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Sentencia 2017-011781

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Expediente: 17-011098-0007-CO
Resolución: Nº 2017011781

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas cinco minutos del veintiseis de julio de dos mil diecisiete.

 

Acción de inconstitucionalidad promovida por MANUEL ENRIQUE HIDALGO MORERA, mayor, casado, empresario, cédula de identidad No. 1-0638-0129, vecino de Santa Bárbara de Heredia, en su condición de Presidente con representación judicial y extrajudicial de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GALLOS, contra los artículos 15 bis, 21, inciso a) y 21 bis de la Ley de Bienestar de los Animales (Ley No. 7451 del 16 de noviembre de 1994 y sus reformas) y los ordinales 279 quáter, 279 quinquies y 405 ter del Código Penal.

 

RESULTANDO

 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:09 hrs. del 14 de julio de 2017, el accionante solicita que se declaren inconstitucionales los artículos 15 bis, 21, inciso a) y 21 bis de la Ley de Bienestar de los Animales (Ley No. 7451 del 16 de noviembre de 1994 y sus reformas) y los ordinales 279 quáter, 279 quinquies y 405 ter del Código Penal. Alega, al efecto, que el artículo 21, inciso a), de la Ley No. 7451 establece una sanción de multa contra quien:

 

“Con el fin de promover peleas entre animales, promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales para aumentar su peligrosidad.”

 

Afirma que la norma impugnada no contiene excepciones normativas, en relación con actividades culturales propias de nuestra nación y del ser costarricense, como es el caso de las peleas de gallos. Argumenta que dicha norma podría provocar la desaparición de tal actividad cultural, por el desuso en la que caería, ante el temor de las personas de incurrir en sanciones. Indica que el artículo 1 de la Constitución Política establece que Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural, es decir, se reconoce que nuestro país es un país con diversidad cultural y, por lo tanto, el ejercicio de tal diversidad cultural es libre y solo puede ser ejercida por medio de las tradiciones de los pueblos que conforman las distintas culturas del país. Señala que la norma impugnada no solo impide el libre ejercicio de una actividad del pueblo, sino que, además, priva a las futuras generaciones del conocimiento y celebración de esta tradición, lo que cercena su identidad cultural y el sentido de permanencia a la nación. Agrega que la Declaración de México sobre las Políticas Culturales, aprobada en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, celebrada en 1982, dispone que “en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y letras, los modos de vida, los
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”
. Añade que en esa misma Conferencia se afirmó, como principio, que la comunidad internacional considera que es su deber velar por la preservación y la defensa de la identidad cultural de cada pueblo. Manifiesta que la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), celebrada en París, en 1989, acordó que la cultura tradicional y popular forma parte del Patrimonio Universal de la Humanidad y dicha cultura tradicional se define como el “conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, los
ritos, las costumbres, la artesanía, etc.”
. Indica que la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial define la cultura tradicional popular como los “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad…“. Expone, asimismo, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra, en su artículo 22, que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad; además, la Declaración establece, en su numeral 30, que nada en la misma podrá interpretarse en el sentido que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en ese
mismo instrumento internacional. Asegura que en la gran mayoría de países latinoamericanos las peleas de gallos forman parte de sus tradiciones nacionales, por lo que tal actividad no se encuentra penada, ni administrativa ni judicialmente.
Asevera que así ocurre, por ejemplo, en Puerto Rico, Perú, Nicaragua y Panamá, en donde se exceptúa, expresamente, a las peleas de gallos de prohibición o sanción. Sostiene que, en el caso costarricense, alrededor de 1790, las peleas de gallos ya constituían la diversión predilecta de los adultos y, para 1810, ya existían las galleras en Costa Rica. Afirma que la celebración de peleas de gallos es una de las tradiciones que forman parte de la cultura de nuestro pueblo desde hace varios siglos y no fue sino recién en el año 1922 que se prohibieron las apuestas en las peleas de gallos; sin embargo, las peleas de gallos nunca han sido prohibidas en Costa Rica, por lo que tal tradición siguió desarrollándose, de forma ininterrumpida, hasta la prohibición introducida por las normas impugnadas. Indica
que el artículo 89 de la Constitución Política tutela el acervo cultural de la nación, el cual incluye, como uno de sus contenidos esenciales, a las tradiciones. Argumenta que entre las tradiciones tuteladas por el citado artículo 89 se encuentran las peleas de gallos, al ser una de las tradicionesmás arraigadas en el pueblo costarricense. Alega, además, que en el caso de losgallos de pelea, se
promueve y se realiza su cría, exclusivamente, para serutilizados en peleas de gallos, ergo, si tales peleas están prohibidas, dichosanimales se extinguirán, ya que nadie los volverá a criar. Lo que infringe, también, el citado artículo 89 constitucional. Señala que los artículos 21 bis de la Ley de Bienestar de los Animales y 279 quáter, 279 quinquies y 405 ter del Código Penal, infringen -por
omisión- el ordinal 33, en relación con el numeral 89, ambos de la Constitución Política, por cuanto, al establecer las actividades exceptuadas de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley No. 7451 y en el Código Penal, se omite incluir que los empresarios dedicados a la cría de gallos de pelea podrán realizar peleas entre esos animales, así como reproducirlos, exclusivamente, para ese fin. Afirma que esa normativa sí excluye a varias actividades de tales sanciones administrativas y penales, a diferencia de lo que ocurre con las peleas de gallos, a pesar que todas estas actividades se encuentran en la misma situación de hecho, dado que, se trata de actividades que forman parte integrante de las tradiciones costarricenses. Indica que en el caso del artículo 15 bis permite la celebración de espectáculos públicos o privados entre animales, siempre que se cumplan las disposiciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura; sin embargo, tal norma deviene inconstitucional, por sus efectos, pues, en tanto que el artículo 21 bis de la Ley No. 7451 sanciona e impide, implícitamente, las peleas de gallos, se impide toda posibilidad que tal actividad pueda ser considerada como un
espectáculo público o privado por esta norma y, por tanto, tener la posibilidad de seguir realizándose, como ha sucedido desde la Conquista hasta nuestros días. Solicita que, en consecuencia, se acoja la presente acción.

