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Un perro salvó mi relación

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Un perro salvó mi relación

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Por MAURA LAMMERS
21 de setiembre del 2018
[1]

Cuando sonó el teléfono, estaba probándome un vestido. Le insistí en que me dejara en paz durante algunas horas de mi día libre, pero Jeff estaba llamándome. Me estaba probando ropa que no podía costear en una tienda a unas cuantas calles de la casa, y cuando él me pidió que saliera, pregunté:
“Cómo sabes dónde estoy?” .
“Vi tu auto” , dijo. “Te tengo una sorpresa” .

Mientras me vestía, traté de darle el beneficio de la duda a mi novio. Tal vez quería tener un gesto amable conmigo, como invitarme un café. En cambio, lo descubrí esperando en la banqueta al lado de un perro color canela que le llegaba a la rodilla. El perro se me acercó, con resoplos causados por la humedad; parecía haber una sonrisa en su hocico de cachetes caídos. Hice el sonido que siempre hago cuando veo a un perro que no conozco; en parte suena como un arrullo de un adulto hacia un bebé y en parte como los gritos de un niño al ver un regalo de Navidad. El perro era bajito y fornido, con la cabeza cuadrada como un pitbull, pelaje delgado y las orejas pequeñas dobladas en triángulos simétricos. 

“¿De quién es este perro?” , pregunté. “¿Cómo se llama? ¡Qué tierno!” .
Jeff dijo que había visto a Pudge desde su auto, merodeando como a un kilómetro y medio de ahí. Preocupado de que el perro estuviera perdido con ese calor, lo siguió durante una cuadra. “Por fin logré acercarme lo suficiente para abrir la puerta” , explicó. “Y Pudge saltó al auto” .
“¿Cómo sabes que se llama Pudge?” .

“No lo sé” , contestó Jeff. “Decidí ponerle así. Sé que tienes planes pero, ¿crees que podrías ayudarme a encontrar a su familia?” .
Esa era una de las cosas que siempre me habían encantado de Jeff, su maña para arruinar mis planes de la mejor manera posible. Hacía tiempo que no me dejaba llevar por su espontaneidad y, con Pudge moviendo la cola frente a mí, no pude negarme. En aquel momento, Jeff y yo llevábamos dos años de relación. Vivíamos juntos desde hacía un año y medio. Cuando nos mudamos a la casa de tres recámaras que compartíamos con dos amigos, yo quería que tuviéramos un perro. Aquello se convirtió en el tema de conversación de todas las noches, hasta que fue motivo de discusiones. Jeff tenía razones lógicas para no aceptar volvernos padres de un perro:
estábamos tratando de ahorrar dinero, teníamos horarios dispares en nuestros trabajos y ambos queríamos irnos de Kansas City, Misuri, pronto.

Yo argumentaba que él solo estaba evitando el compromiso de un perro; y por “compromiso de un perro” me refería al compromiso conmigo. No peleábamos seguido, pero cuando lo hacíamos era por eso. Nunca dudé que Jeff me amara, pero se sentía más cómodo viviendo un día a la vez que haciendo planes a futuro conmigo. En las semanas previas a que encontráramos a Pudge, la vida se nos había complicado más. La hermana de Jeff se había enterado, a los 33 años, de que tenía cáncer cerebral y él decidió que regresaría a casa de sus padres en Minnesota para cuidarla. En aquella época, yo decidí que haría un posgrado en Spokane, Washington.

 

Nos quedaba un mes en nuestro contrato de arrendamiento. Ninguno de los dos quería terminar, pero sabíamos que era lo correcto dadas las circunstancias. Con el mismo optimismo triste, acordamos que quedaríamos como amigos.

Dado que Pudge no tenía placa ni chip, caminamos por el vecindario donde Jeff lo había encontrado hacía tres horas. Recorrimos todas las calles. El perro nos seguía lentamente mientras tocábamos puertas y preguntábamos a los transeúntes si lo reconocían. “No” , escuchábamos una y otra vez. “Pero no hay cómo negar que es lindo. Deberían quedárselo” . Jeff y yo sonreíamos mientras evitábamos hacer contacto visual entre nosotros. Después de dos días de largas caminatas y un sinfín de publicaciones en redes sociales, no había ningún indicio de que estuviéramos más cerca de encontrar a los dueños de Pudge. Un día antes, lo habíamos llevado a revisión con el veterinario y nos enteramos de que tenía una infección en el oído. Cuando le echamos un chorrito de medicamento por la oreja, entrecerró los ojos, pero no se quitó ni intentó mordernos. Nunca ladraba, solo chillaba bajito si Jeff o yo salíamos de la habitación y meneaba la cola cuando regresábamos. No podíamos creer que un perro tan bien portado no tuviera casa. Sin embargo, a pesar del buen comportamiento de Pudge, los amigos con los que vivíamos ya querían que nuestro peludo intruso se fuera, lo cual era comprensible. 

