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¿Son suficientes severas sanciones para evitar el maltrato y la crueldad?

28 - Sep - 2017

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Una ley queda “huérfana” si no se le acompaña de la gestión administrativa y judicial para conseguir su aplicación. Se requiere un sistema de denuncias por maltrato o crueldad animal, 24 x 7, puede ser el mismo 9-1-1. Desde ahí se deben de direccionar las denuncias al órgano administrativo que corresponde, que de acuerdo con los hallazgos, debe articular con el Ministerio Público [1] y el OIJ [2] o derivarlo al Tribunal Administrativo del SENASA.

El Sistema Judicial Costarricense es grande, complejo y garantista [3]. Por ende no es rápido y deja sin sanción a mucho infractor.
Los jueces judiciales o administrativos, deben conocer la materia que juzgan y las sanciones ejecutadas.

Todo esto significa que no basta con aprobar una nueva ley. Se requiere que los distintos órganos involucrados, cuenten con recursos (presupuestarios, materiales y humanos), vocación y capacitación. El PARTIDO ANIMALISTA debe vigilar para que la legislación verdaderamente se aplique. De nada sirven las “leyes muertas”, excepto para que su burla constante, sea una burla para todos. ¡APROBADO! el Proyecto 18.265 [4], [5]

Hace 32 Años …
Desde 1985 el Dr. E. Mayer [6], Presidente de la Comisión de Bienestar y Etología de la Asociación Mundial Veterinaria viene insistiendo de la imperiosa necesidad de incorporar legislación de Bienestar Animal en los marcos legales de los países.
Bajo el fuerte liderazgo del Dr. E. Mayer, la Asamblea General de la Asociación Mundial Veterinaria, realizada en mayo de 1992, estableció la posición en materia de Bienestar Animal. Sus varios postulados abarcan:
necesidades básicas, educación, experimentación, transporte y sacrificio, vida silvestre, y legislación.
EN LEGISLACIÓN se insta a los países miembros, que no tengan leyes adecuadas, a que las organizaciones locales (colegios, asociaciones, etc.) impulsen la legislación de Bienestar Animal necesaria. [7]

Hace 15 Años …
El Proyecto o Expediente N° 18.625 en realidad corresponde a un texto sustitutivo al Proyecto de Iniciativa Popular [8]. Durante varios días e intensas negociaciones de naturaleza política, las distintas fracciones finalmente consensuaron un texto que fue votado de manera unánime, por los 46 diputados presentes en el primer debate y 41 en el segundo debate. [9], [10]
La Ley de Bienestar Animal, N° 7451, del 17 de noviembre de 1994 [11] contemplaba sanciones en su artículo 21 [13]. Pero con la Sentencia N° 2002-08861 de la Sala Constitucional del 11 de setiembre del 2002 se elimina (abroga) el artículo 21 [14] y la Ley de Bienestar Animal queda sin régimen sancionatorio.

Este ENORME vacío en la legislación que protege a los animales no humanos, lleva a tres personas a tratar de resolver el problema:
Yadira Pintor Moreno, Fabián Moya Solano, y Patricia Abadía Rodríguez.
Yadira, Fabián y Patricia se inclinan por presentar un Proyecto de Ley por la vía de la Iniciativa Popular. Una propuesta de gran envergadura. El 21 de mayo del 2012 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) otorga el aval para iniciar la recolecta de firmas. Finalmente con firmas de más del 5% del Padrón Electoral, el 11 de octubre del 2012, cuando concluye por parte del TSE la revisión de firmas, el Proyecto de Iniciativa Popular es enviado a la Asamblea Legislativa.

El Proyecto Original (de Iniciativa Popular) es sustituido por una “mega-moción” que contó con el respaldo de todas las fracciones legislativas y se ajusta a las observaciones de la Sala Constitucional. [15], [16] El texto consensuado entre liberacionistas, libertarios, frenteamplistas y oficialistas, establece un concepto de animal entendido como los seres vivos domésticos y domesticados, o sea, todos aquellos que conviven con el ser humano. Específicamente, la iniciativa establece que los animales domésticos que serían protegidos por esta legislación son aquellos que “por sus características evolutivas y de comportamiento convivan con el ser humano”. En este grupo de seres vivos se incluyen, por ejemplo, perros y gatos, así como animales de granja, como vacas, caballos, ovejas, cerdos, entre otros.

La definición de animales domesticados establece que son aquellos “que mediante el esfuerzo del ser humano han cambiado su condición salvaje”. Además, el nuevo texto fija el castigo a las peleas de animales en un artículo separado, para dejarlo totalmente en claro: “Será sancionado con prisión de tres meses a un año a quien directamente o por interpósita persona organizare, propiciare o ejecutare peleas entre animales de cualquier especie, sin excepción alguna en el territorio nacional”. El contexto legislativo actual, que migró del bi-partidismo a un multi-partidismo, requiere de más diálogo y acuerdos. Esa realidad es todavía más clara en temas como el que nos ocupa, pues los partidos tampoco tiene posición en este ámbito, lo que significa que en la práctica, cada uno de los diputados mantiene y defiende su opinión personal.

Por eso, la estrategia del “todo o nada”, no resulta pragmática. Las posiciones rígidas, intolerantes e innegociables, nos conducirían a obtener “NADA”. Los procesos sociales que ocurren en una circunstancialidad reformista, son más exitosos cuando son graduales. El PARTIDO ANIMALISTA celebra este paso adelante. ¡Una batalla ganada!, no es la última, pero nos permite llenarnos de optimismo para continuar avanzando y acompañando los cambios de paradigma que se relacionan con los derechos de los animales no humanos.