 

2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, el accionante afirma que su representada acciona en defensa de los intereses corporativos y colectivos de sus asociados, es decir, de las personas que se dedican a la actividad de criar gallos de pelea y de los propietarios de los gallineros, en tanto que las normas impugnadas convierten en delito el
ejercicio de tales actividades. Señala que, en consecuencia, su representada se encuentra legitimada conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

 

3.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción
de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y, Considerando:

 

I. DE LA INADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD.

 

El accionante impugna el artículo 21, inciso a), de la Ley de Bienestar de los Animales (Ley N.° 7451 de 16 de noviembre de 1994, reformada mediante Ley N° 9458 del 11 de junio de 2017), en tanto prevé una sanción administrativa de multa de un cuarto a medio salario base -de acuerdo con el artículo 2 de la Ley No. 7337 de 5 de mayo de 1993-, según la gravedad de la infracción, a quien: “Con el fin de promover peleas entre animales, promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales para aumentar su peligrosidad”. Alega el accionante que, con tal norma, se introdujo, implícitamente, la prohibición de realizar peleas de gallos. Cuestiona, además, los artículos 21 bis de la Ley de Bienestar de los Animales y los ordinales 279 quáter, 279 quinquies y 405 ter del Código Penal, en
tanto que en tales numerales se omite contemplar a las peleas de gallos como una actividad excluida de las sanciones administrativas y penales previstas en esos cuerpos normativos. Reclama, finalmente, que el artículo 15 bis de la Ley de Bienestar de los Animales permite los espectáculos públicos o privados con animales, que cumplan con las disposiciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para la protección de las personas y de los animales, por cuanto, alega que no será posible que las peleas de gallos sean considerados como espectáculos públicos o privados, en tanto sea una actividad prohibida por el ordinal 21, inciso a), de ese mismo cuerpo normativo. Argumenta que la normativa impugnada prohíbe realizar peleas de gallos, pese que, tal actividad -según alega- hace parte del acervo cultural del pueblo costarricense, con lo que se infringe el artículo 89 constitucional. Agrega que otras actividades, que también hacen parte de dicho acervo cultural, sí son excluidas, expresamente, de la aplicación de las sanciones administrativas y penales previstas en esos cuerpos normativos, a diferencia de lo que ocurre con las peleas de gallos, lo que considera
infringe los artículos 33 y 89 constitucional. Finalmente, alega que la prohibición de realizar peleas de gallos provocará que se dejen de criar gallos de pelea, lo que provocará su extinción, en infracción del citado artículo 89. En cuyo caso, una vez analizados los reproches y alegatos del accionante se constata que la acción en estudio no puede estimarse como un medio razonable para resguardar los
derechos e intereses que se estiman como infringidos, pues, a diferencia de lo que alega el accionante, no son las normas cuestionadas las que introducen la referida prohibición de realizar las peleas de gallos, sino que tal prohibición está contemplada, previamente, en otras disposiciones normativas. En concreto, es el artículo 3 de la Ley de Juegos (Ley No. 3 del 31 de agosto de 1922) el que establece que el “juego de gallos es prohibido”, sea, que prohíbe, per se y de forma específica, las peleas de gallos, como así lo ha interpretado este Tribunal Constitucional (voto No. 3985-96 de las 15:48 hrs. del 07 de agosto de 1996) y la Procuraduría General de la República (ver opinión jurídica No. 064-J del 04 de mayo de 2016). Lo que debe complementarse con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Bienestar de los Animales (Ley No. 7451 del 16 de noviembre de 1994), que prohíbe -en general- “la cría, la hibridación y el adiestramiento de animales con el propósito de aumentar su peligrosidad”, así como que “los responsables de animales de cualquier especie promuevan peleas entre ellos”. De lo que se deriva que la mencionada prohibición de realizar peleas de gallos tiene su expreso y principal sustento normativo en una norma distinta a la alegada por el accionante y que está vigente en Costa Rica desde hace cerca de un siglo (Ley de Juegos). Prohibición que se vino a complementar en 1994, con la promulgación de la citada Ley de Bienestar de los Animales, en razón de lo dispuesto en su artículo 15. Normas que, simplemente, no son impugnadas en la presente acción. Por su parte, la normativa impugnada por el accionante, tan solo vino a complementar tal marco normativo, en tanto regula, esencialmente, el tema de las eventuales sanciones. Esta circunstancia determina el rechazo de plano de la presente acción, dado que, la impugnación de esa normativa no constituye medio razonable de amparar o satisfacer la pretensión final del actor, en el sentido de tener por permitidas o autorizadas las peleas de gallos.