El refugio que no mataba a los animales al que acudimos en Kansas City tenía una política con la cual se debía pagar una tarifa por los perros callejeros si se iban a quedar durante más de 72 horas. Nuestra otra opción era llamar a control de animales, que lo llevaría al mismo refugio, pero de manera gratuita. El tercer día, Jeff hizo la llamada y una oficial fue por el perro una hora después. Pudge salió a recibirla, atravesando la puerta de malla y la saludó igual que hacía con todo el mundo: como si fuera un amigo
al que no veía desde hacía mucho tiempo. “¿Podemos despedirnos?” , pregunté. Traté de contenerme, pero mientras me agachaba para acariciar a Pudge, comencé a llorar, igual que Jeff. La oficial nos miró como si estuviéramos locos. “Miren, no me lo tengo que llevar. Se puede quedar aquí” . “No” , dije, hablando entrecortadamente. “No podemos quedárnoslo” . Mientras la oficial se llevaba a Pudge, Jeff y yo nos abrazamos.

“¿Hice mal?” , preguntó Jeff. “No” , contesté. Pero ambos lloramos con más ganas. Unas dos horas después, cuando Jeff se fue a comprar cervezas para ahogar nuestras penas, recibí un mensaje de Facebook de una mujer que reconoció a Pudge en una de mis publicaciones. Dijo que se llamaba Buddy y me dio el número de sus propietarios. Les escribí para decirles que “Buddy” estaba
esperándolos en el refugio. “Tal vez sea lo mejor” , escribió el hombre. “Ya tenemos tres perros. Estábamos pensando en regalarlo de todos modos” . Para cuando Jeff regresó, sentía que necesitaba algo más fuerte que alcohol.

Saber que los dueños de Pudge no lo querían de vuelta lo cambió todo. Seguíamos sin un centavo. Nuestra relación seguía estando al borde del fin. Además, era cierto que si dejábamos a Pudge en el refugio, podría encontrar otro hogar. No obstante, no pudimos hacerlo.
Nos quedaban dos semanas donde vivíamos antes de que terminara el contrato de arrendamiento, pero no habíamos hablado de terminar. Solo hablábamos de recuperar al condenado perro. Así que hicimos un plan. Dado que yo tenía que mudarme más lejos y tendría un horario más ocupado como estudiante, decidimos que Jeff se llevaría a Pudge. Les suplicamos a nuestros amigos que toleraran al animal un poco más y al padre de Jeff que dejara que Pudge se mudara a su casa a finales de agosto, junto con su hijo adulto. Nuestros amigos y seres queridos aceptaron estas demandas con más amabilidad de la que quizá merecíamos. Tal vez supusieron, con justa razón, que Jeff y yo estábamos al borde del colapso. Trajimos a casa a Pudge a mediados de agosto y seguimos una vida normal una semana más.

Lo llevábamos a pasear, lo bañábamos en el jardín con la manguera, lo regañábamos por pedir comida de humanos. Pudge se extendía por todo el piso de la cocina siempre que yo cocinaba la cena. Tomaba unas diez siestas a lo largo del día y a pesar de ello dormía sin hacer un solo ruido toda la noche. Días antes de la fecha en la que teníamos que mudarnos, miré nuestras maletas y cajas a medio empacar, y a Pudge dormido en su cama. “¿Sabes qué?” , le dije a Jeff. “Me molesta que nunca hayamos hablado de una relación a larga distancia como una opción” . Hasta ese momento había hecho lo posible por irme separando lentamente de Jeff, para aminorar el duelo inevitable. Sin embargo, tener un perro había hecho que tuviéramos una conexión. En lugar de no salir juntos, Jeff y yo llevábamos a Pudge al parque o a almorzar. Discutíamos sobre la mejor marca de comida para perro en lugar de concentrarnos en el final de nuestra relación. Sobre todo, ninguno de nosotros podía darse el lujo de adoptar a un perro
solo. Dividir el costo de las facturas del veterinario, las cuotas de adopción y los suministros fue lo que nos salvó; revivió la generosidad que alguna vez nos habíamos mostrado mutuamente. 

Esa noche, Jeff y yo sopesamos los pros y los contras de mantener una
relación a distancia hasta que necesitamos tomar una pausa. Volvimos a hablar de eso al día siguiente y luego cambiamos el tema. Sacamos a Pudge a caminar y volvimos a hablarlo un poco más. Lo comentamos en la cama, con Pudge dormido en el piso.
A pesar de la distancia entre nosotros, los costos abrumadores de los boletos de avión y la incertidumbre de nuestro futuro, ya no podíamos separarnos, así como no pudimos dejar ir al perro. 

Un año después, Jeff y yo seguimos juntos, aunque vivimos a cientos de kilómetros de distancia. Desearía poder decir que Pudge también sigue con nosotros, pero a principios de diciembre del año pasado, cuatro meses después de que me había mudado, el veterinario descubrió que Pudge tenía cáncer en todo el cuerpo. El primero de enero tuvimos que dormirlo. Pudge no es la única razón por la que Jeff y yo no terminamos, pero fue una razón de peso para unirnos cuando más lo necesitábamos. Al darle un nuevo
hogar a un perro viejo durante los que resultaron ser sus últimos meses, también le dimos a nuestro amor un nuevo lugar para vivir.

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Notas

Tomado de:
https://www.nytimes.com/es/2018/09/21/modern-love-perro-rompimiento/?emc=edit_bn_20180928&nl=boletin&nlid=7492686620180928&te=1

[1] Maura Lammars es estudiante de posgrado en la Universidad Oriental de Washington.

