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ASOCIACIÓN COSTARRICENSE ACARA DE RESCATE ANIMAL

CÉDULA JURÍDICA 3-002-623925 

 

RECURSO DE AMPARO

POR VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 28 Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

 

PRESENTADO POR: MARCELA GAMBOA FREER,

en representación de la ASOCIACIÓN COSTARRICENSE
ACARA DE RESCATE ANIMAL

CONTRA: RPM TV MOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUTO
COSTARRICENSE DEL DEPORTE (ICODER), SERVICIO
NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA), MINISTERIO DE
SALUD Y MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

 

A LOS HONORABLES SEÑORES Y SEÑORAS MAGISTRADAS DE LA SALA CUARTA
CONSTITUCIONAL

 

Quien suscribe, MARCELA GAMBOA FREER, EN REPRESENTACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN COSTARRICENSE ACARA DE RESCATE ANIMAL, con cédula de
personería jurídica número tres-cero cero dos-seiscientos veintitres mil novecientos
veinticinco, respetuosamente vengo a manifestar:

 

MANIFESTACIÓN:

 

PRIMERO: Que es ya de público conocimiento por la publicidad emitida en medios de
comunicación masiva, físicos y digitales, la eventual organización de un evento por parte
del sujeto privado aquí recurrido: RPM TV MOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula
jurídica número 3-101-196610, representada por su Presidente Jorge Manrique Mata
Solano, con cédula de identidad número 1 0500 0557, evento que se anuncia denominado
EXTREME AMERICAN RODEO (traducido del idioma inglés como “RODEO EXTREMO
AMERICANO”, a realizarse eventualmente los días seis y siete de setiembre de 2014, en
las instalaciones deportivas del Estadio Nacional de Costa Rica situado en el Parque
Metropolitano de La Sabana, evento que por sus carácterísticas a nivel internacional
consiste en el uso de animales de todo tipo para ser lanzados a un redondel lleno de tierra
y arena en donde son laceados, sujetados, espuelados, agarrados de cuernos y cachos,
montados por vaqueros improvisados, -como el circo conocido y ya espectáculo venido
a menos- de las corridas de toros de turno y que se prestan para la venta subrepticia de
licor y hasta apuestas ilegales, es en suma una actividad que atenta contra la moral y las
buenas costumbres, que puede admitir el INGRESO INDISCRIMINADO DE MENORES
DE EDAD, lo cual prohíbe la Normativa de la Oficina de Censura de Espectáculos
Públicos y las leyes sustantivas de protección a la Niñéz y Adolescencia que son de
interés público y que generan maltrato de animales y peligro a las personas al realizarse
en espacios NO ADECUADOS y que viola no solo el derecho protegido por nuestra
Constitución Política en sus Artículos 28 y 50 de derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, amén que PONE EN PELIGRO instalaciones deportivas y
recreativas no destinadas al mantenimiento, exhibición ni exhibicionismo de animales
como caballos, vacas o toros, amén de que viola la normativa sustantiva penal Artículos
392 inciso 2 del Código de rito.

 

SEGUNDO: Que las actividades programadas son conocidas por provocar peligro en las
personas: en los Estados Unidos de América, una niña de tan solo doce años murió al
caerle encima un caballo, (ver documentación que se adjunta accidentes, riegos y
efectos), se produce también maltrato animal y sufrimiento con esas actividades
programadas por el organizador recurrido. R P M TV MOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA
consistente en el “TEAM ROPING” (LAZAR TOROS O BECERROS EN EQUIPOS O EN
PAREJAS), “CALF ROPING” (LAZO DE BECERROS), y que básicamente lanzan a un
animal a un redondel para ser perseguido de forma brusca y cruel provocando muchas
veces que los animales pierdan control de sus esfínteres y respiración (producción
excesiva de saliva y esputos) ante el alto grado de estrés al que son sometidos, siendo
claramente una manipulación de sometimiento y vejación exhibicionista que nada de
educativo ni deportivo ni recreativo aporta, más que el afán de lucro de sus organizadores,
sirviendose de entes públicos débiles y debilitados para USUFRUCTUAR BIENES
PÚBLICOS CUYO DESTINO Y VOCACIÓN –EVIDENTEMENTE SEÑORAS Y SEÑORES
MAGISTRADOS- ES OTRO.