 

Por lo que procede el rechazo de plano de este asunto, como así se dispone.

 

II. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE.

 

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario,
será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

 

POR TANTO

 

Se rechaza de plano la acción.

Ernesto Jinesta L.PRESIDENTE
Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.
Ronald Salazar Murillo

 

Sentencia 2002-08861: Abrogación artículo 21 Ley de Bienestar Animal

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Sentencia: 2002-08861
Expediente: 02-006389-0007-CO
Fecha: 11/09/2002
Hora: 2:39:00 PM
Emitido por: Sala Constitucional

 

Tipo de Sentencia: De Fondo
Redactor: Solano Carrera Luis Fernando
Clase de Asunto: Consulta judicial

 

Texto de la Sentencia

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
San José, a las catorce horas con treinta y nueve minutos del once de setiembre del dos mil dos.

 

Consulta judicial facultativa formulada por el Juez Contravencional y de Menor Cuantía de Coto Brus, mediante resolución de las siete horas cuarenta minutos del quince de julio del dos mil dos, dictada dentro del expediente número 02-500146-441 F.C. que es causa por “Infracción a
la Ley de Juegos
” seguida contra Arnoldo Vargas Madrigal y otros, con respecto a la constitucionalidad del artículo 21 inciso a) de la Ley de Bienestar de los Animales, número 7451 del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.

 

RESULTANDO:

 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las once horas treinta minutos del primero de agosto del dos mil dos, y con fundamento en los artículos 8, inciso 1), de la Ley Orgánica del
Poder Judicial; 2, inciso b); 3, 13, 102 y 104 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, el Juez Consultante solicita a esta Sala que se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo 21
inciso a) de la Ley de Bienestar de los Animales, número 7451 del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, publicada en el diario oficial La Gaceta número 236 del trece de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Afirma que dicha norma podría resultar contraria a los principios de debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad contenidos en el artículo 39 de la Constitución Política, dado que se establece una sanción fija de cuatro salarios mínimos mensuales a quien propicie peleas entre animales de cualquier especie. Estima que la rigidez de la sanción no permite al juzgador graduar la pena con base en la culpabilidad del infractor.

 

2.- Los artículos 9 y 106 de la Ley de esta sede facultan a la Sala para evacuar la consulta en cualquier momento, cuando considere que está suficientemente contestada mediante la simple remisión a su jurisprudencia y precedentes.

 

Redacta el magistrado Solano Carrera; y,

 

CONSIDERANDO:

 

I.- Sobre la admisibilidad. La consulta planteada cumple con los requisitos de admisibilidad que establecen los artículos 102 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Constitucional. En virtud de esa norma, todo juez está legitimado para consultar a la Sala cuando tuviere dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento. En el
caso que se analiza, el Juez Consultante debe aplicar la norma cuestionada al resolver el proceso de faltas y contravenciones tramitado con el número de expediente 02-500146-441 F.C., razón por la cual, mediante resolución fundada, considerando que existen dudas importantes de constitucionalidad, solicita el pronunciamiento al respecto de este Tribunal.

 

II.- Objeto de la consulta. Se consulta el artículo 21 inciso a) de la Ley de Bienestar de los Animales, número 7451 del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro; por considerar que podría ser contrario a los principios de debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad, en virtud de que se establece una sanción fija, que no permite una individualización de la pena, sea, no permite graduar la pena, según la culpabilidad del
infractor. El texto consultado textualmente señala:

 

ARTÍCULO 21.- SUJETOS DE SANCIÓN Y MULTAS. Se
sancionará con una multa equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales, a quien:

 

a) Propicie peleas entre animales de cualquier especie.