 

 

 

 

 

Tener “perrhijos” puede ser señal de trastornos mentales

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Tener “perrhijos” puede ser señal de trastornos mentales

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En la actualidad, muchas personas adquieren la costumbre de adoptar perros y los tratan como si fueran sus verdaderos hijos.

El académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Moisés Heiblum, afirma que este comportamiento puede llegar a ser perjudicial.

De acuerdo con el especialista, comportamientos como gastar más dinero en el perro que en uno mismo, comprarle ropa “humanoide”, publicar fotos en redes sociales del animal en las que se ve que este se está tomando una “selfie”, crearle perfiles en redes sociales, llamarlo “mi bebé” y otras actitudes similares podrían ser signos de que se padece de algún trastorno psicológico.

Para comenzar, según el experto, cuando uno “invierte” tanto en una mascota hace que los humanos empiecen a generar grandes expectativas en el perro en el gato adoptado.

Heiblum aconseja que, antes de llenar a la mascota de regalos o llevarla a un restaurante, uno debe preguntarse:

Además, tratar a los animales como a hijos humanos hace que los animales se vuelvan demasiado dependientes.

Esto puede provocar que cuando el humano no está en el hogar, el animal se sienta ansioso, sufra ataques de pánico, destruya objetos y orine o defeque dentro de la vivienda.

El especialista afirma que perros y gatos no son tan “inocentes” como aparentan, y son conscientes de la relación costo-beneficio de actuar mal ya que saben que cuando incurren en algún comportamiento de ese estilo, pueden llamar la atención y conseguir algún beneficio de los dueños.

Por esa razón el académico hace un llamado a los dueños a no integrar a los animales en rituales y prácticas humanas ya que no necesitan ni entienden eventos como bodas o fiestas de cumpleaños:

Por ejemplo, explicó, si un perro está todo el tiempo con su dueño se crea apego excesivo, y cuando no está, el animal puede sufrir de ansiedad por separación, que se manifiesta con ataques de pánico que lo motivan a destruir objetos, vocalizar, orinar y defecar dentro de la casa.

“Al regresar y ver el desorden, el dueño piensa que el animal lo hizo en venganza por haberlo dejado solo, lo regaña y lo trata como si entendiera las circunstancias, cuando en realidad el perro está expresando ansiedad porque la figura que le aporta seguridad no está disponible”.

Además, prosiguió, los animales aprenden de las consecuencias de sus acciones. Los perros son verdaderos analistas del costo-beneficio de su conducta, así que si les reditúa, tratarán de repetirla.

Por ejemplo, si se suben al sillón es porque el dueño se los ha permitido sin establecer límites o reglas, pero si un día quiere bajarlo por la fuerza, el perro gruñe y muestra los dientes, amedrentando a la persona; entonces, el animal aprendió que de esa manera puede quedarse en ese espacio.

Para que tengan un estado de bienestar, es necesario cubrir ciertas necesidades básicas: no tener hambre ni sed; contar con un lugar para resguardarse del ambiente; estar libres de dolor, enfermedades y miedo; tener la libertad de expresar su comportamiento normal y realizar actividades apropiadas a su especie.

Finalmente, Moisés Heiblum indicó que se les debe enseñar a ganarse las cosas buenas de la vida. “Sin ningún tipo de violencia o sometimiento, se les debe instruir con tres o cuatro comandos a través de refuerzo positivo, para que cada vez que quieran algo ‘paguen’ para conseguirlo”.

Sentencia 2017-011781

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Expediente: 17-011098-0007-CO
Resolución: Nº 2017011781

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas cinco minutos del veintiseis de julio de dos mil diecisiete.

 

Acción de inconstitucionalidad promovida por MANUEL ENRIQUE HIDALGO MORERA, mayor, casado, empresario, cédula de identidad No. 1-0638-0129, vecino de Santa Bárbara de Heredia, en su condición de Presidente con representación judicial y extrajudicial de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GALLOS, contra los artículos 15 bis, 21, inciso a) y 21 bis de la Ley de Bienestar de los Animales (Ley No. 7451 del 16 de noviembre de 1994 y sus reformas) y los ordinales 279 quáter, 279 quinquies y 405 ter del Código Penal.

 

RESULTANDO

 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:09 hrs. del 14 de julio de 2017, el accionante solicita que se declaren inconstitucionales los artículos 15 bis, 21, inciso a) y 21 bis de la Ley de Bienestar de los Animales (Ley No. 7451 del 16 de noviembre de 1994 y sus reformas) y los ordinales 279 quáter, 279 quinquies y 405 ter del Código Penal. Alega, al efecto, que el artículo 21, inciso a), de la Ley No. 7451 establece una sanción de multa contra quien:

 

“Con el fin de promover peleas entre animales, promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales para aumentar su peligrosidad.”

