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Expediente: 17-011098-0007-CO
Resolución: Nº 2017011781

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas cinco minutos del veintiseis de julio de dos mil diecisiete.

 

Acción de inconstitucionalidad promovida por MANUEL ENRIQUE HIDALGO MORERA, mayor, casado, empresario, cédula de identidad No. 1-0638-0129, vecino de Santa Bárbara de Heredia, en su condición de Presidente con representación judicial y extrajudicial de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GALLOS, contra los artículos 15 bis, 21, inciso a) y 21 bis de la Ley de Bienestar de los Animales (Ley No. 7451 del 16 de noviembre de 1994 y sus reformas) y los ordinales 279 quáter, 279 quinquies y 405 ter del Código Penal.

 

RESULTANDO

 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:09 hrs. del 14 de julio de 2017, el accionante solicita que se declaren inconstitucionales los artículos 15 bis, 21, inciso a) y 21 bis de la Ley de Bienestar de los Animales (Ley No. 7451 del 16 de noviembre de 1994 y sus reformas) y los ordinales 279 quáter, 279 quinquies y 405 ter del Código Penal. Alega, al efecto, que el artículo 21, inciso a), de la Ley No. 7451 establece una sanción de multa contra quien:

 

“Con el fin de promover peleas entre animales, promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales para aumentar su peligrosidad.”

 

Afirma que la norma impugnada no contiene excepciones normativas, en relación con actividades culturales propias de nuestra nación y del ser costarricense, como es el caso de las peleas de gallos. Argumenta que dicha norma podría provocar la desaparición de tal actividad cultural, por el desuso en la que caería, ante el temor de las personas de incurrir en sanciones. Indica que el artículo 1 de la Constitución Política establece que Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural, es decir, se reconoce que nuestro país es un país con diversidad cultural y, por lo tanto, el ejercicio de tal diversidad cultural es libre y solo puede ser ejercida por medio de las tradiciones de los pueblos que conforman las distintas culturas del país. Señala que la norma impugnada no solo impide el libre ejercicio de una actividad del pueblo, sino que, además, priva a las futuras generaciones del conocimiento y celebración de esta tradición, lo que cercena su identidad cultural y el sentido de permanencia a la nación. Agrega que la Declaración de México sobre las Políticas Culturales, aprobada en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, celebrada en 1982, dispone que “en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y letras, los modos de vida, los
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”
. Añade que en esa misma Conferencia se afirmó, como principio, que la comunidad internacional considera que es su deber velar por la preservación y la defensa de la identidad cultural de cada pueblo. Manifiesta que la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), celebrada en París, en 1989, acordó que la cultura tradicional y popular forma parte del Patrimonio Universal de la Humanidad y dicha cultura tradicional se define como el “conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, los
ritos, las costumbres, la artesanía, etc.”
. Indica que la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial define la cultura tradicional popular como los “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad…“. Expone, asimismo, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra, en su artículo 22, que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad; además, la Declaración establece, en su numeral 30, que nada en la misma podrá interpretarse en el sentido que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en ese
mismo instrumento internacional. Asegura que en la gran mayoría de países latinoamericanos las peleas de gallos forman parte de sus tradiciones nacionales, por lo que tal actividad no se encuentra penada, ni administrativa ni judicialmente.
Asevera que así ocurre, por ejemplo, en Puerto Rico, Perú, Nicaragua y Panamá, en donde se exceptúa, expresamente, a las peleas de gallos de prohibición o sanción. Sostiene que, en el caso costarricense, alrededor de 1790, las peleas de gallos ya constituían la diversión predilecta de los adultos y, para 1810, ya existían las galleras en Costa Rica. Afirma que la celebración de peleas de gallos es una de las tradiciones que forman parte de la cultura de nuestro pueblo desde hace varios siglos y no fue sino recién en el año 1922 que se prohibieron las apuestas en las peleas de gallos; sin embargo, las peleas de gallos nunca han sido prohibidas en Costa Rica, por lo que tal tradición siguió desarrollándose, de forma ininterrumpida, hasta la prohibición introducida por las normas impugnadas. Indica
que el artículo 89 de la Constitución Política tutela el acervo cultural de la nación, el cual incluye, como uno de sus contenidos esenciales, a las tradiciones. Argumenta que entre las tradiciones tuteladas por el citado artículo 89 se encuentran las peleas de gallos, al ser una de las tradicionesmás arraigadas en el pueblo costarricense. Alega, además, que en el caso de losgallos de pelea, se
promueve y se realiza su cría, exclusivamente, para serutilizados en peleas de gallos, ergo, si tales peleas están prohibidas, dichosanimales se extinguirán, ya que nadie los volverá a criar. Lo que infringe, también, el citado artículo 89 constitucional. Señala que los artículos 21 bis de la Ley de Bienestar de los Animales y 279 quáter, 279 quinquies y 405 ter del Código Penal, infringen -por
omisión- el ordinal 33, en relación con el numeral 89, ambos de la Constitución Política, por cuanto, al establecer las actividades exceptuadas de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley No. 7451 y en el Código Penal, se omite incluir que los empresarios dedicados a la cría de gallos de pelea podrán realizar peleas entre esos animales, así como reproducirlos, exclusivamente, para ese fin. Afirma que esa normativa sí excluye a varias actividades de tales sanciones administrativas y penales, a diferencia de lo que ocurre con las peleas de gallos, a pesar que todas estas actividades se encuentran en la misma situación de hecho, dado que, se trata de actividades que forman parte integrante de las tradiciones costarricenses. Indica que en el caso del artículo 15 bis permite la celebración de espectáculos públicos o privados entre animales, siempre que se cumplan las disposiciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura; sin embargo, tal norma deviene inconstitucional, por sus efectos, pues, en tanto que el artículo 21 bis de la Ley No. 7451 sanciona e impide, implícitamente, las peleas de gallos, se impide toda posibilidad que tal actividad pueda ser considerada como un
espectáculo público o privado por esta norma y, por tanto, tener la posibilidad de seguir realizándose, como ha sucedido desde la Conquista hasta nuestros días. Solicita que, en consecuencia, se acoja la presente acción.