 

b) Promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales para aumentar su peligrosidad.

 

También se sancionará, con una multa equivalente a un salario mínimo mensual, a quien:

 

c) Viole las disposiciones sobre experimentación estipuladas en el artículo 10 de esta Ley.

 

d) Realice experimentos con animales, pero no los registre ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

 

e) Mantenga un animal peligroso en condiciones inadecuadas, de modo que se arriesgue la seguridad colectiva.

 

Para los efectos de esta Ley, la denominación “salario mínimo” corresponde al monto equivalente al menor salario que contiene el decreto vigente de salarios mínimos.

 

III.- Inconstitucionalidad de las sanciones fijas: antecedentes jurisprudenciales.

Este Tribunal señaló que la sola existencia de una sanción fija, que no permita al juez individualizar en cada caso concreto, de conformidad con las reglas que establece el artículo 71 del Código Penal, es violatoria del principio de proporcionalidad:

 

La pena, consecuencia necesaria de la falta cometida por un
sujeto penalmente responsable, debe ser adecuada al hecho
antisocial que le sirve de antecedente, es decir, debe haber
proporcionalidad entre delito y pena, adecuación en la que la
gravedad del hecho, los motivos determinantes, la personalidad del
autor y en especial el grado de culpabilidad, tienen marcada
trascendencia. Existen tres clases o niveles de individualización de
la pena: legal, judicial y administrativa. En el plano legislativo,
más que individualización, lo que hace el legislador es fijar
parámetros en cuanto al monto de la pena a imponer y los motivos
de atenuación o agravación de la misma, a los cuales debe adecuar
el juez su actuación. Es el juez quién verdaderamente individualiza
la pena, en la sentencia condenatoria, es él que determina cuál es
la pena justa y equitativa que le corresponde al sujeto en los casos
concretos sometidos a su conocimiento. Las posibilidades de
realizar una acertada individualización judicial de la pena, están
en relación directa con la amplitud del margen de
discrecionalidad, que el legislador le deje a los órganos
jurisdiccionales encargados de aplicar la ley penal a los casos
concretos. Entre más amplio sea ese margen, mayores serán
también las posiblilidades de que el juez pueda adecuar
correctamente la pena a las particularidades del caso y a la
personalidad de los sujetos que debe juzgar. El que exista ese
margen de discrecionalidad para el juzgador, no representa
entonces una violación a los principios constitucionales, sino más
bien una garantía de que la pena se impondrá en forma
individualizada, atendiendo a las características y circunstancias
concretas del caso en particular. Ahora bien, esta aplicación de la
pena, debe hacerse en consonancia con los parámetros
establecidos en el artículo 71 del Código Penal, el que establece:

 

Artículo 71: El Juez, en sentencia motivada, fijará la duración de la pena que debe imponerse de acuerdo con los límites señalados para cada delito, atendiendo a la gravedad del hecho y a la personalidad del partícipe.

 

Para apreciarlos tomará en cuenta:

 

Los aspectos subjetivos y objetivos del hecho punible;

 

La importancia de la lesión o del peligro;

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar;

 

La calidad de los motivos determinantes;

 

Las demás condiciones personales del sujeto activo o de la víctima en la medida en que hayan influido en la comisión del delito; y la conducta del agente posterior al delito.

 

Las características psicológicas, psiquiátricas y sociales, lo mismo que las referentes a educación y antecedentes, serán solicitadas al Instituto de Criminología el cual podrá incluir en su informe cualquier otro aspecto que pueda ser de interés para mejor información del Juez.

 

Es entonces a partir de este artículo que el juez cuenta con determinados parámetros a los que debe circunscribirse para fijar el monto y tipo de la pena a imponer dependiendo de cada caso
en concreto. Sin embargo, para que se pueda hablar de una sana aplicación de lo dispuesto por este numeral, es indispensable que las normas que contienen las sanciones sean claras y le permitan al juzgador moverse dentro de un grupo de sanciones diferentes a aplicar en la medida en que son diferentes las conductas a juzgar; que exista un sistema de graduación de las sanciones con límites mínimos y máximos de pena bien delimitados, que le permitan al juzgador operar dentro de los mismos y que atiendan a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

 