 

TERCERO: De especial atención merecerá a éste Honorable Tribunal Constitucional el
hecho de que, -de la poca información que pudimos recolectar-, nos encontramos con la
expedita “CARTA DE AUTORIZACIÓN de SENASA” , que se adjunta, dando vía libre a
la realización de éste evento cuando ni espera, ni confirma de ÚLTIMO y no de PRIMERO
que se reúnan los requisitos y o se denieguen los permisos por parte de las instituciones
-sujetas por el PRINCIPIO DE LEGALIDAD- rector ineludible de TODA ACTUACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y de sus entes, cuyo conocimiento -POSTERIOR Y NO
“A PRIORI”- determinaría un mejor criterio para SENASA, cuyo INTERÉS MAYOR es velar
por el bienestar de los animales (¡!) De ahí que nos veamos en la obligación legal de
recurrir también a el INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE (ICODER),
SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA) MINISTERIO DE SALUD Y A LA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ. Señoras y Señores Magistrados: ésta representación
se pregunta con preocupación cuál es el ORDEN LÓGICO JURÍDICO, y -que ésta Sala
puede predisponer en sentencia-, que debe seguir el ESTADO a la hora de autorizar y
denegar permisos de ésta naturaleza en donde el AMBIENTE, bien jurídico superior cuya
tutela aquí se reclama está siendo inaplicado y violado por los entes llamados a
resguardar la ley y no desacatar las resoluciones de ésta Sala Constitucional ? Salvedad
hecha de que bien puede ser esto materia de legalidad recurrible en la vía
correspondiente, no deja por ello de INFORMAR a ésta Sala, acerca de los alcances
propios de la normativa constitucional que pedimos con éste recurso proteger cual son los
derechos constitucionales a la dignidad, la salud y el ambiente.

 

CUARTO: La actidad impugnada es una actividad de costumbres foráneas, y no
afirmamos esto por ridículo chauvinismo, sino por la sencilla razón de que se ejecuta en
estados del medio oeste de la unión américana y comporta vaqueros profesionales y
animales de otras razas y especies e instalaciones extremadamente sofisticadas, por lo
que ésta actividad deviene contraria a nuestro ordenamiento y a la fundamentación de
hechos expuesta y de derecho, como sigue:

 

DERECHO:

 

Atinente a la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en la sentencia número 2002-11429
de las 9:14 horas del 29 de noviembre de 2002, se estableció que en relación al artículo
50 de la Constitución Política, el derecho a un ambiente sano tiene un contenido amplio
que equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida del ser humano, de manera que
desborda los criterios de conservación natural para ubicarse dentro de toda esfera en la
que se desarrolle la persona, sea la familiar, la laboral o la del medio en el cual habita ,
mientras que el derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado es un concepto más
restringido referido a una parte importante de ese entorno en el que se desarrolla el ser
humano, al equilibrio que debe existir entre el avance de la sociedad y la conservación de
los recursos naturales . También se hace énfasis en que el Estado Social de Derecho
produce el fenómeno de incorporación al texto fundamental de una serie de objetivos
políticos de gran relevancia social entre lo que cuales destaca la protección de los
recursos naturales como medio adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de la
sociedad. Precisamente, se señala en la sentencia antedicha, que el Estado debe asumir
un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar
él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los
requerimientos constitucionales. Por consiguiente, el numeral 50 de la Constitución no
contiene una mera protección a la naturaleza y los elementos que tradicionalmente la
componen; en realidad, la jurisprudencia constitucional ha interpretado que la noción de
ambiente sano está referida a todos y cada uno de los ámbitos que comprenden el
desarrollo de la persona, de modo que se debe procurar el mayor bienestar y equilibrio en
cada una de esas esferas; de ahí el carácter general de ese derecho. Por otro lado, el
concepto ambiente ecológicamente equilibrado también abarca al ser humano, porque
estriba en el requerido equilibrio entre el avance de la sociedad y la conservación de los
recursos naturales. Por último, debe enfatizarse en que esta idea de la protección del
ambiente, que se encuentra reconocida en nuestra Constitución, no significa únicamente
un deber de prohibir o impedir toda actividad que atente contra ese derecho, sino también
la obligación de preservar la naturaleza. La preservación significa desarrollar todo tipo de
acciones dirigidas a poner a cubierto anticipadamente este derecho de posibles peligros.
Tales obligaciones de resguardar el ambiente y procurar un ambiente ecológicamente
equilibrado no solo están a cargo del Estado sino que todos los habitantes de la República
tienen el deber de actuar de conformidad.

 

El concepto de ambiente comprende los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire,
el agua, la tierra, la flora y la fauna y, como se indicó, desde el punto de vista
constitucional la ratio iuris de su protección radica en su significación para preservar la
vida y asegurar la supervivencia de futuras generaciones. Precisamente, la Declaración
de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, adoptada en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 16 de junio de 1972, estipula,
dentro de sus proclamas, que:

1. El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le
da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual,
moral, social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana
en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de
la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de
innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos
aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial, son esenciales para
el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales,
incluso el derecho a la vida misma
.