 

Afirma que la norma impugnada no contiene excepciones normativas, en relación con actividades culturales propias de nuestra nación y del ser costarricense, como es el caso de las peleas de gallos. Argumenta que dicha norma podría provocar la desaparición de tal actividad cultural, por el desuso en la que caería, ante el temor de las personas de incurrir en sanciones. Indica que el artículo 1 de la Constitución Política establece que Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural, es decir, se reconoce que nuestro país es un país con diversidad cultural y, por lo tanto, el ejercicio de tal diversidad cultural es libre y solo puede ser ejercida por medio de las tradiciones de los pueblos que conforman las distintas culturas del país. Señala que la norma impugnada no solo impide el libre ejercicio de una actividad del pueblo, sino que, además, priva a las futuras generaciones del conocimiento y celebración de esta tradición, lo que cercena su identidad cultural y el sentido de permanencia a la nación. Agrega que la Declaración de México sobre las Políticas Culturales, aprobada en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, celebrada en 1982, dispone que “en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y letras, los modos de vida, los
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”
. Añade que en esa misma Conferencia se afirmó, como principio, que la comunidad internacional considera que es su deber velar por la preservación y la defensa de la identidad cultural de cada pueblo. Manifiesta que la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), celebrada en París, en 1989, acordó que la cultura tradicional y popular forma parte del Patrimonio Universal de la Humanidad y dicha cultura tradicional se define como el “conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, los
ritos, las costumbres, la artesanía, etc.”
. Indica que la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial define la cultura tradicional popular como los “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad…“. Expone, asimismo, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra, en su artículo 22, que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad; además, la Declaración establece, en su numeral 30, que nada en la misma podrá interpretarse en el sentido que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en ese
mismo instrumento internacional. Asegura que en la gran mayoría de países latinoamericanos las peleas de gallos forman parte de sus tradiciones nacionales, por lo que tal actividad no se encuentra penada, ni administrativa ni judicialmente.
Asevera que así ocurre, por ejemplo, en Puerto Rico, Perú, Nicaragua y Panamá, en donde se exceptúa, expresamente, a las peleas de gallos de prohibición o sanción. Sostiene que, en el caso costarricense, alrededor de 1790, las peleas de gallos ya constituían la diversión predilecta de los adultos y, para 1810, ya existían las galleras en Costa Rica. Afirma que la celebración de peleas de gallos es una de las tradiciones que forman parte de la cultura de nuestro pueblo desde hace varios siglos y no fue sino recién en el año 1922 que se prohibieron las apuestas en las peleas de gallos; sin embargo, las peleas de gallos nunca han sido prohibidas en Costa Rica, por lo que tal tradición siguió desarrollándose, de forma ininterrumpida, hasta la prohibición introducida por las normas impugnadas. Indica
que el artículo 89 de la Constitución Política tutela el acervo cultural de la nación, el cual incluye, como uno de sus contenidos esenciales, a las tradiciones. Argumenta que entre las tradiciones tuteladas por el citado artículo 89 se encuentran las peleas de gallos, al ser una de las tradicionesmás arraigadas en el pueblo costarricense. Alega, además, que en el caso de losgallos de pelea, se
promueve y se realiza su cría, exclusivamente, para serutilizados en peleas de gallos, ergo, si tales peleas están prohibidas, dichosanimales se extinguirán, ya que nadie los volverá a criar. Lo que infringe, también, el citado artículo 89 constitucional. Señala que los artículos 21 bis de la Ley de Bienestar de los Animales y 279 quáter, 279 quinquies y 405 ter del Código Penal, infringen -por
omisión- el ordinal 33, en relación con el numeral 89, ambos de la Constitución Política, por cuanto, al establecer las actividades exceptuadas de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley No. 7451 y en el Código Penal, se omite incluir que los empresarios dedicados a la cría de gallos de pelea podrán realizar peleas entre esos animales, así como reproducirlos, exclusivamente, para ese fin. Afirma que esa normativa sí excluye a varias actividades de tales sanciones administrativas y penales, a diferencia de lo que ocurre con las peleas de gallos, a pesar que todas estas actividades se encuentran en la misma situación de hecho, dado que, se trata de actividades que forman parte integrante de las tradiciones costarricenses. Indica que en el caso del artículo 15 bis permite la celebración de espectáculos públicos o privados entre animales, siempre que se cumplan las disposiciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura; sin embargo, tal norma deviene inconstitucional, por sus efectos, pues, en tanto que el artículo 21 bis de la Ley No. 7451 sanciona e impide, implícitamente, las peleas de gallos, se impide toda posibilidad que tal actividad pueda ser considerada como un
espectáculo público o privado por esta norma y, por tanto, tener la posibilidad de seguir realizándose, como ha sucedido desde la Conquista hasta nuestros días. Solicita que, en consecuencia, se acoja la presente acción.

