan peleas entre ellos.

Artículo 15 bis.– ESPECTÁCULOS CON ANIMALES. Se permiten los espectáculos públicos o privados con animales, que cumplan con las disposiciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para protección de las personas y de los animales.

Ver Nota N° [ (4)]

Artículo 16.– MEDIDAS VETERINARIAS OBLIGATORIAS. Los propietarios o los poseedores de animales deberán cumplir con las medidas veterinarias declaradas de acatamiento obligatorio, de conformidad con los Artículos 184 y siguientes de la Ley General de Salud Nº 5395, del 30 de octubre de 1973 y sus reformas.

Artículo 17.– TRATO A LOS ANIMALES PELIGROSOS. Los propietarios o los poseedores de animales peligrosos deberán mantenerlos en condiciones adecuadas de salubridad y seguridad, que eviten los riesgos
para la salud y la seguridad de las personas. De incumplirse con estas condiciones, el Ministerio de Salud les considerará animales nocivos.

 

CAPÍTULO V
Animales Nocivos

 

Artículo 18.– DETERMINACIÓN DE LA NOCIVIDAD. Para efectos de esta Ley, el Ministerio de Salud o el Ministerio de Agricultura y Ganadería determinará cuáles animales se considerarán nocivos. También se incluirán dentro de esta categoría, las mascotas, los animales productivos y los de trabajo que deambulen por vías y sitios públicos.

Artículo 19.– ADOPCIÓN O REMATE DE ANIMALES. Las autoridades administrativas deberán llevar los animales mencionados en los dos Artículos anteriores a albergues o al fondo municipal para ser adoptados o rematados. En estos casos, se concederá un plazo de tres días hábiles al propietario o al poseedor para reclamar sus derechos. Si quince días hábiles después de vencido ese plazo, no se ha verificado la adopción ni el remate, deberá dárseles muerte sin sufrimiento.

Durante la permanencia en el albergue o el fondo municipal, a los animales deberá brindárseles atención y asistencia médico veterinaria, como se establece en la Ley de regulación de la tenencia y matrícula de perros Nº 2391, del 2 de julio de 1959.

Artículo 20.– CONDICIONES DE ALBERGUES Y FONDOS MUNICIPALES. En la medida de lo posible, todo albergue o fondo municipal parra animales deberá contar con la dirección técnica y científica, que garantice los tratamientos y los cuidados convenientes así como la muerte sin dolor mediante supervisión profesional.

 

CAPÍTULO VI
Sanciones

Artículo 21.– Se impondrá sanción administrativa de multa de un cuarto a medio salario base, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley N° 7.337, de 5 de mayo de 1993, según la gravedad de la infracción, a quien:

 

a. Con el fin de promover peleas entre animales, promueva o realice la cría. La hibridación o el adiestramiento de animales para aumentar su peligrosidad.
b. Viole las disposiciones sobre experimentación, estipuladas en el capítulo III de esta ley.
c. No cumpla las condiciones básicas para el bienestar básicas para el bienestar de los animales, estipuladas en el artículo 3 de esta ley.
d. No cumpla con las obligaciones y las disposiciones normativas establecidas en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, y 17 de esta ley.

Esta sanción administrativa se impondrá sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que se deriven de estas conductas.

Ver Nota N° [ (5)]

Artículo 21 bis.– ACTIVIDADES EXCEPTUADAS. Se exceptúan de la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 21 de la presente ley, las siguientes actividades:

 

a. Las pesqueras y acuícolas reguladas por la Ley N° 7.384, Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), de 16 de marzo de 1994 y la Ley N° 8.436, Ley de Pesca y Acuicultura, de 1 de marzo de 2005.
b. Las agropecuarias o zootécnicas o ganaderas o veterinarias reguladas de acuerdo con la Ley N° 8.495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, de 6 de abril de 2006.
c. Las de fines de mejoramiento de control sanitario o fitosanitario, marcación, control reproductivo o higiene de la respectiva especie.
d. Las que se realicen por motivos de piedad.
e. Las que se efectúen por motivo de resguardo de cultivos de cultivos o terrenos productivos.
f. Las que tengan fines de investigación, de conformidad con lo regulado en el capítulo III de esta ley.
g. Las que se realicen con el fin de resguardar la salud pública y la salud pública veterinaria.
h. Los espectáculos públicos o privados con animales, de conformidad con la legislación vigente.

Ver Nota N° [ (6)]

Artículo 22.– RESPONSABILIDADES CIVILES. Al propietario o poseedor le corresponden las responsabilidades civiles por los daños y perjuicios causados por el animal bajo su vigilancia y cuidado, conforme a lo dispuesto en los Artículos 1045, 1046 y 1048 del Código Civil.

 

CAPÍTULO VII
Disposiciones Finales

Artículo 23.– DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Por medio de sus dependencias técnicas competentes, la administración pública determinará si no se le brindan a un animal las condiciones básicas
establecidas en la Ley. Además, deberá oír a las organizaciones protectoras de animales, cuando formulen denuncias.

Artículo 24.– REGLAMENTACIÓN. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo máximo de sesenta días a partir de su publicación.

Artículo 24 bis.– RECAUDACIÓN Y DESTINO DE MULTAS. Las multas que se recauden, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7 de la presente ley, serán trasladadas al Servicio nacional de Salud Animal (SENASA) y serán destinadas a las labores de educación, control y
fiscalización de las obligaciones allí establecidas. El Servicio podrá establecer convenios con las municipalidades, para asegurar las labores de vigilancia, educación y fiscalización.

Ver Nota N° [ (7)]

Artículo 24 ter.– PLAZO PARA EL PAGO DE MULTAS. Las sanciones pecuniarias establecidas en la presente ley, deben pagarse en un máximo de treinta días hábiles a partir de su firmeza.