3. El hombre debe hacer constante recapitulación de su experiencia y continuar
descubriendo, inventando, creando y progresando. Hoy en día, la capacidad del
hombre de transformar lo que le rodea, utilizada con discernimiento, puede llevar
a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad de
ennoblecer su existencia. Aplicado errónea o imprudentemente, el mismo poder
puede causar daños incalculables al ser humano y a su medio ambiente. A nuestro
alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño causado por el hombre en
muchas regiones de la tierra, niveles peligrosos de contaminación del agua, del aire,
de la tierra y de los seres vivos; grandes trastornos del equilibrio ecológico de la
biosfera; destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y graves deficiencias,
nocivas para la salud física, mental y social del hombre, en el medio ambiente por
él creado, especialmente en aquel en que vive y trabaja
.

 

El ordenamiento jurídico patrio recoge, mutatis mutandi, esta acepción de la dignidad y la
moral aplicada a las relaciones con los animales, en la medida que la dignidad obliga a
un comportamiento ajustado a una racionalidad ética con respecto al resto de seres vivos,
toda vez que estos forman parte del medio en que se desenvuelve la vida humana.

 

Primeramente, el artículo 28 de la Constitución Política, que reafirma el derecho genérico
a la libertad, a su vez se erige como límite de la misma, en la medida que toda acción que
dañe la moral y el orden público, esto es contrario a la dignidad, constituye motivo válido
para fijar limitaciones a ese bien constitucional. En este contexto, precisamente, el
maltrato a los animales constituye un acto contrario a la dignidad toda vez que el ejercicio
de esta última comporta un deber moral de actuación tanto con respecto a los demás
seres humanos como en relación con el entorno natural que lo rodea. De ahí que se coliga
con facilidad que el maltrato a los animales vulnera la moral, las buenas costumbres y el
orden público, por lo que su prohibición y prevención deviene un asunto de relevancia
constitucional.

 

Acorde con este mandato constitucional, el numeral 385 inciso 2) del Código Penal
sanciona a quien maltratare animales, los molestare o causare su muerte sin necesidad,
o los sometiere a trabajos manifiestamente excesivos. La razón de ser de esa disposición
y su ubicación en el apartado relativo a las contravenciones contra las buenas costumbres
(Libro III Título II del Código Penal) no es otra que resguardar una racionalidad ética, un
parámetro de la conducta humana dentro de la vida en sociedad, porque el maltrato a los
animales implica, en realidad, una lesión a la propia dignidad, bien jurídico tutelado, en la
medida que constituye un modelo de violencia e insensibilidad ajeno a un sano convivir
entre seres humanos y a una relación armoniosa con el entorno natural que nos rodea.

 

Asimismo, la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, Ley número 8495
estatuye:

Artículo 1.- OBJETO. La presente Ley regula la protección de la salud animal, la
salud pública veterinaria y el funcionamiento del Servicio Nacional de Salud Animal
(SENASA)
.

Artículo 2.- OBJETIVOS DE LA LEY. La presente Ley tiene como objetivos: a)
Conservar, promover, proteger y restablecer la salud de los animales, a fin de
procurarles mayor bienestar y productividad, en armonía con el medio ambiente.

Artículo 3.- INTERÉS PÚBLICO. Decláranse de interés público la salud de los
animales domésticos, silvestres, acuáticos y cualesquiera otros;

Artículo 4.- INTERPRETACIÓN DE ESTA LEY. La presente Ley será
interpretada en beneficio de la salud humana, la salud animal y el medio ambiente,
y para la protección de cada uno de ellos. La jurisprudencia, la doctrina y los
principios generales del Derecho servirán para interpretar, integrar y delimitar el
campo de aplicación del ordenamiento escrito, y tendrán el rango de la norma que
interpretan, integran o delimitan. Sin perjuicio de otros principios, se considerarán
los siguientes: el principio precautorio o de cautela, el principio de análisis de
riesgos, el principio de protección de los intereses del consumidor, el principio de
equivalencia
.

 

Con base en lo expuesto, es inobjetable que la protección de la salud animal forma parte
de las funciones del Estado, respecto de lo cual SENASA ostenta una competencia
especial. En particular, el ordinal 6 inciso j) le asigna a SENASA la tarea de controlar y
garantizar la salud de los animales domésticos, acuáticos, silvestres u otros de las diferentes
especies
, mientras que el inciso ñ) le atribuye establecer criterios de autorización de personas
físicas y jurídicas para cada actividad específica, las responsabilidades asumidas y sus limitaciones
.