 

2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, el accionante afirma que su representada acciona en defensa de los intereses corporativos y colectivos de sus asociados, es decir, de las personas que se dedican a la actividad de criar gallos de pelea y de los propietarios de los gallineros, en tanto que las normas impugnadas convierten en delito el
ejercicio de tales actividades. Señala que, en consecuencia, su representada se encuentra legitimada conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

 

3.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción
de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y, Considerando:

 

I. DE LA INADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD.

 

El accionante impugna el artículo 21, inciso a), de la Ley de Bienestar de los Animales (Ley N.° 7451 de 16 de noviembre de 1994, reformada mediante Ley N° 9458 del 11 de junio de 2017), en tanto prevé una sanción administrativa de multa de un cuarto a medio salario base -de acuerdo con el artículo 2 de la Ley No. 7337 de 5 de mayo de 1993-, según la gravedad de la infracción, a quien: “Con el fin de promover peleas entre animales, promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales para aumentar su peligrosidad”. Alega el accionante que, con tal norma, se introdujo, implícitamente, la prohibición de realizar peleas de gallos. Cuestiona, además, los artículos 21 bis de la Ley de Bienestar de los Animales y los ordinales 279 quáter, 279 quinquies y 405 ter del Código Penal, en
tanto que en tales numerales se omite contemplar a las peleas de gallos como una actividad excluida de las sanciones administrativas y penales previstas en esos cuerpos normativos. Reclama, finalmente, que el artículo 15 bis de la Ley de Bienestar de los Animales permite los espectáculos públicos o privados con animales, que cumplan con las disposiciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para la protección de las personas y de los animales, por cuanto, alega que no será posible que las peleas de gallos sean considerados como espectáculos públicos o privados, en tanto sea una actividad prohibida por el ordinal 21, inciso a), de ese mismo cuerpo normativo. Argumenta que la normativa impugnada prohíbe realizar peleas de gallos, pese que, tal actividad -según alega- hace parte del acervo cultural del pueblo costarricense, con lo que se infringe el artículo 89 constitucional. Agrega que otras actividades, que también hacen parte de dicho acervo cultural, sí son excluidas, expresamente, de la aplicación de las sanciones administrativas y penales previstas en esos cuerpos normativos, a diferencia de lo que ocurre con las peleas de gallos, lo que considera
infringe los artículos 33 y 89 constitucional. Finalmente, alega que la prohibición de realizar peleas de gallos provocará que se dejen de criar gallos de pelea, lo que provocará su extinción, en infracción del citado artículo 89. En cuyo caso, una vez analizados los reproches y alegatos del accionante se constata que la acción en estudio no puede estimarse como un medio razonable para resguardar los
derechos e intereses que se estiman como infringidos, pues, a diferencia de lo que alega el accionante, no son las normas cuestionadas las que introducen la referida prohibición de realizar las peleas de gallos, sino que tal prohibición está contemplada, previamente, en otras disposiciones normativas. En concreto, es el artículo 3 de la Ley de Juegos (Ley No. 3 del 31 de agosto de 1922) el que establece que el “juego de gallos es prohibido”, sea, que prohíbe, per se y de forma específica, las peleas de gallos, como así lo ha interpretado este Tribunal Constitucional (voto No. 3985-96 de las 15:48 hrs. del 07 de agosto de 1996) y la Procuraduría General de la República (ver opinión jurídica No. 064-J del 04 de mayo de 2016). Lo que debe complementarse con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Bienestar de los Animales (Ley No. 7451 del 16 de noviembre de 1994), que prohíbe -en general- “la cría, la hibridación y el adiestramiento de animales con el propósito de aumentar su peligrosidad”, así como que “los responsables de animales de cualquier especie promuevan peleas entre ellos”. De lo que se deriva que la mencionada prohibición de realizar peleas de gallos tiene su expreso y principal sustento normativo en una norma distinta a la alegada por el accionante y que está vigente en Costa Rica desde hace cerca de un siglo (Ley de Juegos). Prohibición que se vino a complementar en 1994, con la promulgación de la citada Ley de Bienestar de los Animales, en razón de lo dispuesto en su artículo 15. Normas que, simplemente, no son impugnadas en la presente acción. Por su parte, la normativa impugnada por el accionante, tan solo vino a complementar tal marco normativo, en tanto regula, esencialmente, el tema de las eventuales sanciones. Esta circunstancia determina el rechazo de plano de la presente acción, dado que, la impugnación de esa normativa no constituye medio razonable de amparar o satisfacer la pretensión final del actor, en el sentido de tener por permitidas o autorizadas las peleas de gallos.

 

Por lo que procede el rechazo de plano de este asunto, como así se dispone.

 

II. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE.

 

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario,
será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

 

POR TANTO

 

Se rechaza de plano la acción.

Ernesto Jinesta L.PRESIDENTE
Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.
Ronald Salazar Murillo

 

Sentencia 2002-08861: Abrogación artículo 21 Ley de Bienestar Animal

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Sentencia: 2002-08861
Expediente: 02-006389-0007-CO
Fecha: 11/09/2002
Hora: 2:39:00 PM
Emitido por: Sala Constitucional

 

Tipo de Sentencia: De Fondo
Redactor: Solano Carrera Luis Fernando
Clase de Asunto: Consulta judicial

 

Texto de la Sentencia

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
San José, a las catorce horas con treinta y nueve minutos del once de setiembre del dos mil dos.

 

Consulta judicial facultativa formulada por el Juez Contravencional y de Menor Cuantía de Coto Brus, mediante resolución de las siete horas cuarenta minutos del quince de julio del dos mil dos, dictada dentro del expediente número 02-500146-441 F.C. que es causa por “Infracción a
la Ley de Juegos
” seguida contra Arnoldo Vargas Madrigal y otros, con respecto a la constitucionalidad del artículo 21 inciso a) de la Ley de Bienestar de los Animales, número 7451 del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.