“(\85) Ahora bien, a partir de todo lo dicho anteriormente, en el
caso concreto del artículo 7 de la Ley de Regulación de Horarios
de Funcionamiento en Expendios de Bebidas Alcohólicas, se
observa que la sanción que se establece es una multa fija
equivalente a doce salarios base. Esta norma cuestionada, en
criterio de la Sala, no establece para el juez, la posibilidad de
contar con parámetros claros y precisos para la aplicación de la
sanción toda vez que, por el contrario, el juez se topa con una
norma que tiene una sanción fija, por lo cual deberá imponer una
sanción que consiste en una multa equivalente a doce salarios
base, sin que se contemple en la norma la posibilidad de que el
Juez pueda escoger entre diferentes niveles de multa con lo cual no
existe un margen de escogencia atendiendo a las circunstancias del
hecho concreto que se pretende sancionar. En esta materia debe
tenerse en cuenta que la sanción se relaciona con la actuación que
tuvo el sujeto y en esa medida la sanción que se vaya a imponer,
resultará consecuencia del hecho cometido lo cual presupone la
necesaria exigencia de una valoración razonable y proporcional
entre el hecho cometido, la afectación del bien jurídico que se dio
con la acción atribuida al sujeto activo del ilícito y la sanción con
la cual se pretende castigar la actividad ilícita. Sin embargo, en el
caso concreto, la sanción como pena o castigo es razonable por
cuanto es adecuada para regular y proteger el bien jurídico que se
pretende tutelar, y en esa medida es proporcional por cuanto hay
relación entre el medio escogido y el fin buscado; sin embargo, el
monto fijo en que se traduce la sanción a imponer, resulta ser
irracional y desproporcional en relación con la aplicación
concreta en cada caso en particular. Efectivamente, estima la Sala
que en el caso concreto del artículo 7 cuestionado, el legislador
omitió cumplir con la exigencia de crear leyes garantistas de los
derechos fundamentales y ello es así por cuanto, en materia
sancionatoria, el legislador debe fijar parámetros en cuanto al
monto de la pena a imponer y los motivos de atenuación o
agravación de la misma, a los cuales debe adecuar el juez su
actuación, toda vez que es éste quien verdaderamente individualiza
la pena en la sentencia condenatoria y es quien determina cual es
la pena justa y equitativa que le corresponde al sujeto en los casos
concretos sometidos a su conocimiento, lo que hace a partir de los
elementos que le brinda la norma. Sin embargo, en el caso
concreto, el juez no cuenta con posibilidad alguna de realizar una
acertada individualización de la pena y no puede utilizar su
potestad valorativa por cuanto el legislador no le dejó posibilidad
toda vez que la norma le impone un único monto que se debe
imponer como sanción para el supuesto en que un establecimiento
de bebidas alcohólicas sea encontrado abierto un jueves o viernes
santo. No tiene entonces la norma un margen para que el juzgador
valore cada caso en concreto y así pueda individualizar la sanción
y por ende, no se está en presencia de una norma garantista, sino
por el contrario, de una norma lesiva de los principios de
legalidad, igualdad, proporcionalidad y razonabilidad, así como
también, dependiendo del caso concreto, podría tratarse de una
norma confiscatoria. Desde esta perspectiva, el legislador puede
y debe desarrollar el contenido concreto de las sanciones a
imponer, pero le está vedado hacerlo de manera que la sanción
resulte inoperante en relación con lo que se pretende evitar.
Efectivamente, en el caso concreto, la construcción de la norma
que contiene la sanción, permite que la aplicación en concreto
pueda ser desproporcional en relación con el caso particular del
sujeto activo. A partir de lo dicho se tiene entonces que la sanción
contemplada en el artículo 7 cuestionado, incide directamente en
la capacidad financiera o económica del obligado y ello es
precisamente lo que convierte a esta sanción en desproporcionada
e irrazonable, así como confiscatoria por los efectos que produce
en el patrimonio del infractor. De este modo, al establecerse un
monto fijo, puede ser desproporcionado para algunos de los
sujetos y en esa medida, puede ser confiscatorio por cuanto hay un
exceso en la cuantía prevista por el legislador ya que establece una
multa fija sin graduación alguna ni atenuaciones en atención a las
diferentes circunstancias particulares que se pueden dar en cada
caso concreto y por ello también puede ser lesiva del principio de
igualdad. Así las cosas, si la razonabilidad de una norma jurídica
significa la verificación de la proporción entre el fin querido y la
medida adoptada para lograrlo, en el caso concreto no se estima
que la norma cuestionada tenga un monto de sanción que sea
razonable ni proporcional al fin que se desea proteger en relación
con la actuación cometida; y no es que el problema se encuentre en
la sanción como tal que establece el artículo sino que el problema
está en el monto de la pena a imponer. Probablemente la intención
del Legislador era crear un sistema adecuado tendiente a inducir
un cambio en los hábitos de conducta de los individuos frente a
valores religiosos y electorales como los que se pretenden proteger
con la prohibición sentada en el artículo 3 de la ley de regulación
de horarios de funcionamiento en expendios de bebidas alcohólicas
y para proteger tal finalidad, se pensara en la conveniencia de
imponer una sanción a quienes actuaran en contra de tales
principios; sin embargo, ese fin no está proporcional ni
razonablemente tutelado con el monto fijo de la sanción impuesta
que definitivamente causa un desequilibrio de otros aspectos
cuando se impone su aplicación práctica pues viendo el caso en un
ejemplo en concreto, no es lo mismo sancionar con doce salarios
base a una empresa que produce millones de litros de licor al año
cuyas ganancias son considerables, que sancionar con doce
salarios base a un pequeño comerciante que apenas produce el
dinero suficiente para sobrellevar su negocio. Desde esta
perspectiva, el artículo 3 de la Ley de Regulación de Horarios de
Funcionamiento en Expendios de Bebidas Alcohólicas, no resulta
ser inconstitucional, a diferencia del artículo 7 consultado.