Ver Nota N° [ (8)]

Artículo 24 quáter.– PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Todos los procedimientos sancionatorios de esta ley se tramitarán ante el Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador, creado en la Ley N° 8.495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, de 6 de abril de 2006.

Ver Nota N° [ (9)]

Artículo 25.– VIGENCIA. Rige a partir de su publicación

COMISIÓN LEGISLATIVA PLENA PRIMERA. Aprobado el anterior proyecto el día veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.

 

Sandra Piszk FeinzilberPresidenta Álvaro Azofeifa AstúaSecretario

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los tres días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Alberto F. CañasPresidente
Juan Luís Jiménez SuccarPrimer Secretario Mario A. Álvarez G.Segundo Secretario

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los diecisiete días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.

EJECÚTESE Y PUBLIQUESE

JOSÉ MARÍA FIGUERES OLSEN.–. Los Ministros de Salud, Herman Weinstok W. y de Agricultura y Ganadería, Mario Carvajal Herrera.–I a-C-220.–(55829)

NOTAS

1. Así modificado por el artículo 1 de la Ley N° 9.458, “REFORMAS DE LA LEY N° 4.573, CÓDIGO PENAL, DE 4 DE MAYO DE 1970 Y REFORMAS Y DE LA LEY N° 7.451, BIENESTAR ANIMAL DE LOS ANIMALES, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1994, publicada en La Gaceta N° 120, Alcance N° 152 del 26 de junio del 2017. (Expediente Legislativo N° 18.625)

2. Así modificado por el artículo 108 de la “LEY GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL”, N° 8.495 de 6 de abril del 2006.

3. Así modificado por el artículo 1 de la Ley N° 9.458, “REFORMAS DE LA LEY N° 4.573, CÓDIGO PENAL, DE 4 DE MAYO DE 1970 Y REFORMAS Y DE LA LEY N° 7.451, BIENESTAR ANIMAL DE LOS ANIMALES, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1994, publicada en La Gaceta N° 120, Alcance N° 152 del 26 de junio del 2017. (Expediente Legislativo N° 18.625)

4. Así adicionado por el artículo 1 de la Ley N° 9.458, “REFORMAS DE LA LEY N° 4.573, CÓDIGO PENAL, DE 4 DE MAYO DE 1970 Y REFORMAS Y DE LA LEY N° 7.451, BIENESTAR ANIMAL DE LOS ANIMALES, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1994, publicada en La Gaceta N° 120, Alcance N° 152 del 26 de junio del 2017. (Expediente Legislativo N° 18.625)

5. El artículo 21 fue ABROGADO por Sentencia de la Sala Constitucional N° 2002-08861, de las catorce horas con treinta y nueve minutos del once de setiembre del dos mil dos) por considerarlo contrario a los principios del debido proceso, tipicidad, igualdad, razonabilidad y proporcionalidad.

 

La Sala IV señaló que la sola existencia de una sanción fija, que no permita al juez individualizar en cada caso concreto, de conformidad con las reglas que establece el artículo 71 del Código Penal, es violatoria del principio de proporcionalidad. Y es que en toda ley debe haber rangos, de tantos a tantos salarios mínimos, de tantos a tantos años de prisión para que el juez pueda condenar de acuerdo a la gravedad del acto cometido.

 

Fue necesario recurrir a una nueva ley, para restituir las sanciones, lo que se hizo con el artículo 1 de la Ley N° 9.458, “REFORMAS DE LA LEY N° 4.573, CÓDIGO PENAL, DE 4 DE MAYO DE 1970 Y REFORMAS Y DE LA LEY N° 7.451, BIENESTAR ANIMAL DE LOS ANIMALES, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1994, publicada en La Gaceta N° 120, Alcance N° 152 del 26 de junio del 2017. (Expediente Legislativo N° 18.625)

6. Así adicionado por el artículo 1 de la Ley N° 9.458, “REFORMAS DE LA LEY N° 4.573, CÓDIGO PENAL, DE 4 DE MAYO DE 1970 Y REFORMAS Y DE LA LEY N° 7.451, BIENESTAR ANIMAL DE LOS ANIMALES, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1994, publicada en La Gaceta N° 120, Alcance N° 152 del 26 de junio del 2017. (Expediente Legislativo N° 18.625)

7. Así adicionado por el artículo 1 de la Ley N° 9.458, “REFORMAS DE LA LEY N° 4.573, CÓDIGO PENAL, DE 4 DE MAYO DE 1970 Y REFORMAS Y DE LA LEY N° 7.451, BIENESTAR ANIMAL DE LOS ANIMALES, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1994, publicada en La Gaceta N° 120, Alcance N° 152 del 26 de junio del 2017. (Expediente Legislativo N° 18.625)

8. Así adicionado por el artículo 1 de la Ley N° 9.458, “REFORMAS DE LA LEY N° 4.573, CÓDIGO PENAL, DE 4 DE MAYO DE 1970 Y REFORMAS Y DE LA LEY N° 7.451, BIENESTAR ANIMAL DE LOS ANIMALES, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1994, publicada en La Gaceta N° 120, Alcance N° 152 del 26 de junio del 2017. (Expediente Legislativo N° 18.625)

9. Así adicionado por el artículo 1 de la Ley N° 9.458, “REFORMAS DE LA LEY N° 4.573, CÓDIGO PENAL, DE 4 DE MAYO DE 1970 Y REFORMAS Y DE LA LEY N° 7.451, BIENESTAR ANIMAL DE LOS ANIMALES, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1994, publicada en La Gaceta N° 120, Alcance N° 152 del 26 de junio del 2017. (Expediente Legislativo N° 18.625)