 

RESULTANDO:

 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las once horas treinta minutos del primero de agosto del dos mil dos, y con fundamento en los artículos 8, inciso 1), de la Ley Orgánica del
Poder Judicial; 2, inciso b); 3, 13, 102 y 104 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, el Juez Consultante solicita a esta Sala que se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo 21
inciso a) de la Ley de Bienestar de los Animales, número 7451 del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, publicada en el diario oficial La Gaceta número 236 del trece de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Afirma que dicha norma podría resultar contraria a los principios de debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad contenidos en el artículo 39 de la Constitución Política, dado que se establece una sanción fija de cuatro salarios mínimos mensuales a quien propicie peleas entre animales de cualquier especie. Estima que la rigidez de la sanción no permite al juzgador graduar la pena con base en la culpabilidad del infractor.

 

2.- Los artículos 9 y 106 de la Ley de esta sede facultan a la Sala para evacuar la consulta en cualquier momento, cuando considere que está suficientemente contestada mediante la simple remisión a su jurisprudencia y precedentes.

 

Redacta el magistrado Solano Carrera; y,

 

CONSIDERANDO:

 

I.- Sobre la admisibilidad. La consulta planteada cumple con los requisitos de admisibilidad que establecen los artículos 102 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Constitucional. En virtud de esa norma, todo juez está legitimado para consultar a la Sala cuando tuviere dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento. En el
caso que se analiza, el Juez Consultante debe aplicar la norma cuestionada al resolver el proceso de faltas y contravenciones tramitado con el número de expediente 02-500146-441 F.C., razón por la cual, mediante resolución fundada, considerando que existen dudas importantes de constitucionalidad, solicita el pronunciamiento al respecto de este Tribunal.

 

II.- Objeto de la consulta. Se consulta el artículo 21 inciso a) de la Ley de Bienestar de los Animales, número 7451 del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro; por considerar que podría ser contrario a los principios de debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad, en virtud de que se establece una sanción fija, que no permite una individualización de la pena, sea, no permite graduar la pena, según la culpabilidad del
infractor. El texto consultado textualmente señala:

 

ARTÍCULO 21.- SUJETOS DE SANCIÓN Y MULTAS. Se
sancionará con una multa equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales, a quien:

 

a) Propicie peleas entre animales de cualquier especie.

 

b) Promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales para aumentar su peligrosidad.

 

También se sancionará, con una multa equivalente a un salario mínimo mensual, a quien:

 

c) Viole las disposiciones sobre experimentación estipuladas en el artículo 10 de esta Ley.

 

d) Realice experimentos con animales, pero no los registre ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

 

e) Mantenga un animal peligroso en condiciones inadecuadas, de modo que se arriesgue la seguridad colectiva.

 

Para los efectos de esta Ley, la denominación “salario mínimo” corresponde al monto equivalente al menor salario que contiene el decreto vigente de salarios mínimos.

 

III.- Inconstitucionalidad de las sanciones fijas: antecedentes jurisprudenciales.

Este Tribunal señaló que la sola existencia de una sanción fija, que no permita al juez individualizar en cada caso concreto, de conformidad con las reglas que establece el artículo 71 del Código Penal, es violatoria del principio de proporcionalidad:

 

La pena, consecuencia necesaria de la falta cometida por un
sujeto penalmente responsable, debe ser adecuada al hecho
antisocial que le sirve de antecedente, es decir, debe haber
proporcionalidad entre delito y pena, adecuación en la que la
gravedad del hecho, los motivos determinantes, la personalidad del
autor y en especial el grado de culpabilidad, tienen marcada
trascendencia. Existen tres clases o niveles de individualización de
la pena: legal, judicial y administrativa. En el plano legislativo,
más que individualización, lo que hace el legislador es fijar
parámetros en cuanto al monto de la pena a imponer y los motivos
de atenuación o agravación de la misma, a los cuales debe adecuar
el juez su actuación. Es el juez quién verdaderamente individualiza
la pena, en la sentencia condenatoria, es él que determina cuál es
la pena justa y equitativa que le corresponde al sujeto en los casos
concretos sometidos a su conocimiento. Las posibilidades de
realizar una acertada individualización judicial de la pena, están
en relación directa con la amplitud del margen de
discrecionalidad, que el legislador le deje a los órganos
jurisdiccionales encargados de aplicar la ley penal a los casos
concretos. Entre más amplio sea ese margen, mayores serán
también las posiblilidades de que el juez pueda adecuar
correctamente la pena a las particularidades del caso y a la
personalidad de los sujetos que debe juzgar. El que exista ese
margen de discrecionalidad para el juzgador, no representa
entonces una violación a los principios constitucionales, sino más
bien una garantía de que la pena se impondrá en forma
individualizada, atendiendo a las características y circunstancias
concretas del caso en particular. Ahora bien, esta aplicación de la
pena, debe hacerse en consonancia con los parámetros
establecidos en el artículo 71 del Código Penal, el que establece:

 

Artículo 71: El Juez, en sentencia motivada, fijará la duración de la pena que debe imponerse de acuerdo con los límites señalados para cada delito, atendiendo a la gravedad del hecho y a la personalidad del partícipe.