(Sentencia 1999-08015 de las once horas cincuenta y siete minutos del quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve)

 

IV.- Inconstitucionalidad de la norma consultada. Considera la Sala que en el caso de los ilícitos penales, en atención a los fines preventivos y de reinserción social de la consecuencia punitiva y a la naturaleza misma de ésta, que implica en la mayoría de los casos una más grave restricción de derechos e incluso una mayor estigmatización de quien es sometido a su poder coactivo; necesariamente debe preverse la posibilidad de graduar la sanción entre un mínimo y un máximo fijado por el legislador, tomando en consideración que el juez tiene que valorar aspectos tales como la calidad de los motivos determinantes, las condiciones personales del sujeto activo o de la víctima que hubieren influido en la comisión del delito, la conducta del agente posterior al delito, las características psicológicas, psiquiátricas, sociales, educativas, antecedentes, circunstancias agravantes y atenuantes, la consumación o no del ilícito; así como a principios propios del proceso penal, tales como la solución del conflicto en
procura de contribuir la armonía social de sus protagonistas, entre otros. La norma consultada contempla una sanción de multa equivalente a “cuatro salarios mínimos mensuales”, a quien
propicie peleas entre animales de cualquier especie. Esa rigidez de la sanción no permite que el juez pueda individualizar el monto de la multa a imponer, de acuerdo a los parámetros que se indican en el artículo 53 del Código Penal, el cual señala que el importe del día multa se deberá determinar de acuerdo con la situación económica del condenado, atendidos especialmente su caudal, rentas, medios de subsistencia, nivel de gastos u otros elementos de juicio que el Juez considere apropiados. Tampoco podrá valorar los demás elementos y circunstancias particulares que rodearon la comisión del hecho. En consecuencia, con fundamento en todo lo expuesto, considera este Tribunal Constitucional que la norma consultada lesiona los principios de proporcionalidad, razonabilidad y debido proceso, citados por la Autoridad Consultante y además los de igualdad y tipicidad, contenidos en los artículos 33 y 39 de la Constitución Política. En virtud de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, por conexión y consecuencia, también se declaran inconstitucionales, los incisos b) al e) de la misma norma, atendiendo a idénticas razones, dado que se prevé una sanción fija para cada una de las conductas descritas.

 

V.- Conclusión.- Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el artículo 21 de la Ley de Bienestar de los Animales, número 7451 del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, resulta contrario a los principios constitucionales de debido proceso, igualdad, tipicidad, razonabilidad y proporcionalidad. En consecuencia, se anula la norma del ordenamiento jurídico.

 

POR TANTO:

 

Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el artículo 21 de la Ley de Bienestar de los Animales, número 7451 del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, es contrario a los principios de debido proceso, tipicidad, igualdad, razonabilidad y proporcionalidad. En consecuencia, se anula la norma del ordenamiento jurídico o de situaciones jurídicas consolidadas por virtud de sentencia con carácter de cosa juzgada. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese a la Presidencia de la Asamblea Legislativa.

 

Luis Fernando Solano C.PRESIDENTE
Luis Paulino Mora M. Carlos M. Arguedas R.
Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B.
Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L

 

NOTA: Es copia fiel del original – Tomado del Sistema Costarricense de
Información Jurídica el: 30/3/2011 10:33:01 AM

 

Resolución TPASS 2012-039

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Servicio Nacional de Salud Animal

Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador 

 

EXPEDIENTE SENASA-TPASS-010-2012

R E S O L U C I Ó N SENASA-TPASS- 039-2012

 

Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).- Heredia, a las nueve horas con seis minutos del día veintiocho de setiembre de dos mil doce.

 

Conoce este Tribunal del procedimiento administrativo iniciado contra el señor XXX, mayor de edad, vecino de XXX, con cédula de identidad número xxxxx; por la supuesta matanza de una perra, estrangulada y macheteada, violentando así toda la normativa sobre
Bienestar Animal.