 

2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, el accionante afirma que su representada acciona en defensa de los intereses corporativos y colectivos de sus asociados, es decir, de las personas que se dedican a la actividad de criar gallos de pelea y de los propietarios de los gallineros, en tanto que las normas impugnadas convierten en delito el
ejercicio de tales actividades. Señala que, en consecuencia, su representada se encuentra legitimada conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

 

3.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción
de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y, Considerando:

 

I. DE LA INADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD.

 

El accionante impugna el artículo 21, inciso a), de la Ley de Bienestar de los Animales (Ley N.° 7451 de 16 de noviembre de 1994, reformada mediante Ley N° 9458 del 11 de junio de 2017), en tanto prevé una sanción administrativa de multa de un cuarto a medio salario base -de acuerdo con el artículo 2 de la Ley No. 7337 de 5 de mayo de 1993-, según la gravedad de la infracción, a quien: “Con el fin de promover peleas entre animales, promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales para aumentar su peligrosidad”. Alega el accionante que, con tal norma, se introdujo, implícitamente, la prohibición de realizar peleas de gallos. Cuestiona, además, los artículos 21 bis de la Ley de Bienestar de los Animales y los ordinales 279 quáter, 279 quinquies y 405 ter del Código Penal, en
tanto que en tales numerales se omite contemplar a las peleas de gallos como una actividad excluida de las sanciones administrativas y penales previstas en esos cuerpos normativos. Reclama, finalmente, que el artículo 15 bis de la Ley de Bienestar de los Animales permite los espectáculos públicos o privados con animales, que cumplan con las disposiciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para la protección de las personas y de los animales, por cuanto, alega que no será posible que las peleas de gallos sean considerados como espectáculos públicos o privados, en tanto sea una actividad prohibida por el ordinal 21, inciso a), de ese mismo cuerpo normativo. Argumenta que la normativa impugnada prohíbe realizar peleas de gallos, pese que, tal actividad -según alega- hace parte del acervo cultural del pueblo costarricense, con lo que se infringe el artículo 89 constitucional. Agrega que otras actividades, que también hacen parte de dicho acervo cultural, sí son excluidas, expresamente, de la aplicación de las sanciones administrativas y penales previstas en esos cuerpos normativos, a diferencia de lo que ocurre con las peleas de gallos, lo que considera
infringe los artículos 33 y 89 constitucional. Finalmente, alega que la prohibición de realizar peleas de gallos provocará que se dejen de criar gallos de pelea, lo que provocará su extinción, en infracción del citado artículo 89. En cuyo caso, una vez analizados los reproches y alegatos del accionante se constata que la acción en estudio no puede estimarse como un medio razonable para resguardar los
derechos e intereses que se estiman como infringidos, pues, a diferencia de lo que alega el accionante, no son las normas cuestionadas las que introducen la referida prohibición de realizar las peleas de gallos, sino que tal prohibición está contemplada, previamente, en otras disposiciones normativas. En concreto, es el artículo 3 de la Ley de Juegos (Ley No. 3 del 31 de agosto de 1922) el que establece que el “juego de gallos es prohibido”, sea, que prohíbe, per se y de forma específica, las peleas de gallos, como así lo ha interpretado este Tribunal Constitucional (voto No. 3985-96 de las 15:48 hrs. del 07 de agosto de 1996) y la Procuraduría General de la República (ver opinión jurídica No. 064-J del 04 de mayo de 2016). Lo que debe complementarse con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Bienestar de los Animales (Ley No. 7451 del 16 de noviembre de 1994), que prohíbe -en general- “la cría, la hibridación y el adiestramiento de animales con el propósito de aumentar su peligrosidad”, así como que “los responsables de animales de cualquier especie promuevan peleas entre ellos”. De lo que se deriva que la mencionada prohibición de realizar peleas de gallos tiene su expreso y principal sustento normativo en una norma distinta a la alegada por el accionante y que está vigente en Costa Rica desde hace cerca de un siglo (Ley de Juegos). Prohibición que se vino a complementar en 1994, con la promulgación de la citada Ley de Bienestar de los Animales, en razón de lo dispuesto en su artículo 15. Normas que, simplemente, no son impugnadas en la presente acción. Por su parte, la normativa impugnada por el accionante, tan solo vino a complementar tal marco normativo, en tanto regula, esencialmente, el tema de las eventuales sanciones. Esta circunstancia determina el rechazo de plano de la presente acción, dado que, la impugnación de esa normativa no constituye medio razonable de amparar o satisfacer la pretensión final del actor, en el sentido de tener por permitidas o autorizadas las peleas de gallos.

 

Por lo que procede el rechazo de plano de este asunto, como así se dispone.

 

II. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE.

 

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario,
será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

 

POR TANTO

 

Se rechaza de plano la acción.

Ernesto Jinesta L.PRESIDENTE
Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.
Ronald Salazar Murillo