 

Para apreciarlos tomará en cuenta:

 

Los aspectos subjetivos y objetivos del hecho punible;

 

La importancia de la lesión o del peligro;

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar;

 

La calidad de los motivos determinantes;

 

Las demás condiciones personales del sujeto activo o de la víctima en la medida en que hayan influido en la comisión del delito; y la conducta del agente posterior al delito.

 

Las características psicológicas, psiquiátricas y sociales, lo mismo que las referentes a educación y antecedentes, serán solicitadas al Instituto de Criminología el cual podrá incluir en su informe cualquier otro aspecto que pueda ser de interés para mejor información del Juez.

 

Es entonces a partir de este artículo que el juez cuenta con determinados parámetros a los que debe circunscribirse para fijar el monto y tipo de la pena a imponer dependiendo de cada caso
en concreto. Sin embargo, para que se pueda hablar de una sana aplicación de lo dispuesto por este numeral, es indispensable que las normas que contienen las sanciones sean claras y le permitan al juzgador moverse dentro de un grupo de sanciones diferentes a aplicar en la medida en que son diferentes las conductas a juzgar; que exista un sistema de graduación de las sanciones con límites mínimos y máximos de pena bien delimitados, que le permitan al juzgador operar dentro de los mismos y que atiendan a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

 

“(\85) Ahora bien, a partir de todo lo dicho anteriormente, en el
caso concreto del artículo 7 de la Ley de Regulación de Horarios
de Funcionamiento en Expendios de Bebidas Alcohólicas, se
observa que la sanción que se establece es una multa fija
equivalente a doce salarios base. Esta norma cuestionada, en
criterio de la Sala, no establece para el juez, la posibilidad de
contar con parámetros claros y precisos para la aplicación de la
sanción toda vez que, por el contrario, el juez se topa con una
norma que tiene una sanción fija, por lo cual deberá imponer una
sanción que consiste en una multa equivalente a doce salarios
base, sin que se contemple en la norma la posibilidad de que el
Juez pueda escoger entre diferentes niveles de multa con lo cual no
existe un margen de escogencia atendiendo a las circunstancias del
hecho concreto que se pretende sancionar. En esta materia debe
tenerse en cuenta que la sanción se relaciona con la actuación que
tuvo el sujeto y en esa medida la sanción que se vaya a imponer,
resultará consecuencia del hecho cometido lo cual presupone la
necesaria exigencia de una valoración razonable y proporcional
entre el hecho cometido, la afectación del bien jurídico que se dio
con la acción atribuida al sujeto activo del ilícito y la sanción con
la cual se pretende castigar la actividad ilícita. Sin embargo, en el
caso concreto, la sanción como pena o castigo es razonable por
cuanto es adecuada para regular y proteger el bien jurídico que se
pretende tutelar, y en esa medida es proporcional por cuanto hay
relación entre el medio escogido y el fin buscado; sin embargo, el
monto fijo en que se traduce la sanción a imponer, resulta ser
irracional y desproporcional en relación con la aplicación
concreta en cada caso en particular. Efectivamente, estima la Sala
que en el caso concreto del artículo 7 cuestionado, el legislador
omitió cumplir con la exigencia de crear leyes garantistas de los
derechos fundamentales y ello es así por cuanto, en materia
sancionatoria, el legislador debe fijar parámetros en cuanto al
monto de la pena a imponer y los motivos de atenuación o
agravación de la misma, a los cuales debe adecuar el juez su
actuación, toda vez que es éste quien verdaderamente individualiza
la pena en la sentencia condenatoria y es quien determina cual es
la pena justa y equitativa que le corresponde al sujeto en los casos
concretos sometidos a su conocimiento, lo que hace a partir de los
elementos que le brinda la norma. Sin embargo, en el caso
concreto, el juez no cuenta con posibilidad alguna de realizar una
acertada individualización de la pena y no puede utilizar su
potestad valorativa por cuanto el legislador no le dejó posibilidad
toda vez que la norma le impone un único monto que se debe
imponer como sanción para el supuesto en que un establecimiento
de bebidas alcohólicas sea encontrado abierto un jueves o viernes
santo. No tiene entonces la norma un margen para que el juzgador
valore cada caso en concreto y así pueda individualizar la sanción
y por ende, no se está en presencia de una norma garantista, sino
por el contrario, de una norma lesiva de los principios de
legalidad, igualdad, proporcionalidad y razonabilidad, así como
también, dependiendo del caso concreto, podría tratarse de una
norma confiscatoria. Desde esta perspectiva, el legislador puede
y debe desarrollar el contenido concreto de las sanciones a
imponer, pero le está vedado hacerlo de manera que la sanción
resulte inoperante en relación con lo que se pretende evitar.
Efectivamente, en el caso concreto, la construcción de la norma
que contiene la sanción, permite que la aplicación en concreto
pueda ser desproporcional en relación con el caso particular del
sujeto activo. A partir de lo dicho se tiene entonces que la sanción
contemplada en el artículo 7 cuestionado, incide directamente en
la capacidad financiera o económica del obligado y ello es
precisamente lo que convierte a esta sanción en desproporcionada
e irrazonable, así como confiscatoria por los efectos que produce
en el patrimonio del infractor. De este modo, al establecerse un
monto fijo, puede ser desproporcionado para algunos de los
sujetos y en esa medida, puede ser confiscatorio por cuanto hay un
exceso en la cuantía prevista por el legislador ya que establece una
multa fija sin graduación alguna ni atenuaciones en atención a las
diferentes circunstancias particulares que se pueden dar en cada
caso concreto y por ello también puede ser lesiva del principio de
igualdad. Así las cosas, si la razonabilidad de una norma jurídica
significa la verificación de la proporción entre el fin querido y la
medida adoptada para lograrlo, en el caso concreto no se estima
que la norma cuestionada tenga un monto de sanción que sea
razonable ni proporcional al fin que se desea proteger en relación
con la actuación cometida; y no es que el problema se encuentre en
la sanción como tal que establece el artículo sino que el problema
está en el monto de la pena a imponer. Probablemente la intención
del Legislador era crear un sistema adecuado tendiente a inducir
un cambio en los hábitos de conducta de los individuos frente a
valores religiosos y electorales como los que se pretenden proteger
con la prohibición sentada en el artículo 3 de la ley de regulación
de horarios de funcionamiento en expendios de bebidas alcohólicas
y para proteger tal finalidad, se pensara en la conveniencia de
imponer una sanción a quienes actuaran en contra de tales
principios; sin embargo, ese fin no está proporcional ni
razonablemente tutelado con el monto fijo de la sanción impuesta
que definitivamente causa un desequilibrio de otros aspectos
cuando se impone su aplicación práctica pues viendo el caso en un
ejemplo en concreto, no es lo mismo sancionar con doce salarios
base a una empresa que produce millones de litros de licor al año
cuyas ganancias son considerables, que sancionar con doce
salarios base a un pequeño comerciante que apenas produce el
dinero suficiente para sobrellevar su negocio. Desde esta
perspectiva, el artículo 3 de la Ley de Regulación de Horarios de
Funcionamiento en Expendios de Bebidas Alcohólicas, no resulta
ser inconstitucional, a diferencia del artículo 7 consultado.