 

Y por último es evidente que no solo propiamente la violencia, sino que, incluso el estrés
innecesario e intencional que se genera a estos animales en una actividad como la
pretendida, lesiona el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como
la salud humana. Lo anterior, por cuanto estudios realizados demuestran que el estrés
ambiental rompe el equilibrio de un organismo y que como respuesta a este estímulo, se
desencadenan una serie de reacciones de comportamiento y/o fisiológicas con el fin de
adaptarse lo mejor posible a esta nueva situación. Así, en ocasiones si la situación se
convierte en crónica, el animal ya no tiene tanta capacidad para reaccionar y genera
problemas en los procesos de crecimiento reproductivos, osmorreguladores e inmunitarios
que se reflejan a nivel de organismo, población y comunidad.

 

Así las cosas, no solo el animal se ve afectado, sino que este factor de estrés al que se
induce a estos animales intencionalmente, podría producir incluso consecuencias en la
salud de las personas, cuando puedan ser posteriormente sacrificados como alimento. Un
documento de la Organización Mundial para la Alimentación FAO por sus siglas en inglés-
producido por la Oficina Regional para Asia y el Pacífico en el año 2001, denominado
Directrices para el Manejo, Transporte y Sacrificio Humanitario del ganado, señala:

La investigación científica ha demostrado que los animales de sangre caliente
(incluyendo el ganado), sienten dolor y miedo. En particular los mamíferos,
incluyendo los destinados a la producción de alimentos tienen una estructura
cerebral que les permite sentir el temor y el dolor, y es muy probable que sufran
dolor de la misma manera que los humanos. El temor y el dolor son causas muy
importantes de estrés en el ganado, y el estrés afecta a la calidad de la carne. El
dolor generalmente es la consecuencia de una lesión o del maltrato, que a su vez
influye en la calidad de la carne de los animales afectados
.”

 

Cuando los animales están sujetos a condiciones o circunstancias inusuales por las
acciones deliberadas de las personas, es la responsabilidad moral de las personas el
asegurar su bienestar, y evitar que sufran incomodidades, estrés o lesiones innecesarias.

 

El manejo del ganado en forma eficiente, experta y calmada utilizando las técnicas e
instalaciones recomendadas y tomando medidas para evitar el dolor y las lesiones
accidentales, reducirá el estrés en los animales y se evitarán así deficiencias en la calidad
de las carnes y de sus productos derivados.

 

EN CUANTO AL ACCESO DE MENORES DE EDAD A ÉSTAS ACTIVIDADES:

 

El Voto 4620 de ésta Sala afirma consistentemente:

que este tipo de tratamiento a los animales, contraviene igualmente las previsiones
constitucionales respecto del derecho a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, lo cual, tal como ha sido señalado por la jurisprudencia de esta Sala,
tiene incluso repercusiones en la protección de la salud de las personas, quienes se
pueden ver expuestas a riesgos innecesarios derivados de la violación ambiental
señalada. Además de lo anteriormente expuesto, quiero dejar constancia que tomar
a cualquier ser viviente como objeto de juego, burla, risa, o cualquier tipo de
agresión innecesaria violenta profundos principios de todo ser humano como lo son
propiciar la paz, la armonía con la naturaleza y la propia condición de ser y
transmitir dignidad a los demás
.

Convertir en un espectáculo la agresión de un animal, no solo es contrario a la
propia dignidad del ser humano, que sin lugar a duda genera más violencia en el
animal, quien naturalmente activa sus mecanismos de defensa, y entre las personas
ello se manifiesta en una apología a la agresión, lo que no es ni más, ni menos que
un retroceso de la humanidad a la barbarie
.”

 

Ya sabrán las Señoras y Señores Magistrados de esto Honorable Tribunal disponer Según
Su Mejor Criterio lo que corresponda en protección de la Niñéz y la Adolescencia , a
quienes ésta representación acude segura y confiada.

 

PETITORIA:

 

En virtud del mérito de los hechos expuestos y fundamentación derechos analizada, con
todo respeto y siendo la vocación de mi representada la protección animal con arreglo a
la Ley y la Constitución Política de la República de Costa Rica, se DECLARE CON LUGAR
el recurso que hoy interponemos por violación a los derechos constitucionales a la
dignidad, la salud y el ambiente.

 

NOTIFICACIONES:

 

Notifiquese a R P M TV MOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula jurídica número
3-101-196610, representada por su Presidente Jorge Manrique Mata Solano. En Escazú,
Anonos, de Taco Bar, 250 metros al sur y 25 este.

 

Las mías las atenderé con el Autenticante al correo electrónico debidamente autorizado
legalnet@racsa.co.cr

 

 Procésase conforme a derecho.

 

 En la Ciudad de San José, 26 de agosto del año 2014.

 

 

 

MARCELA GAMBOA FREER

 en Representación de la Asociación Costarricense ACARA de Rescate Animal