 

RESULTANDO

 

I. Que mediante oficio No. SENASA-DG-AJ-198-2012, se trasladó a
conocimiento de este Tribunal, por parte de la Asesoría Jurídica de SENASA,
la denuncia presentada por la doctora Ileana Céspedes en su condición de
Coordinadora del Programa de Bienestar Animal, contra dicho señor, por los
supuestos hechos: haber sacrificado a una perra estrangulándola y
macheteándola. Infringiendo así la normativa relativa a Bienestar Animal: Ley
General del Servicio Nacional de Salud Animal, número 8495; Ley de
Bienestar de los Animales, Decreto Ejecutivo 31626, Reglamento para la
Reproducción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía. (Ver folios
019 y 020 del expediente administrativo).-
II. Que según los documentos que consta en el expediente levantado al efecto,
los hechos que dan origen a la denuncia son los siguientes:
 

a)

Que se recibe en la Asesoría Jurídica del SENASA información de la
Policía de Proximidad de San Isidro, Delta 54, Región 4, informe No.
0052551-12, constando de dos folios, detallando que el 10 de junio de
2012, hora consignada 14:30, en lugar conocido como XXX de Heredia,
exactamente del XXX cincuenta metros al este, donde se consigna
como imputado el señor XXX, mayor, estado civil desconocido, con
cédula de identidad No. 0-0000-0000, con 65 años de edad, vecino de
XXX de Heredia donde se refiere que dicho individuo “mató un perro en
su propiedad estrangulándolo con un cable eléctrico y posteriormente
clavándolo un puñal y causando la muerte
”, consignando como testigo a la
señora XXX, mayor, estudiante, estado civil desconocido, con cédula
de identidad No.0-0000-0000 vecina de XXX de Heredia, exactamente
doscientos metros al este y setenta y cinco al sur, casa tipo chalet,
muro con hiedra.
 

b)

Que el once de junio de 2012, a la 11:30, se recibe denuncia sanitaria
en SENASA, en el Programa de Bienestar Animal, Pequeñas Especies
en quince folios, que comprende un anexo de 11 fotografías, el oficio
RGI-000-0000 donde consta testimonio de la señora XXX, de calidades
referidas, donde narra los hechos, extractando textualmente de su
declaración que : …”escuché el llamado de mis vecinos indicándome que
observara como el señor XXX estrangulaba y mataba a su perrita con un cable
eléctrico, golpeaba con una pieza de madera su cuerpo y cabeza, para luego
introducirle un puñal en su cabeza del lado de su oreja derecha, la perrita se
quejaba intensamente de dolor, sin importar la presencia de varios niños y
vecinos que lo observaban
.”… y de acuerdo a su declaración los hechos
fueron cometidos delante de los vecinos donde había niños,
posteriormente busca esconderse donde es encontrado por los mismos
vecinos, hasta que llega la Policía de Proximidad de San Isidro que
procede al arresto.
  c) Que para el presente caso consta en el expediente el informe Policial
de la Policía de Proximidad de San Isidro de Heredia No. 000000-12, el
oficio RGI-000-0000 del Programa de Bienestar Animal, Pequeñas
Especies, que comprende un anexo de 11 fotografías, y la presentación
de la denuncia sanitaria y la sumaria de los hechos realizada por la
Asesoría Legal del SENASA.

 

CONSIDERANDO

III. Que ante los hechos denunciados y las posibles contravenciones en que se
incurrió; este Tribunal en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley
General del Servicio Nacional de Salud Animal, número 8495, adicionada
mediante Ley de Control de Ganado Bovino, Prevención y Sanción de su
Robo, Hurto y Receptación, número 8799, ordenó mediante resolución No.
TPASS-000-0000 el inicio de un procedimiento ordinario administrativo contra
el supuesto responsable, con el fin de determinar la verdad real de lo
sucedido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 214 y siguientes de la
Ley General de la Administración Pública, número 6227, citando a una
comparecencia oral y privada para el día 21 de agosto del 2012 a las 9 horas.
(Folios 25 y 26 del expediente administrativo).
IV. Que el día 21 de agosto de 2012 se realizó la audiencia oral y privada con la
ausencia del señor XXX, la cual fue grabada y cuya transcripción consta en el
expediente. (Folios 32) En dicha audiencia se recibió el testimonio de la
testigo XXX, cédula 0-0000-0000.
V. Que en los procedimientos se han respetado las prescripciones y los
procedimientos de ley.