¿Qué falta? Una nueva ley puede ser condenada a convertirse en “letra muerta” si las instancias que deben ponerlas en ejecución, no cuentan con capacitación y recursos humanos, materiales y financieros. Ese es el nuevo reto. Cuando entró en vigencia, con la publicación (La Gaceta N° 120, Alcance N° 152 del 26 de junio del 2017) la Ley N° 9458, fue un “punto y seguido”. Mucho tenemos que aportar en l as necesidades recién creadas. En el camino de la historia costarricense en el ámbito de reconocer en los otros animales, más que cosas, objetos o chunches, encontramos hitos desde el siglo XIX. No debe caber duda alguna, que la Ley N° 9458 (que restituye las sanciones a la Ley de Bienestar Animal, N° 7451) es otro logro de un largo recorrido, veamos:

 

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Notas

[1] El Ministerio Público de Costa Rica fue creado por ley de la República, como institución auxiliar de la administración de justicia, por lo que en la actualidad pertenece al Poder Judicial. En la acción penal prepara la información sumaria previa a la citación del imputado y tiene a su cargo ejercer la acción civil cuando le fuera delegada, cuando el titular sea incapaz de hacer valer sus derechos o no tenga quien lo represente.

 

 

[2] OIJ es el acrónimo del Organismo de Inspección Judicial, un organismo auxiliar asesor y de consulta de los Tribunales de Justicia y del Ministerio Público de Costa Rica en la investigación, descubrimiento y verificación científica de los de los delitos y de sus presuntos responsables.

 

 

[3] El garantismo es una ideología jurídica. Con el principio de presunción de inocencia, establece que “es preferible cien culpables en la calle que un inocente en la cárcel”. El garantismo arranca de la idea presente ya en Locke y en Montesquieu, de que del poder hay que esperar siempre un potencial abuso que es preciso neutralizar haciendo del derecho un sistema de garantías, de límites y vínculos al poder para la tutela de los derechos. Otro postulado básico del garantismo es la separación entre derecho y moral, entre delito y pecado, entre validez y justicia. Rechaza la condena social de alguien antes de ser juzgado, aunque las opiniones sociales, puedan ser “lícitas” y, en ocasiones, favorecidas por la lentitud de la justicia.

[4] “Reformas al Código Penal, Ley No 4573, de 4 de mayo de 1970 y Reformas de la Ley De Bienestar de los Animales, Ley No 7451, de 17 noviembre de 1994”

 

 

[5] El 11 de mayo del 2017, el Plenario Legislativo de Costa Rica aprobó en primer debate y el 1 de junio en segundo (y úlltimo) debate.

 

 

[6] Director General, Institute of Veterinary Clinical and Epidemiological Research, P.O. Box 9610, Haifa, Israel.

 

 

[7] Con este inspirador antecedente, la Profesión Médico Veterinaria Costarricense se puso la camiseta y lideró los cambios que debían de ocurrir en el campo del Bienestar Animal. El Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica hizo lo propio, cabildeando por un tema de baja prioridad política. ¡PERO!, a los tres días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Bienestar de los Animales, No 7451; iniciativa y proyecto presentado y defendido por el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica.

 

 

[8] Ley de Iniciativa Popular, N° 8491 del 9 de marzo de 2006 (Publicado en La Gaceta N° 66 del 3 de abril del 2006).

 

 

[9] La Asamblea Legislativa de Costa Rica la integran 57 diputados y constituyen quórum 38.

 

 

[10] Es necesario resaltar el rol de negociadora de la diputada oficialista, Marcela Guerrero Campos, y del propio Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera (quien incluso durante su campaña política anunció su apoyo a la iniciativa).

 

 

[11] Ver La Gaceta N°263 del 13 de diciembre de 1994.

 

 

[12] “Artículo 21.- SUJETOS DE SANCIÓN Y MULTAS. Se sancionará con una multa equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales, a quien:
a) Propicie peleas entre animales de cualquier especie.
b) Promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales para aumentar su peligrosidad.

 

 

También se sancionará, con una multa equivalente a un salario mínimo mensual, a quien:

c) Viole las disposiciones sobre experimentación estipuladas en el artículo 10 de esta Ley.
d) Realice experimentos con animales, pero no los registre ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
e) Mantenga un animal peligroso en condiciones inadecuadas, de modo que se arriesgue la seguridad colectiva.

Para los efectos de esta Ley, la denominación “salario mínimo” corresponde al monto equivalente al menor salario que contiene el decreto vigente de salarios mínimos.”

[13] El “POR TANTO” de la sentencia dice:
“Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el artículo 21 de la Ley de Bienestar de los Animales, número 7451 del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, es contrario a los principios de debido proceso, tipicidad, igualdad, razonabilidad y
proporcionalidad. […]”

 

 

[14] El Proyecto 18.298, con muchas semejanzas, en cuanto que también venía a subsanar el problema de la falta de régimen sancionatorio de la Ley de Bienestar Animal, N° 7451, fue enviado en dos ocasiones a la Sala Constitucional en consulta facultativa y ésta brindó sus observaciones.

 

 

[15] Con la aprobación del Proyecto 18.625, es posible que el Proyecto 18.298, y la iniciativa de Referéndum, con muchas semejanzas ambos, terminen archivándose por redundantes.

 

 

 

 

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