(Sentencia 1999-08015 de las once horas cincuenta y siete minutos del quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve)

 

IV.- Inconstitucionalidad de la norma consultada. Considera la Sala que en el caso de los ilícitos penales, en atención a los fines preventivos y de reinserción social de la consecuencia punitiva y a la naturaleza misma de ésta, que implica en la mayoría de los casos una más grave restricción de derechos e incluso una mayor estigmatización de quien es sometido a su poder coactivo; necesariamente debe preverse la posibilidad de graduar la sanción entre un mínimo y un máximo fijado por el legislador, tomando en consideración que el juez tiene que valorar aspectos tales como la calidad de los motivos determinantes, las condiciones personales del sujeto activo o de la víctima que hubieren influido en la comisión del delito, la conducta del agente posterior al delito, las características psicológicas, psiquiátricas, sociales, educativas, antecedentes, circunstancias agravantes y atenuantes, la consumación o no del ilícito; así como a principios propios del proceso penal, tales como la solución del conflicto en
procura de contribuir la armonía social de sus protagonistas, entre otros. La norma consultada contempla una sanción de multa equivalente a “cuatro salarios mínimos mensuales”, a quien
propicie peleas entre animales de cualquier especie. Esa rigidez de la sanción no permite que el juez pueda individualizar el monto de la multa a imponer, de acuerdo a los parámetros que se indican en el artículo 53 del Código Penal, el cual señala que el importe del día multa se deberá determinar de acuerdo con la situación económica del condenado, atendidos especialmente su caudal, rentas, medios de subsistencia, nivel de gastos u otros elementos de juicio que el Juez considere apropiados. Tampoco podrá valorar los demás elementos y circunstancias particulares que rodearon la comisión del hecho. En consecuencia, con fundamento en todo lo expuesto, considera este Tribunal Constitucional que la norma consultada lesiona los principios de proporcionalidad, razonabilidad y debido proceso, citados por la Autoridad Consultante y además los de igualdad y tipicidad, contenidos en los artículos 33 y 39 de la Constitución Política. En virtud de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, por conexión y consecuencia, también se declaran inconstitucionales, los incisos b) al e) de la misma norma, atendiendo a idénticas razones, dado que se prevé una sanción fija para cada una de las conductas descritas.

 

V.- Conclusión.- Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el artículo 21 de la Ley de Bienestar de los Animales, número 7451 del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, resulta contrario a los principios constitucionales de debido proceso, igualdad, tipicidad, razonabilidad y proporcionalidad. En consecuencia, se anula la norma del ordenamiento jurídico.

 

POR TANTO:

 

Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el artículo 21 de la Ley de Bienestar de los Animales, número 7451 del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, es contrario a los principios de debido proceso, tipicidad, igualdad, razonabilidad y proporcionalidad. En consecuencia, se anula la norma del ordenamiento jurídico o de situaciones jurídicas consolidadas por virtud de sentencia con carácter de cosa juzgada. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese a la Presidencia de la Asamblea Legislativa.

 

Luis Fernando Solano C.PRESIDENTE
Luis Paulino Mora M. Carlos M. Arguedas R.
Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B.
Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L

 

NOTA: Es copia fiel del original – Tomado del Sistema Costarricense de
Información Jurídica el: 30/3/2011 10:33:01 AM