 

 

PRIMERO. Hechos probados.
  Se tienen por probados los siguientes hechos de importancia para
el dictado de presente resolución de este asunto.
  Que en
Distrito XXX, Cantón XXX,
Provincia de
Heredia, exactamente del
XXX, se
ubica una finca donde vive el señor XXX, cuya vecina es la señora
XXX. En este sentido ver informe policial de folios 16 y 17 del
expediente administrativo, y declaración de la testigo XXX a folio 32.
Que el día domingo 10 de junio de 2012, a eso de las 14:30 horas,
en la finca antes indicada, el señor XXX, quién se encontraba en
aparente estado de embriaguez, colgó del cuello a una perra adulta
sin raza, para ello utilizó un alambre de una extensión eléctrica, y
mientras el animal se ahogaba lo apuñaló hasta darle muerte, varios
vecinos, niños y adultos, fueron testigos del hecho.
  Que en la Comparecencia Oral y Privada la testigo XXX ratificó los
hechos antes descritos.

SEGUNDO.

Fundamento Legal.
  En cuanto a la legislación aplicable al caso concreto, se tiene en
primer lugar la Ley Bienestar de los Animales, la cual en su artículo
3 establece:
  Artículo 3.- Condiciones básicas. Las condiciones básicas para el
bienestar de los animales son las siguientes: …”c) muerte provocada sin
dolor y de ser posible bajo supervisión profesional
.”…
  Por su parte la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal,
número 8495, en sus artículos 45, en relación con el artículo 78
incisos r) y t) y 80 inciso b) del mismo cuerpo normativo dicen:
  Artículo 45.— Bienestar animal. Los propietarios o encargados de un
animal estarán en la obligación de proporcionarle bienestar para
conservarlo en buenas condiciones de salud, y deberán respetar las normas
legales, técnicas, éticas y profesionales vigentes.
  Artículo 78.— Infracciones. Infringen la presente Ley, los siguientes:
  r) Quienes no procuren el bienestar animal, de acuerdo con las
normas legales, técnicas, éticas y profesionales vigentes
.
  t) Quienes incurran en la violación de cualquier disposición de la
presente Ley.
  Artículo 80.— Sanciones administrativas. “Las infracciones
señaladas en el artículo 78 de esta Ley, serán sancionadas con
multa de uno a cinco salarios base de un profesional licenciado
universitario
.
  b) Para los incisos c), d), e), f), g), j), k), l), m), o), p), q), r), s), t) y u),
de siete a cincuenta salarios base de un profesional licenciado
universitario.
TERCERO. Sobre el fondo.
  Sobre el fondo. Una vez resueltos cuales son los hechos probados
y el derecho aplicable es posible concluir que el señor XXX
conocido como XXX, de manera consiente y sin justificación alguna
le provocó la muerte a un canino de forma dolorosa y sin
misericordia alguna, no contó con asesoría veterinaria y lo hizo de
forma que le provocara el mayor sufrimiento para el animal, con
dicha acción infringió la normativa referente al Bienestar de los
Animales por lo que es procedente imponerle una sanción
administrativa de multa.
  Dichas acciones encuadran con la conducta prevista en el citado
artículo 78 incisos r) y t) de la Ley 8495
, y considerando que se
trata de una conducta totalmente injustificada, lo procedente es que
este Tribunal imponga una multa de cinco salarios base, esto es la
suma de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
DOS MIL CIENTO TRECE COLONES CON SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS (¢ 2.572.113,
75)
.

 

POR TANTO

 

Con base en las competencias y atribuciones dadas por los artículos 99, 100, 101,
102, 103 y 104 de la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, número
8495, por los hechos probados y fundamentos de derecho antes indicados, se
condena al señor XXX, cédula xxxxxx al pago de cinco salarios base de un
profesional licenciado por haber infringido la normativa sobre Bienestar Animal
incisos r) y t) del artículo 78 de la citada Ley 8495.
Para estos efectos, deberá en un plazo máximo de ocho días hábiles, realizar la
cancelación de la multa respectiva a través de depósito bancario en cualquiera de
las siguientes cuentas bancarias:
BANCO NO. CUENTA MONEDA NOMBRE CUENTA CLIENTE
Banco de Costa
Rica
001-262585-7 COLONES SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL 15201001026258572
Banco Nacional 100-01-061-000890-1 COLONES SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL 15106110010008909
Banco Popular y de
Desarrollo Comunal
161-010-089-1-019474-1 COLONES SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL 16101008910194741
Banco Crédito
Agrícola de Cartago
105519621 COLONES SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL 15302001055196219

 

Se le advierte a la parte que la presente resolución puede ser recurrida mediante la
interposición de los recursos ordinarios de revocatoria ante esta instancia y de
apelación ante la señora Ministra de Agricultura y Ganadería, en el plazo de los tres
días siguientes a la última notificación que se realice de este acto, según lo
dispuesto en los artículos 342 y siguientes de la Ley General de la Administración
Pública. Remítanse los autos a conocimiento del Ministerio Público. ES TODO.

 

NOTIFÍQUESE.-

 

Dr. Oscar Johanning Mora

PRESIDENTE

Licda. Alejandra Bolaños Retana Lic. Eduardo Dall´Anesse Ruíz
Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador

SENASA

 

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